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El amor de Maritza Isabel Hernández por su hijo, Ender José Hernández, no tiene fronteras. En 2006, cuando le avisaron que el joven artesano había desaparecido en Valledupar (Cesar), recorrió toda la costa Caribe hasta llegar a Venezuela, donde nunca obtuvo respuestas. Luego de suplicar a la Fiscalía, le avisaron que se trataba de un supuesto criminal muerto en combate. Mentira. Con el tiempo, un reconocido excapitán del Ejército aceptó cargos por homicidio y, ahora, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar ordenó una reparación para la familia de la víctima.
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“Él salió de aquí de Valledupar y no vino más. Yo supe que se lo habían llevado unos tipos, pero no supe más de él. Yo hasta vendí todo para buscar a mi hijo y después me apareció muerto. En 2006, yo me fui para Caracolí a vender arequipe. Hice mi trabajo siempre así porque así críe mis hijos. Yo hago arequipe, galletas, tortas. Esa vez me fui a vender arequipe, vine al día siguiente a Valledupar, era 14 de agosto de 2006. Mi mamá me dijo: ‘hija tu hijo se fue no sé con quién’. Yo le respondí: ‘Aja y como así’. Me respondió: ‘No sé, él se fue y no apareció más’”, explicó Hernández a la Fiscalía dentro del proceso penal por el homicidio del artesano.
En el expediente administrativo, Hernández ha dicho que su hijo realizaba jarrones para florero y de ello dependía gran parte del sustento para la familia. Ganaba alrededor de un salario mínimo para 2006, lo cual no era mucho, pero significaba lo suficiente. Nueve años después de la desaparición del joven, una investigadora de la Fiscalía le comentó que había sido reportado por el Ejército, como un criminal acribillado el 16 de agosto de 2006 en la finca El Cafetal. La historia oficial contaba que el Ejército lo mató, durante operaciones institucionales, en La Guajira, junto a otras cuatro personas.
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La Fiscalía no se quedó con esa hipótesis y en enero de 2018 acusó al excapitán del Ejército Guillermo Armando Gordillo. Se trata de un antiguo miembro de la criticada 17 Brigada, la cual en expedientes de Justicia y Paz es mencionada como colaboradora de paramilitares en el Urabá antioqueño. La acción de la Fiscalía pronto tuvo sus frutos, pues el mismo Gordillo aceptó cargos por el delito de homicidio en persona protegida, dadas las muertes irregulares de los cinco jóvenes de quienes se dijo eran criminales. Sin embargo, aún no se dicta sentencia contra Gordillo.
En conclusión, el Juzgado Segundo consideró que todos los caminos conducen al fenómeno de los falsos positivos. “Las pruebas del proceso penal son contundentes de una conducta irregular del Ejército Nacional, por cuanto dan cuenta de que miembros de la institución impactaron con proyectiles de arma de fuego en la humanidad del mencionado ciudadano, sin que fuera parte de grupo ilegal alguno. Máxime, cuando existió confesión por parte del imputado Guillermo Armando Gordillo Sánchez quien se acogió a sentencia anticipada”, consideró.
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No obstante, el Ejército Nacional, en representación del Estado, se opuso a las demandas de Hernández, la cual fue reparada al igual que sus otros hijos. Se defendió explicando que la muerte del artesano fueron consecuencia de una respuesta legítima del Estado, en desarrollo de una orden de operaciones. Y el Ejército está amparado por la Constitución para llevar a cabo ese tipo de ofensivas.
El Juzgado Segundo Administrativo, además, expuso una deuda de la justicia nacional en torno a los falsos positivos. Señaló que la Fiscalía ha acumulado 4.716 denuncias por ejecuciones extrajudiciales, de las cuales solo hay procesos activos en un 30% de los casos. El despacho, sin embargo, no precisó datos teniendo en cuenta que desde 2017 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) conoce de estos crímenes de guerra. Aun así, agregó que hasta 2012, de las más de 4.000 denuncias, únicamente se habían ejecutado 294 sentencias.
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El historial de excapitán Gordillo tampoco lo favorece. En marzo de 2010 fue condenado a 20 años de prisión, por su participación en el crudo homicidio de ocho personas durante la masacre de San José de Apartadó, en 2005. Entonces, fueron asesinados todos los integrantes de dos familias, entre los que había cuatro menores de edad. Más de 100 militares del Ejército patrullaron de la mano con 40 paramilitares del Frente Héroes de Tolová y permitieron una barbarie que la comunidad no olvida.
Recientemente, la JEP declaró a la masacre de San José de Apartadó como un crimen de guerra y de lesa humanidad, por lo cual será investigada a perpetuidad y ninguno de sus investigados quedará libre de acción judicial con el tiempo. “La dignidad humana, la vida, la integridad y la sociabilidad pacífica fueron gravemente ultrajados por motivos políticos que anularon la condición humana de las víctimas”, concluyó la JEP. La familia Hernández, por su parte, recibirá un resarcimiento económico y simbólico, siempre y cuando el Ejército no lleve el caso a segunda instancia.
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