El carrusel de las acusaciones

Su denuncia la hizo pública a través de los micrófonos de RCN Radio y allí, por ejemplo, le ofreció excusas al fiscal Pabón —removido de su cargo en julio de este año— por haberlo grabado subrepticiamente. No obstante, criticó los términos del acuerdo con Julio Gómez, en el que el contratista aceptó los cargos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contrato y peculado por apropiación, y se comprometió a devolver más de $12 mil millones. Botero sostuvo ayer que ese dinero lo pagó la aseguradora y que Julio Gómez sólo entregó $297 millones.

En esencia, Botero señaló que estos controvertidos acuerdos son una burla a la justicia y que, así como van las cosas, muchas de las verdades del escándalo del cartel de la contratación en Bogotá quedarán en la impunidad. Por eso fue enfático en reiterar que se tejieron muchos rumores sobre la salida del fiscal Pabón —quien fue el funcionario que comenzó las investigaciones contra el carrusel, reemplazado por José Ricardo González— y que ya no sabe a quién creerle en este proceso. Y añadió que Julio Gómez es uno de los tres capos del cartel, que el preacuerdo es irrisorio y que está desconcertado con lo que está pasando.

A su turno, entregó varias grabaciones de sus conversaciones privadas con Pabón, en las que éste le reconocía algunas incomodidades que había sentido dentro de la investigación y que estaba preocupado por el manejo de los acuerdos en la Fiscalía. En una de las conversaciones, según Botero, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez se reunió con Germán Pabón dos veces para tratar el tema de Julio Gómez. De la misma manera, en las grabaciones salió a relucir el nombre del excongresista Carlos Alonso Lucio y el fiscal Pabón confesó que temía que fuera removido del cargo, como efectivamente sucedió.

A todo eso se sumó que la Fiscalía también viene considerando establecer un preacuerdo con Emilio Tapia, otro de los contratistas involucrados en el escándalo. La Fiscalía aclaró que para lograr un acuerdo, con Tapia o con cualquier otro, la condición obligatoria es devolver los dineros públicos de los que se hayan apropiado. Con respecto a Tapia, el fiscal del caso José Ricardo González no aceptará ningún acercamiento a menos de que devuelva los $2.500 millones que, a juicio del organismo investigador, es la suma que se habría apropiado ilegalmente como resultado de sus gestiones como lobbista.

Al tiempo que toda esta polémica tenía lugar, los protagonistas del escándalo, los Nule, sostuvieron un fuerte altercado con el juez 36 de conocimiento, quien aplazó la audiencia —ya postergada en varias ocasiones— en la cual la Fiscalía los acusará por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, cohecho y falsedad en documento privado. Miguel Nule le reclamó al juez que se siguiera dando largas a esta diligencia, a pesar de que él, su hermano y su primo llevan más de 200 días detenidos.

El juez, visiblemente molesto, le recalcó que ellos estaban detenidos por causa de la aceptación del cargo de peculado, lo cual ocurrió en marzo pasado, y que esa aceptación había causado la ruptura de la unidad procesal, es decir, que los otros cuatro cargos eran un proceso completamente distinto. “Ustedes deben saberlo desde hace tiempo”, recalcó el juez.