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El silencio en la alcaldía de Tuluá, en la mañana de este 22 de abril, era palpable, como de costumbre. Un sentimiento colectivo de inseguridad y desesperanza, que se hizo aún más notorio por cuenta del asesinato del concejal Carlos Arturo Londoño y la coordinadora de discapacidad municipal Clarivet Ocampo, el pasado fin de semana, a manos de sicarios en moto. El crimen fue minutos después de la rendición de cuentas de los primeros 100 días de la administración del alcalde Gustavo Vélez, un hombre bajo amenaza y a quien la banda criminal La Inmaculada considera el objetivo de más alto valor con vida.
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“Yo esta mañana llegue aquí a la Alcaldía. Uno siente el ambiente de la gente. Los silencios. Lo que comentan en voz baja. A los 15 minutos de llegar, los reuní a todos y charlé con ellos. Les dije que era natural que tuvieran miedo o impotencia, pero les dije que, quienes vamos a asumir la decisión de intentar rescatar la ciudad, no podíamos desfallecer. No podemos seguir corriendo”, le dijo un alto funcionario de la alcaldía a El Espectador. Pidió el resguardo de su nombre, pues es otro objetivo de La Inmaculada y, justo en este momento, no hay garantías para poner el pecho públicamente.
El alcalde Gustavo Vélez, antes de viajar a Londres (Inglaterra) este lunes, habló con medios de comunicación y señaló directamente a esta banda delincuencial. La misma que durante todo el fin de semana pasado envió mensajes amenazantes a los funcionarios públicos de la actual administración. No les habría bastado con el doble homicidio en plena vía pública y utilizaron los hechos como trofeo de guerra para amedrentar a quienes tienen el poder político de la ciudad. Por ello, y por la muerte del concejal Londoño, el coronel Giovanni Cristancho, comandante de la Policía del Valle, dispuso uniformados para que todos los concejales estén protegidos durante los próximos días.
Antecedentes: A prisión preventiva 21 integrantes de La Inmaculada, banda que delinque en Tuluá
“Carlos Arturo era el primer vicepresidente del Consejo. Él era una de las personas que venían recibiendo amenazas desde el mes de enero. Desafortunadamente, es el segundo concejal asesinado este año”, le dijo el alcalde Vélez a Noticias Caracol. El primero fue Eliecid Vargas, cuya casa fue irrumpida por sicarios que lo asesinaron en la noche del 31 de diciembre del año pasado. Un hombre que, tres meses antes, había exigido seguridad a la anterior secretaría de Gobierno de Tuluá. Además, a principio del 2024, La Inmaculada amenazó públicamente al también concejal Henry Cardona, así como a seis líderes afros de la zona.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sobre el caso de Carlos Arturo Londoño, ofreció una recompensa de $50 millones por información que conduzca a los responsables. Cabe aclarar que uno de los sicarios no logró escapar de la escena del crimen y, herido por la reacción de las autoridades de seguridad, fue trasladado a un centro asistencial. “Este problema que se presentó es tener presionadas a las personas. Eso hace que se responda de esta manera, pero no vamos a ceder en la lucha frontal contra la criminalidad”, dijo Toro en el consejo de seguridad de este pasado fin de semana.
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La fuente consultada para esta publicación agrega: “En estos últimos tres meses hemos logrado la captura de más de 35 personas, pero cuando uno va y mira son muchos menores de edad involucrados en las actividades delictivas de La Inmaculada. Ellos han solicitado diálogo con el gobierno nacional, pero ¿qué se va a negociar con ellos, si ya tienen todo? No van a querer menos de lo que ya tienen. Los gatilleros que utilizan son de 14 años, ¿qué más les vamos a entregar? Si ya están cooptando hasta los hijos de la ciudad. El Gobierno Nacional no nos puede dejar solos”.
El panorama con La Inmaculada, para las autoridades locales, no puede ser peor: extorsionan a comerciantes, al punto de que los obligan a vender un solo producto en ciertos lugares. En otros casos, obligan a comerciantes a vender productos con precios inflados al 350% para recibir réditos del dinero que los tulueños gastan en la canasta básica familiar. Tienen sus propias bodegas en la plaza de mercado principal. Tuvieron cooptado parte del transporte urbano y, de hecho, como lo investigó el periodista acribillado en 2021, Marcos Montalvo, la Secretaría de Tránsito. Ahora, señalan las fuentes de gobierno, tienen el control de hasta siete discotecas.
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Tuluá parece estar en un círculo de golpes de las autoridades y retaliaciones de los criminales. El pasado 13 de abril, fueron enviados a prisión preventiva 21 señalados integrantes de La Inmaculada por extorsiones a productores, intermediarios, mayoristas, comerciantes y usuarios de la plaza de mercado de Tuluá. Están señalados por llamar y enviar mensajes vía celular a las víctimas para obligarlas a pagar determinadas cuotas extorsivas que imponían de acuerdo con el tipo de producto que ofrecían. Quemaron los vehículos que utilizaban para mover la mercancía, atacaron sus negocios y amenazaron para aumentar la intimidación.
Entre los golpes más duros, para las autoridades, están las capturas de los principales líderes de La Inmaculada: Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, preso en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, y Mauricio Marín Silva, alias Nacho, quien permanece en un centro de reclusión transitoria. Sin embargo, las amenazas no cesan. Por ejemplo, a principio de mes, una facción de La Inmaculada conocida como Los Magos, le enviaron un panfleto al coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, con la siguiente frase: “¿Usted cree que nosotros somos sus maletas de viaje, cada que se le dé la gana? Cada vez que mueva uno de nosotros, le vamos a dar a uno de los suyos”, enviaron el pasado 8 de abril.
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Los Magos se refieren a una de las estrategias madre de la Operación Dominó, en la cual el director Gutiérrez va cambiando de prisión a los señalados dinamizadores de la extorsión, entre quienes se encuentra Pipe Tuluá. Con ello, busca sacarlo de su sitio de arraigo y extremar sus medidas de seguridad y vigilancia. No obstante, La Inmaculada respondió asesinando a pocos metros de la cárcel de Buga al dragoneante Leider Romo Rojas, a quien le dispararon con un arma de fuego en la cabeza. Ese mismo día, atentaron contra el dragoneante sobreviviente Nicolás Torres, de la cárcel de Tuluá.
La Inmaculada, que este mes estalló un carro bomba en Tuluá en retaliación por la captura de alias Nacho, asegura tener presencia a nivel nacional y solicita un trato similar, por parte del gobierno, al que están recibiendo el ELN y el denominado Estado Mayor Central de las disidencias FARC. No obstante, el ministro de defensa, Iván Velásquez, les respondió que lo que, si acaso, les pueden ofrecer es un proceso de sometimiento. Entretanto, La Inmaculada sigue amenazando, extorsionando, asesinando y operando con amplia capacidad, a pesar de los golpes que, semanalmente, las autoridades reportan.
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