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El más reciente informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló este lunes que, durante 2022, hubo un crecimiento del 13% con respecto al 2021, es decir, que actualmente en Colombia hay 230.000 hectáreas de cultivos de coca, 26.000 que el año anterior. Ese aumento tiene relación con lo sucedido en Putumayo, el departamento fronterizo con Ecuador, país que ha sufrido durante los últimos años una crisis de seguridad por cuenta de los grupos narcotraficantes ecuatorianos, colombianos y europeos. Incluso, la influencia del crimen organizado colombiano es tal que, en las últimas semanas, fue asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, aparentemente a manos de sicarios colombianos.
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El informe de la ONU, que se convertirá en la única referencia para Colombia a la hora de revisar las hectáreas de coca en Colombia, da detalles de lo que está pasando en la frontera colombo ecuatoriana. Según el documento, mientras la coca en la zona más próxima a la frontera sur de Colombia se duplicó desde 2020, las incautaciones de cocaína en Ecuador pasaron de 88 toneladas en 2019 a 201 toneladas en 2022. Además, Putumayo cuatro municipios del departamento se ubican en el top 10 nacional: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Orito y Puerto Leguízamo
En esta zona fronteriza, afirma el documento los grupos armados en Putumayo (como las disidencias de las FARC de Iván Mordisco e Iván Márquez) fijan precios estándar en áreas o municipios bajo su control, donde se venden productos como pasta base de cocaína, base de cocaína o clorhidrato de cocaína. El valor establecido se ve influenciado por la calidad del producto y su ubicación en áreas estratégicas en la frontera con Ecuador o cerca de rutas de tráfico en el Pacífico. “Llevan a cabo una especie de control para supervisar la producción, asegurándose de que los agricultores cultiven las hectáreas que han informado al grupo armado, actor responsable del control territorial”, dice el documento de 158 páginas conocido por este diario.
Los Grupos armados que operan en el departamento desempeñan un papel crucial en el narcotráfico de la región, advierte la ONU. De acuerdo con entrevistas realizadas a funcionarios de instituciones locales, actores directos y pobladores, estos grupos criminales, ejercen control sobre la producción, transformación, tráfico y comercialización de la cocaína, en toda la región, pero con mayor control dentro de los enclaves. Mediante una serie de regulaciones internas, estos grupos establecen quién tiene derecho a producir, qué áreas de tierra se utilizan, a quién se vende la producción y a qué precio. “Estas reglamentaciones garantizan que la cosecha y sus derivados se vendan exclusivamente a ellos o a los intermediarios designados”, dice la ONU.
Además, ofrecen financiamiento a pequeños productores agrícolas y determinan los precios de adquisición de la oferta. El control impuesto por los grupos armados no es solo administrativo. Es respaldado, afirma el documento, por la amenaza y la ejecución de la violencia. Un análisis de las cifras en la región Putumayo-Caquetá revela que en los municipios afectados por los estratégicos de frontera, los homicidios per cápita muestran un incremento notorio en comparación con otros grupos de municipios. “Este aumento en las tasas de homicidios puede sugerir un uso intensivo de la violencia como herramienta coercitiva, orientada a garantizar la cooperación y el cumplimiento de los protocolos establecidos por estos grupos armados”, advierte el reporte.
Este control violento puede ser percibido por las personas que cultivan coca y otros pobladores como una garantía implícita contra las intervenciones de la fuerza pública, dado que la presencia dominante de los GAI les podría proporcionar una cierta protección para sus cultivos y operaciones. Esto, paradójicamente, incentiva a los PAC a establecer y mantener sus cultivos dentro de estos enclaves. Aunque la ONU logró reportar que existen seis grupo criminales en el departamento, claramente los dos principales organizaciones mafiosas son: el Frente Carolina Ramírez y la Segunda Marquetalia, operando a través de los Comandos de la Frontera, una estructura sui generis que también tiene ingredientes paramilitares.
“Estos dos grupos dominan en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Valle del Guamuez y Orito. Aunque buscan establecer una “legitimidad social” de facto, sus métodos varían. El Carolina Ramírez, más nómada, opera desde campamentos, mientras que los Comandos de la Frontera están más arraigados en las comunidades, ejerciendo un control más directo. Ambos representan formas significativas de vulneración a los derechos de la población, destacando su influencia en el panorama de los enclaves y en la periferia de estos. Además, estos grupos no solo luchan entre sí, eliminando a aquellos que consideran colaboradores del bando contrario, sino que también ejercen acciones de control como retenes ilegales, extorsiones, intimidaciones y amenazas”, denuncia la ONU.
