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Martín Ricardo Manjarrez y Yonn Jairo García, fueron llevados ante los estrados judiciales porque, durante 2013, 2014 y el primer semestre de 2015, valiéndose de amistades cercanas a funcionarios públicos, obtuvieron de “manera fraudulenta” contratos con entidades del Estado. Esa es la tesis que maneja la Fiscalía en este caso, en el que además reveló que ambos fungían como representantes legales de la empresa M&M Group S.A, apoderados de Susuki Motor de Colombia y distribuidores autorizados para Colombia de Renault Trucks.
En medio de la diligencia en la que se les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias, salieron a relucir nombres como el de los generales retirados Rodolfo Palomino y Óscar Atehortúa, así como también el del exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Lo que dijo la Fiscalía este viernes es que Manjarres y García les ofrecían a las empresas Toyonorte S.A., Blindex S.A., Armor de Colombia S.A., y Blinsecurity Ltda la creación de uniones temporales para presentar propuestas con algunas entidades del Estado, y para ello, les decían que podían estructurar todo el proyecto, incluyendo los aspectos técnicos y financieros, además de la intermediación, pues, supuestamente ya contaban con la información privada de la entidad pública antes de la publicación de las licitaciones o invitaciones a ofertar. Algo que es completamente ilegal.
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Obtener esa información, a juicio de la Fiscalía, tenía un protocolo que llevaban a cabo Manjarrez y García. “Ofrecían y entregaban dineros a algunos funcionarios para el patrocinio de actividades relacionadas con agasajos y despedidas de oficiales. Arreglaban entrega de regalos como pinturas, anchetas, botellas de whisky, agendas y calendarios. Además, les ofrecían entradas para conciertos de Silvestre Dangond, así como dinero en efectivo a cambio de obtener ayuda de parte de los funcionarios encargados de estructurar las condiciones contractuales y las fichas con las especificaciones técnicas para cumplir con la necesidad de cada entidad.
Esta modalidad, según la Fiscalía, la usaron para concretar alrededor de 12 contratos que se celebraron durante mayo y noviembre de 2014. El objetivo de los negocios, en su mayoría, era la adquisición de vehículos y motos para entidades del Estado. El primer contrato que reprocha el ente acusador se celebró por $3.300 millones entre la dirección de la Policía y M&M Group S.A.
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La intención era adquirir tanquetas blindadas para transportar a miembros de la institución. El segundo convenio se celebró por más de $2.200 millones, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y Susuki Motor de Colombia. En esta ocasión, la compra era motos para los uniformados. El tercer contrato se hizo entre las mismas entidades y con el mismo objeto, pero la motocicletas serían usadas como apoyo a la Fiscalía.
El cuarto contrato se celebró entre la dirección de la Policía y M&M por $128 millones. La finalidad era adquirir motos de cilindraje 150CC. Para junio del mismo año, suscribieron el quinto convenio entre la dirección de la Policía y Susuki Motor por un valor superior a los $6.787 millones por la compra de unos automotores. El sexto convenio tenía como objetivo comprar y trasladar a San Andrés y Providencia dos carros de transporte personal avaluados en $61 millones.
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La Armada, la Policía y el Ejército también tuvieron medios de transporte terrestres y fluviales producto de, según la Fiscalía, convenios irregulares. En esa ocasión, fue el Fondo Rotatorio de la Policía y Susuki Motor los que suscribieron el contrato número siete que reprocha el ente acusador.
Además, la Fiscalía reveló que, entre abril y octubre de 2014, se celebraron otros dos contratos entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unión Temporal Alquiler Solorzano 2012. En este caso, la Fiscalía dijo que el propósito del contrato era de arrendamiento, sin entrar en detalle del producto. Otro convenio que también tenía como objetivo adquirir diversos medios de transporte terrestre para el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía se celebró con la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. (SOFASA S.A) por un valor cercano a los $2.400 millones.
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La Policía de Bogotá, que presta el servicio de seguridad en Transmilenio, también adquirió un equipo automotor, de 1800 a 1300 CC, y paneles de vigilancia. Todo, al parecer, bajo la modalidad de contratación que usaron Manjarrez y García. Ese convenio, según la Fiscalía, se celebró con SOFASA S.A por $311 millones. Por último, en la audiencia de imputación les reprocharon un convenio en el que se adquirieron cuatro camionetas tipo station wagon 4×4 full equipo, diez automóviles tipo sedán y un montacarga con destino a la Fiscalía. El convenio se firmó por $305 millones.
