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El 10 de mayo de 2026, el Día de la Madre, Gloria Rueda despidió por última vez a su hijo, Mateo Pérez. Entre flores amarillas y blancas, la comunidad de Yarumal la acompañó en el sepelio del joven periodista que fue asesinado, al parecer, por el frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, en el municipio de Briceño (Antioquia).
Ella esperaba verlo de nuevo, con vida, luego de que regresara de buscar una historia en la vereda Palmichal sobre la guerra que azota con fuerza a las comunidades del norte del departamento. Pero Mateo no volvió a su casa desde el 5 de mayo y solo pudieron recuperar su cuerpo tres días después, que para Gloria se sintieron como tres siglos de angustia.
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Mateo tenía 25 años y la pasión que carga un periodista con ganas de entender por qué asesinan, desplazan y hostigan a los campesinos que nada tienen que ver con el conflicto armado. Desde su propio medio de comunicación El Confidente de Yarumal, trató de explicar ese fenómeno que durante décadas ha desgastado las plumas de tantos escritores.
Su última misión fue en Briceño. Allá fue asesinado, justo cuando reporteaba los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Ejército. No pudo regresar para plasmar las denuncias de los líderes y lideresas de la región que alertan porque sus comunidades están prácticamente secuestradas: todo se hace con permiso de los armados.
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El abogado Sergio Mesa y el fotoperiodista Jesús Abad Colorado viajaron la semana pasada hasta el lugar con el objetivo de encontrar alguna pista que los dirigiera a Mateo. Pero lo que encontraron fue desgarrador.
Así lo describió Mesa en su cuenta en X: “Duele cada kilómetro cuadrado de este municipio. Me dolió percibir el ambiente de hostilidad y guerra en que debe moverse cada habitante del área urbana y rural. Nadie puede transitar a determinada hora. Nadie habla. Nadie. Actores en el territorio: Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Frente 18 —línea “Mordisco”— y los Frentes 5º y 36 —línea “Calarcá”—. La población civil merece saber qué sucede en las zonas de conflicto”.
El Espectador habló con habitantes de la zona urbana y rural de Briceño, quienes confirmaron que el municipio atraviesa una guerra como nunca. Una situación que describen como algo más grave que los peores episodios de violencia que vivieron en la época del conflicto armado.
“Siendo un municipio del Norte, siempre hemos tenido conflicto, pero ahora se ha agravado porque las confrontaciones han cambiado y el conflicto ha evolucionado. Hay una constante zozobra. Han muerto o asesinado muchísimos jóvenes en el municipio el último año. La guerra se está recrudeciendo en el territorio”, señaló un habitante del casco urbano de ese municipio.
El panorama en la vereda es más desalentador. Un habitante de esa zona denunció que la seguridad no existe y los grupos armados tienen el control absoluto de lo que sucede. “La comunidad tiene miedo porque llega un grupo y da una orden. Luego llega otro y dice que eso no se puede hacer. Yo diría que un 40% de las comunidades ya se han ido. Hay muchas casas solas porque todo el mundo tiene miedo”, explicó.
Asimismo, dijo que el asesinato del joven reportero, Mateo Pérez, aumentó la angustia que venían sintiendo desde hace varios meses. “Después de lo que pasó con Mateo hay más miedo porque lo hicieron prácticamente frente a la comunidad a las 5:30 de la tarde”.
Y agregó que en una de las veredas cercanas ocurrió el asesinato del periodista, a plena luz del día y con los campesinos como testigos. “Dijeron que era un delincuente, pero cuando salió la noticia nos dimos cuenta de que no era de ningún grupo armado. Si hubieran investigado antes de hacerle daño, no lo habrían matado”.
Otro de los pobladores de Briceño también reconoció que el crimen fue un golpe contundente a la comunidad. “Esto ya lleva muchos días malos. Con el joven Mateo pasó algo muy triste y es que lastimosamente no se midieron las consecuencias. Pero su muerte visibiliza más la situación. La población sigue viviendo lo mismo”, dijo.
El control territorial que ejercen los grupos armados
Uno de los habitantes en Briceño le explicó a este diario la situación que atraviesa la comunidad a raíz de los controles y abusos que han instalado los grupos armados ilegales en esa zona del país.
“Hay afectación a la cotidianidad. Nadie quiere romper la ley porque ya sabemos qué pasa. Hay un tipo de toque de queda: después de las seis de la tarde, nadie se puede movilizar. Prueba de eso es un muchacho que se quemó en una vereda, y mientras lo iban sacando para el hospital, lo cogieron a tiros porque se estaba movilizando de noche. Hay un temor constante en la comunidad. Tanto los presidentes de junta como los líderes sociales tienen miedo. Uno intenta caminar lo más derecho posible para no resultar afectado o que lo vinculen con esa gente”, puntualizó.
Para el experto en temas de conflicto armado, Max Yuri Gil, los grupos armados han instalado una especie de Estado paralelo.
“El gobierno y el Estado no han perdido esos territorios, es que nunca los han tenido. La presencia del Estado en Briceño, Campamento o Anorí es absolutamente marginal. A veces tenemos la ilusión de que las guerras han desalojado al Estado, pero al Estado nunca le ha interesado estar. En muchos lugares, estos grupos armados cumplen la función de un protoestado brutal e ilegal que administra la vida de la gente y determina las prácticas de convivencia. Cuando hay una disputa es cuando más sufre la población civil porque cualquiera es sospechoso de ser informante”, explicó.
Briceño atraviesa una disputa por el control territorial entre Clan del Golfo, disidencias de las Farc y fuerza pública, lo que para Gil es el peor escenario para la población civil.
“El control de los grupos armados es del 100%. No tenemos presencia del Estado. La persona que no piense como ellos digan, la matan. Este año han muerto muchos muchachos jóvenes. A veces esos muchachos se meten con ellos y no vuelven a salir, o los tildan de colaboradores de otros grupos. Dicen que hay escuadrones del Ejército, pero nunca llegan a la zona. Se quedan a mitad de camino. No actúan”, denunció otro habitante consultado por este diario, quien agregó que lo que necesitan es que les cumplan con la promesa de seguridad.
“Le pedimos al gobierno que cumpla con la seguridad. Nos prometieron que todas las zonas de cultivos de uso ilícito iban a ser ocupadas por la fuerza pública. Pero hasta ahora la situación es peor de lo que esperábamos. Ha habido desplazamiento de más de mil personas, algo que no se veía desde los tiempos de mayor conflicto. Las prácticas han cambiado: ahora utilizan drones y carreteras, lo que les permite ampliar su acción bélica”, agregó.
El mensaje de denuncia de las comunidades es claro. Ante el recrudecimiento del conflicto armado, que acabó con la vida de un periodista que buscaba escribir una historia y que a diario acaba con la vida de familias y campesinos en el norte de Antioquia, las comunidades piden seguridad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Paulina Mesa Loaiza
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