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El pasado 19 de febrero, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 oficiales y suboficiales del Ejército, antiguos miembros de la Cuarta Brigada que opera en Antioquia. Dentro del grupo de imputados estuvieron cuatro generales retirados: Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria. Todos ellos, señalados como máximos responsables de promover la política ilegal del body count o “conteo de cuerpos”. Según la JEP, esta práctica generó un patrón macrociminal de ejecuciones extrajudiciales, que solo en Antioquia, dejó entre 2004 y 2007, 442 falsos positivos.
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En la rueda de prensa posterior a la publicación del auto, la magistrada Catalina Díaz declaró que la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe (2002 -2010) no consignaba explícitamente la política de conteo de muertos. “La Política de Seguridad Democrática hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medía en bajas”, fueron las declaraciones de Díaz. Colectivos de derechos humanos no demoraron en hacer réplica de estas palabras, y señalaron que durante el periodo de vigencia de esa política se implementaron normas que incentivaban la contabilización de bajas y premiaban a los militares que las cumplían.
La estrategia del “conteo de cuerpos” tiene sus raíces en la guerra de Vietnam (1954-1975), donde el ejército estadounidense adoptó la medición de bajas enemigas como el principal criterio para evaluar el éxito de sus operaciones. Esta doctrina, conocida como body count, partía de la premisa de que la superioridad militar se reflejaba en la cantidad de enemigos abatidos, más que en el control del territorio o la estabilidad de las regiones en conflicto. La doctrina fue rápidamente cuestionada por sus implicaciones éticas y legales, además de su ineficacia estratégica, ya que, pese a las numerosas bajas infligidas al enemigo, Estados Unidos no logró vencer ni estabilizar Vietnam.
Si bien, es cierto que la Seguridad Democrática, concretamente la Directiva 29 de 2005 —firmada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal—, establecía una tabla de recompensas para los miembros de las Fuerzas Militares que abatieran o capturaran a integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley. No obstante, existían indicios de prácticas similares desde el gobierno de César Gaviria (1990-1994), aunque no como una política de Estado, sino como una táctica implementada por ciertos comandantes en situaciones específicas. Años después, a finales de 2007, el escándalo de los falsos positivos terminó estallando cuando se reveló que jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca) fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.
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Ese mismo año, el relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, visitó Colombia para evaluar la situación y advirtió sobre la necesidad de modificar la política de medición del éxito militar. En sus recomendaciones, señaló que la dependencia excesiva del número de bajas como principal indicador de eficacia incentivaba prácticas ilegales y ponía en riesgo a la población civil. El Ministerio de Defensa, liderado en ese momento por Juan Manuel Santos, tomó medidas para reformar la política, estableciendo que las bajas en combate serían el indicador menos relevante. En su lugar, se daría prioridad a la desmovilización y captura de miembros de grupos armados ilegales.
Santos, quien asumió la Presidencia tras los dos mandatos de Uribe, declaró ante la Comisión de la Verdad que la política del body count se instauró durante la seguridad democrática. Según el exmandatario (2010-2018), al llegar a Mindefensa, el general retirado Álvaro Valencia Tovar le advirtió sobre los riesgos de esta estrategia, que podía degradar el conflicto. “Lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam, pero al mismo tiempo en honor a la verdad tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado”, señaló Santos. En respuesta, el expresidente Uribe aseguró que ni su gobierno ni sus predecesores la implementaron o mencionaron.
En 2022, la Comisión de la Verdad tuvo acceso a documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) el Pentágono y la Administración de Control de Drogas (DEA), los cuales dejaron en evidencia el papel de Estados Unidos en la estrategia de seguridad colombiana. La organización Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) recopiló estos archivos, que fueron utilizados como insumo para el Informe Final de la Comisión. Estos documentos hablaron sobre cómo desde el Plan Colombia, implementado a partir del 2000, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el aumento en el número de guerrilleros muertos era considerado un indicador del éxito militar, una métrica que pudo haber influido en la política del body count.
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El Plan Colombia (2000-2015), aprobado por Estados Unidos con un paquete de ayuda de 1.300 millones de dólares —destinando el 80% al fortalecimiento de la Fuerza Pública y el 20% a la asistencia económica y social—, se convirtió en un eje central de la modernización militar colombiana y un importante insumo de la política de seguridad democrática. Aunque el acuerdo inicialmente buscaba luchar contra el narcotráfico, terminó intensificando la confrontación armada contra la entonces guerrilla de las Farc. De acuerdo con la JEP, en este contexto, la Fuerza Pública perpetró 6.402 falsos positivos, víctimas de la ambición militar que priorizó la acumulación de cadáveres a la dejación de armas.
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