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El Gobierno ha aplicado las sanciones contra Omar Arturo Zabala Padilla, alias "Lucas Gualdrón"; Vlaudin Rodrigo Vega, alias "Carlos Vlaudin", y María Remedios García Albert, alias "Soraya" o "Irene", esta última presunta responsable de las Farc en España.
La medida se basa en una ley que contempla sanciones financieras a personas u organizaciones narcotraficantes, indicó el Gobierno, que agregó que ésta es la séptima acción de EE.UU. contra la guerrilla colombiana en los últimos 12 meses.
Los tres representantes sancionados son "miembros clave" de la Comisión Internacional de las Farc, considerada un grupo terrorista por Estados Unidos.
"Como representantes de las Farc e integrantes de su Comisión Internacional, estas personas tratan de reclutar miembros y conseguir apoyo y protección para las actividades de las Farc en el tráfico de narcóticos y el terrorismo", explicó el Departamento del Tesoro.
En concreto, precisó, Zabala Padilla es el responsable de la guerrilla colombiana en Francia, Italia y Suiza, y dirige "casi el 80 por ciento de las actividades de las Farc en Europa", lo que incluye contactos con otros grupos terroristas y acuerdos armamentísticos.
Vega, por su parte, representa a las Farc en Australia, mientras que García Albert actuaba en España y fue detenida el 26 de julio de 2008 en España por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista.
Un día después, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó a "Irene" o "Soraya" en libertad bajo fianza de 12.000 euros (18.800 dólares).
El juez consideró acreditado que, al menos desde 2000, había mantenido una relación fluida, mediante correo electrónico, con uno de los líderes principales de las Farc, Luis Edgar Devia Silva, alias "Raúl Reyes", fallecido el primero de marzo en un ataque del Ejército colombiano, así como con el representante internacional de la organización, Ovidio Salinas Pérez, alias "Juan Antonio Rojas".
Las sanciones, emitidas por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en sus siglas en inglés) suponen la congelación de activos que las personas designadas tienen en compañías estadounidenses y prohíbe cualquier transacción financiera o comercial entre ciudadanos o empresas estadounidenses con estos individuos. Hasta la fecha, el Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a 77 individuos y 10 entidades por su apoyo a las Farc.
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