La eterna ausencia del Estado colombiano
En los lugares donde se han establecido y consolidado los enclaves productivos en Putumayo, hay una gran debilidad en las instituciones de los municipios correspondientes. Estas circunstancias, afirma la ONU, favorecen el establecimiento y la continuidad de actividades relacionadas con el cultivo y la transformación de la coca en cocaína. “Esta situación sugiere dos casos desafiantes para la sociedad y el Gobierno. Por un lado, la existencia de una cultura de ilegalidad y, por otro lado, la falta de solidez en las instituciones que permite el delito que afecta zonas legítimamente establecidas junto a las zonas en las que los grupos armados tienen un control amplio”, afirma el documento en poder de este diario.
Y agrega que: “Las estrategias establecidas por los grupos armados, en entornos de fragilidad institucional, pueden influir en la construcción del bienestar, que se define en términos de ingresos, por lo que se crea así una nueva cultura territorial, en la que las estrategias de los grupos armados son la base del concepto de enclaves. Esto implica un replanteamiento de la geografía y también de los temas de informalidad y cultura regional relacionados con la coca, aspectos que contribuyen a la incapacidad de eliminar el riesgo social debido a la falta de un mercado formal. Estas diferencias de actores y estrategias demuestran la relación de los grupos armados en la zona en conexión con el COT (Crimen Organizado Trasnacional), con la representación legal institucional y con la comunidad que participa en actos ilegales”.
El factor Colombia en la crisis de seguridad de Ecuador
Esa conexión trasnacional funciona de la siguiente manera. Las autoridades colombianas señalan que fichas de los grupos criminales, que están en los dos costados de la frontera, usan vehículos con doble fondo, informantes y personal que cuida las cargas en municipios como Puerto Asís y Puerto Leguízamo en Colombia y Puerto El Carmen, Puerto Mestanza y Lago Agrio en Ecuador, donde se pactan las entregas de cocaína con los grupos al margen de la ley ecuatorianos. Entre ellos los Choneros, el principal grupo narcotraficante causante de la crisis de seguridad del vecino país.
Estos últimos acopian los alijos para despacharlos vía marítima hacia Centroamérica para luego ser enviados a Estados Unidos. Sin embargo, la Policía colombiana ya tenía en sus archivos que los integrantes de los Comandos de la Frontera ya habían colaborado esporádicamente para sacar cargamentos de cocaína por esta frontera.”En 2015, fue capturado por la Policía ecuatoriana, en Lago Agrio (Ecuador), Diego Mauricio Mejía Rojas, alias el Paisa, entonces líder de La Constru, quien para ese momento ya teníamos identificado como un hombre que tenía negocios con los frentes 32 y 48 de las Farc”, dice un investigador de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, quien le sigue la pista al lider de La Constru: Giovanny Andrés Rojas, alias Araña.
El asesinato que desató la crisis
La banda criminal más importante en Ecuador y que es responsable de las masacres ocurridas en las cárceles de ese país en los últimos meses son Los Choneros, un grupo criminal que desde los años 90 ha tenido relaciones con el narcotráfico colombiano y el cartel de Sinaloa, siendo la encargada de recibir la cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana y enviarla camuflada por los puertos marítimos, entre ellos el de Guayaquil. La Dijín de la Policía sabe que esta banda también, en menor medida, es integrada por colombianos. En mayo de 2020, fue capturado el ciudadano colombiano denominado por las autoridades Jaime Adolfo Z. V.
Se trata del hombre que coordinaba a cerca de 28 personas que traía los cargamentos de cocaína en Tumaco (Nariño, Colombia) por la frontera con la provincia de Carchi y luego enviada a Guayaquil. Sin embargo, se desconoce qué grupo era el que les proveía por esa ruta. Este no es el único vínculo de Los Choneros con Colombia, pues, en 2013, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, entonces líder de la organización, se fugó de una cárcel en Guayaquil con destino a Colombia. Estuvo tres meses a la fuga y fue recapturado en el centro comercial Bulevar Niza en Bogotá. “Estuvo fugitivo gracias a una red de personas que lo mantuvieron en el anonimato”, dice una fuente de la Dijín que participó en el operativo.
Rasquiña fue recapturado, pero quedó libre en junio de 2020. Seis meses después, fue asesinado a plena luz del día en un centro comercial en Manta (Ecuador). Un asesinato que, según medios locales y autoridades de ambos países, generó la crisis de violencia y carcelaria que vive Ecuador al quedarse Los Choneros sin una cabeza y la ambición de las otras bandas de ganarles terreno en las rutas del narcotráfico. Para combatir esta situación, el presidente Lasso anunció controles de armas y tráfico de drogas, inspecciones y patrullaje las 24 horas del día por parte de la Policía y de manera coordinada con las Fuerzas Militares, medidas que también han sido tomadas por los gobiernos de México y Colombia.
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