Publicidad

“El acuerdo humanitario no puede ni debe desaparecer”

El 7 de julio de 2007, en la última columna que escribió para El Tiempo -cuatro días antes de su muerte- el ex presidente Alfonso López Michelsen propuso "un canje de concesiones humanitarias por concesiones territoriales", refiriéndose a la negativa del presidente Álvaro Uribe de no ceder en materia territorial ante la guerrilla.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Planteaba allí devolverles la libertad a los secuestrados a cambio de hacer propietarios a los minifundistas, “que podrían desarrollar sus conocimientos agrícolas –así fuera en pequeños cultivos de pancoger–, y permitirían hacer de Colombia un Estado casi suficiente, cuyo consumo per cápita se fijaría como meta el desarrollo nacional”. Se trataba de reducir el problema del conflicto a los términos más elementales y más allá de los debates académicos: una reforma agraria en la que el Estado dejaría de ser el mayor latifundista.

La solución de la guerra y la libertad de los secuestrados en poder de las Farc fueron para López la razón de ser durante sus últimos años de existencia. Creía que el intercambio humanitario era, en esencia, “un imperativo ético para humanizar el conflicto” y, por encima de inamovibles, pensaba que si existía voluntad de pactar ese acuerdo, no habría sino que buscar el lugar y las garantías, “sin prometer asambleas constituyentes, ni obligaciones futuras distintas de las prescritas, en el entendido de que no se está buscando la paz sino el intercambio de cautivos”.

Ideas de avanzada que, según el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, debe retomar hoy el Partido Liberal: “Hay que recoger las banderas del ex presidente en defensa del acuerdo humanitario y que el Gobierno y las Farc superen los inamovibles para lograr un intercambio de secuestrados por guerrilleros presos”.

Esa es una de las principales conclusiones que salieron del foro organizado por la Corporación Darío Echandía, el jueves pasado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se trató de un homenaje al legado del Alfonso López Michelsen y según Gómez Méndez, parte de ese legado tiene que ver con el concepto de que a la guerrilla había que golpearla militarmente para llevarla a un proceso serio de negociación.

Natalia Springer, consultora en el área de justicia transicional y resolución de conflictos, una de las conferencistas, dijo que en un verdadero Estado de derecho lo más importante es la defensa de la vida y “no se puede sacrificar la vida en aras de la seguridad democrática”.

Por su parte, el director del periódico Voz, Carlos Lozano, aseguró que los inamovibles del Gobierno y de las Farc para negociar un acuerdo humanitario “son absurdos” y demuestran que las partes quieren sacarle provecho político al tema. “No creo además que el despeje de Florida y Pradera pueda quebrarle la columna vertebral a la política de seguridad democrática en 45 días”, afirmó, agregando que las dificultades para lograr un acuerdo también tienen que ver con el hecho de que el gobierno Uribe no considere que en Colombia haya un conflicto interno.

El foro contó también con la participación del comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, quien volvió a insistir en la propuesta de establecer una zona de encuentro de 150 kilómetros cuadrados para que delegados del Gobierno y las Farc se reúnan a negociar un acuerdo humanitario. Pero insistió en que esa propuesta no contempla el despeje de Florida y Pradera.

El Comisionado contó que nunca ha recibido una lista de los guerrilleros que las Farc quieren canjear y que las autoridades estiman que los secuestrados objeto de un intercambio son el 0.5% de los 750 que están en su poder desde hace diez años.

El evento en la Tadeo Lozano sirvió también para mirar la guerra desde otro punto de vista. José Fernando Isaza, rector de la universidad,  reveló un estudio que cuestiona los resultados del gasto en seguridad y defensa, que equivalen al 6,5% del Producto Interno Bruto del país. Según explicó, en estos momentos en Colombia hay cinco soldados por cada 1.000 habitantes “y sacar de combate a un guerrillero o un paramilitar le cuesta al Estado casi $1.000 millones”.

Isaza citó cifras del Ministerio de Defensa, según las cuales, entre 2002 y 2007 fueron capturados 27.290 guerrilleros, 9.841 fueron abatidos y 13.333 se desmovilizaron. Eso da un total de 50.464 guerrilleros fuera de combate. Simultáneamente, el Ministerio reportó que en 2007 había 12.499 guerrilleros de las Farc y del Eln frente a los 20.600 que había en 2002.

“La reducción total fue de 8.101 efectivos. Se observa que el número de retirados de la guerrilla es superior al doble de la cifra inicial de combatientes irregulares”, dijo. Isaza sostuvo que “un simple cálculo muestra que de cada 100 subversivos retirados del conflicto, la guerrilla logró en el período 2002-2007, reclutar 84 nuevos combatientes. Lo cual hace surgir dudas sobre la eficiencia de la lucha”.

Al final del evento, todos los asistentes salieron con la sensación de que las ideas del ex presidente López siguen hoy más vigentes que nunca. Una vez dijo que el acuerdo humanitario no tenía contradictores, sino que, al ir a ponerse en vigor, se generaba una controversia política acerca de los términos prácticos de semejante política: “¿en dónde?, ¿cuándo?, ¿por cuánto tiempo?, ¿acerca de qué temas? y otras preguntas semejantes, con las que se rompe cualquier acuerdo”. Pero que, aún así, “el acuerdo humanitario no puede ni debe desaparecer”. Un clamor que se escucha en todos los rincones de Colombia.

Conoce más

Temas recomendados:

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido