El caso de los 11 sindicalistas

Antes de que se firmara la Ley de Justicia y Paz en el año 2005 y hasta 2008, el bloque Norte de las Auc, al mando de Édgar Fierro, alias Don Antonio, y varios jefes más, asesinaba a diestra y siniestra a sindicalistas del Sena y otras entidades de la Costa Caribe que se dedicaban a elaborar informes sobre cómo los paramilitares se apoderaban de la economía por medio del saqueo de los recursos públicos de la salud y la educación, de las regalías del petróleo y del carbón. Así lo ha venido reseñando en una extensa investigación la ONG Arco Iris, que usando los testimonios de jefes paramilitares desmovilizados en Justicia y Paz, ha ido evidenciando la compleja red criminal que se tejía entre los ‘paras’, el DAS y cooperativas del Caribe.

La investigación  comprende el asesinato de 11 sindicalistas del Sena y entidades de control del Estado que se reunían en la sede Sindesena para conformar grupos de veedores de recursos públicos. Miguel Espinosa, Pedro Pérez Orozco, Alfredo Correa de Andreis, Jesús Caballero, Nelson Cotes, Tomás Serge, Carlos Peralta, Hugo Palacios, Luis Torres, Óscar Santiago y Elías Durán, todos fueron ultimados por el paramilitarismo. Y aunque sus muertes fueron perpetradas en fechas diferentes, tienen en común que sus nombres aparecen como objetivo militar en el computador decomisado a Jorge 40 y haber sido asesinados por supuestos miembros de compañías de seguridad fachada de las Auc.

Según reseña el informe de Arco Iris, el testimonio del entonces jefe paramilitar alias Don Antonio, los hallazgos del computador de Jorge 40 y las declaraciones del llamado ‘ventilador’ del DAS, Rafael García —quien para el momento era el jefe de informática del organismo de inteligencia—, son las pruebas que sustentan que una compañía de seguridad, de la que se desprendía un “escuadrón de la muerte” llamado Masim (Muerte a Sindicalistas), estaba supuestamente financiada por la cooperativa Coolechera, empresa que mantenía a los ‘paras’, según el informe de Arco Iris, a su servicio para quedarse con el mercado lechero en la zona.

De acuerdo con el documento de Arco Iris, el DAS era la fuente que emitía las “listas negras de sindicalistas” que se entregaban a paramilitares para conocer cuáles eran los personajes que estaban obstruyendo el apoderamiento de la economía de la Costa Caribe por parte de las Auc. Y, según contó alias Don Antonio desde la cárcel Modelo de Barranquilla a un fiscal de Justicia y Paz, las listas eran entregadas por el ex funcionario del DAS en el Atlántico Javier Alfredo Valle Anaya, quien luego fue trasladado a la subdirección del DAS en Santa Marta.

La investigación contempla otros testimonios, como el del ex gerente de una de las compañías de seguridad, Jorge Palacio, quien rindió declaraciones a la Fiscalía y se acogió a sentencia anticipada después de que la Policía lo capturara por cargar una pistola que tenía las mismas balas utilizadas para el asesinato de uno de los sindicalistas. Fue entonces cuando, por medio de su testimonio, se logró el aprisionamiento en 2005 de varios de los ‘cerebros’ del escuadrón de la muerte Masim, como el ex gerente de Coolechera Manuel Combariza, el ex director del Hospital Materno Infantil de Soledad Saulo Aristizábal y el ex gerente de una de las empresas de seguridad, Teófilo Rey.

Informes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría reseñaban el riesgo y las amenazas permanentes que sufrían los sindicalistas asesinados. Muestra, según Arco Iris, de “la negligencia del Estado” de tomar acciones que favorecieran la seguridad de los funcionarios. Además, aunque desde octubre de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “había solicitado medidas de protección para los amenazados”, nunca se hizo nada por protegerlos.

Así se reseña el caso del sindicalista Jesús Caballero, entonces subgerente del Fondo de Empleados del Sena y para quien se solicitó protección al director seccional de Fiscalías el 9 de junio de 2008. Caballero fue asesinado el 16 de abril de 2009 sin que ninguna medida fuera tomada.

 Al respecto, delegados pertenecientes a la Confederación Sindical Internacional que participaron en el Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Sindicalismo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, indicaron que se debe construir una agenda de “diálogo social entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores para la superación de la violencia, la impunidad y la reparación  del sindicalismo”. “Se debe hacer un esfuerzo para superar la situación actual creando condiciones mejores para el ejercicio de las libertades democráticas y sindicales y para el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de todos los trabajadores”, indicaron los sindicalistas.