“Ustedes se relacionaban directamente con altos funcionarios de la Policía Nacional, algunos retirados del servicio y otros prestando funciones, tanto en la Dirección Administrativa y Financiera como en el Fondo Rotatorio, entre ellos, el general Oscar Atehortúa Duque, el general Rodolfo Palomino, el coronel Henry Yesid Bello Cubides, el capitán Luis Espinosa, este último manejaba las fichas técnicas de los vehículos que iban a ser adquiridos e, incluso, renunció a la Policía para irse a trabajar con Martín Manjarres”, dijo el fiscal del caso.
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El delegado del búnker también mencionó los nombres de otros oficiales como el del coronel Jorge Palomino, el coronel Juan Francisco Peláez, el intendente José Ovidio García, el coronel Albeiro Ruiz Reyes, director de Bienestar del Fondo Rotatorio, quien, en nombre de la general Luz Marina Bustos Castañeda, le solicitó el financiamiento de unas camisetas para la carrera de la mujer de noviembre de 2014.
“Usted Martín (Manjarres) le ofrece financiar la campaña también le ofrece una moto al coronel Peláez del Fondo Rotatorio y reparte ganancias producto de las contrataciones con el coronel Peláez, con Kobe y M&M Group, igualmente le ofrece al coronel Peláez obsequiarle cascos para motos, le ofrece 30 anchetas (en noviembre de 2014) a los funcionarios del Fondo rotatorio, le paga comisiones al coronel Humberto Alejandro Mesa y al coronel John Carlos Roa, le ofrece motos al coronel Henry Bello, al coronel Retirado John Carlos Roa y al coronel Silva. Todo a cambio de que le favorezcan con las contrataciones presentes y futuras de la Policía, bien sea a través de su Fondo Rotatorio como de la Dirección Administrativa y Financiera”, explicó el fiscal del caso.
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El coronel retirado Peláez se desempeñó también como comandante del departamento de Policía de Cundinamarca y no pudo ascender a general por cuenta de unas investigaciones que se abrieron en su contra, en 2017, por irregularidades en contratación en la adquisición de unos drones. Lo que decía la investigación es que el oficial firmó un contrato por $1.200 millones para la compra de cuatro equipos tecnológicos que tendrían la capacidad de identificar vehículos en fuga, infractores y hasta derrumbes por las vías nacionales.
Retomando el tema por el que Manjarrez y García fueron llevados ante los estrados, la Fiscalía reprocha que las entidades del Estado, especialmente de la fuerza pública, celebraron contratos de manera irregular con las entidades que eran de propiedad de los hoy judicializados. “Ustedes igualmente, se compusieron con los gerentes de cada una de las empresas contratistas, quienes les suministran los vehículos de acuerdo a las necesidades de las entidades, acordando y unificando precios de venta, disminuyendo precios y aumentando precios con el objetivo de eliminar la competencia y la libertad de mercado, asegurando así la contratación”, dijo el fiscal del caso.
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En cuanto a los funcionarios con los que se concertaron en el ente acusador, la Fiscalía dijo que Manjarrez y García mantenían contacto con el Jefe de Transporte, John Henry Porras Quitian, Harold Rodríguez y Luis Lizarazo, quienes les proporcionaban la información referente a los estudios previos y las fichas técnicas, incluso antes de ser publicadas. Con la Unidad Nacional de Protección (UNP), dice la investigación, tenían contacto directo con el exdirector de la entidad, Andrés Villamizar, el secretario general Julián Marulanda, y algunos empleados como Wilson Javier Devia, Ronald Rodríguez, Diana Carolina Rodríguez y Tania Trujillo, quienes les favorecían con la información referente a los contratos. El Espectador se comunicó con el exdirector de la UNP y resaltó que no habría un pronunciamiento hasta que tuviese contacto con la fiscal del caso quien no lo ha notificado sobre el proceso.
Sobre los oficiales y los exdirectores de la Policía, el fiscal no entró en mayor detalle sobre su responsabilidad. No obstante, una vez siga el curso de la investigación, podría definirse si son llamados a rendir alguna versión de lo que saben sobre esa modalidad de contratación irregular. De momento, el general (r) Rodolfo Palomino tiene un proceso judicial pendiente en la Corte Suprema de Justicia por, supuestamente, haber evitado que una fiscal emitiera una orden de captura en contra del ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo.
En cuanto al general (r) Óscar Atehortúa existe una investigación disciplinaria porque hubo irregularidades en la construcción de casas fiscales en San Luis (Tolima). Por estos hechos, la Fiscalía le cerró la indagación que pesaba en su contra.
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