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Golosinas Trululu es una empresa colombiana que se dedica a hacer y vender gomas de gelatina o almidón. Las vende de todos los colores y en forma de gusanos, aros, pulpos, tiburones, ositos, murciélagos o cocodrilos. Hace más de 10 años, su plan estratégico para aumentar ventas y llevar los dulces a Venezuela, el Caribe y Centroamérica se enfocó en construir una planta de producción en Cartagena. La ubicación en el puerto no solo hacía más fácil la importación de azúcar a menor precio, sino que descomplicaba el envío de los barcos cargados de dulces. El contrato para lograrlo se firmó en 2007. Pero un cambio en la regulación de la DIAN la tiene hoy en un pleito jurídico del más alto nivel.
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Un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá tiene en sus manos el caso desde el 15 de febrero de 2018. En esa fecha, Trululu presentó una demanda en contra del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la entidad estatal con la que firmó un contrato de estabilidad jurídica en 2007 para el proyecto de la planta en Cartagena. En su recurso jurídico, la empresa de dulces explicó que el Ministerio, en cabeza de la entonces ministra, María Claudia Lacouture, les envió una comunicación en 2016 para citarlos a una audiencia y hablar sobre la terminación anticipada de ese contrato, pues, dijo, la empresa no estaba cumpliendo lo acordado en el papel.
Trululu recibió con sorpresa la comunicación. Para ellos, ni una coma del contrato se estaba incumpliendo, pues el argumento que usó el Ministerio para proponer la terminación simplemente fue una movida que hizo la empresa para salvarla de la quiebra. En la demanda, la compañía explicó que todo comenzó cuando, en noviembre de 2007, solo tres meses después de firmado el contrato, la DIAN emitió una resolución que restringió la importación de azúcar por Cartagena, limitándola al puerto de Buenaventura. “Esto aumentó significativamente su costo de la materia prima, el precio de la venta de los productos y su competitividad”, explicó Trululu.
Con ese cambio de reglas, la empresa se vio obligada a cambiar su logística para subir los números de las pérdidas. Resolvió comprar el azúcar nacional y orientar sus ventas a clientes colombianos, dejando de lado la idea de llegar al Caribe y a Centroamérica. Pero la jugada maestra estuvo en cambiar de lugar la planta que funcionó en la zona franca de La Candelaria, en Cartagena, durante casi ocho años. Manizales fue la nueva locación, por su centralidad frente a la costa norte y el centro del país, y por ser la cuna de la empresa. Trululu le avisó al Ministerio del cambio en mayo de 2015, en busca de que se cambiara el objeto del contrato, pero que siguiera en pie.
El Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio le aclaró a la compañía que el traslado que proponían no era posible. Le explicó que, de hacerlo realidad, se debía firmar un contrato completamente nuevo, pues, además de cambiar el objeto original (el pilar de cualquier negocio), Caldas no era el departamento en el que se habían comprometido a invertir, era Bolívar. Sin embargo, en septiembre de 2015, la empresa empacó maletas y se fue a Manizales. “Era imperiosa la necesidad de cambiar la ubicación de la fábrica: si seguían en Cartagena se terminaba la empresa; si la cambiaban de ubicación llevándola al interior del país era económicamente viable”, le explicó el abogado de Trululu, Enrique José Arboleda, al tribunal de arbitramento.
El jurista agregó: “Nadie está obligado a lo imposible, dice un viejo aforismo, y el Estado no podía obligar a mantener una inversión en un sitio geográfico en el que no era viable; ni los dueños de la empresa estaban obligados a sacrificar su patrimonio”. O se iban de Cartagena o se acababa Trululu: así de simple y de complicada fue la situación. A los meses de haber llegado a Manizales, el propio presidente Juan Manuel Santos visitó la nueva planta, junto con la ministra Lacouture y su viceministro, Daniel Arango, miembro del Comité de Estabilidad Jurídica que había señalado que el cambio de locación requería un nuevo contrato. Un año después, la sorpresiva comunicación del Ministerio llegó a las oficinas de la empresa. Trululu explicó en su demanda que el Estado incumplió el contrato de estabilidad jurídica, que se firmó en 2007 para evitar que cambios normativos posteriores alteren las reglas con las que se sellan contratos con la nación. Para la compañía, no hay duda de que no se ha incumplido nada y que, por el contrario, se han honrado todos los compromisos que se adquirieron con el Gobierno, entre ellos la oferta de 620 empleos directos y 1.860 indirectos. Los árbitros del caso, Luis Hernando Parra Nieto, Adelaida Ángel Zea y Carlos Peláez Arango ya escucharon a Trululu y también los férreos argumentos del Ministerio.
Según esta cartera, el traslado de Cartagena a Manizales rompió por completo con el contrato que firmaron en 2007, pues allí quedó claro que la inversión era en Bolívar. Además, señala el Ministerio, su Comité de Estabilidad Jurídica le explicó a la empresa que no podía hacer el traslado sin firmar otro contrato que dijera, explícitamente, que era Caldas el destinatario de los beneficios de una inversión de este talante. Sobre la resolución de la DIAN, que es la base bajo la cual Trululu argumentó la necesidad de irse de Cartagena, el Ministerio indicó que esa norma no aplicaba para usuarios de la zona franca La Candelaria. Y la empresa de gomitas era una de ellas.
El pleito, además de convocar a una de las empresas más importantes del país y a un brazo clave del Gobierno, ha despertado interés en el círculo cercano del presidente Iván Duque. Fuentes de la Cámara de Comercio de Bogotá señalaron que el mandatario ya dio la orden al Ministerio, que hoy dirige José Manuel Restrepo, de buscar una salida diferente al fallo judicial de los árbitros que definirían si hubo méritos para terminar el contrato, o si Trululu ha cumplido con lo acordado. Por la importancia del pleito arbitral, el procurador asignado, Nelson Lota Rodríguez, ya pidió al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación que se involucren.
No es para menos. De salir perdiendo, el Estado tendría que alistar la chequera para pagar más de $10.000 millones por los perjuicios causados a la empresa por cuenta de este lío jurídico.
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