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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio apertura oficialmente al macrocaso número 11, el cual investigará y sancionará la violencia sexual y de género perpetrada durante el conflicto armado por miembros de la guerrilla de las FARC y de las Fuerzas Militares y de Policía. La investigación preliminar da cuenta de patrones de sometimiento a la mujer por su condición y la utilización de su cuerpo como arma de guerra. Quienes tienen orientaciones sexuales diversas, fueron victimizados al ser considerados “sucios”, y fueron víctimas de una carrera militar y guerrillera por perpetuar las reglas de la “masculinidad guerrera” incrustada en la sociedad.
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El camino no fue fácil. Las organizaciones de víctimas presentaron centenares de informes que fueron estudiados por la JEP, la cual fue accionada vía tutela por la Procuraduría para abrir en específico (y de manera urgente) un caso sobre estas violencias descritas en otros macrocasos. Según la magistrada Lily Rueda, quien estará a cargo de los fenómenos intrafilas en la guerrilla y la Fuerza Pública, la cantidad de información recopilada es la razón de la dilación en la apertura. “Encontramos diferentes tipos de violencias, que se clasificaron de acuerdo con las fuentes que recibimos en relación con todos los actores del conflicto armado. Ese fue un primer desafío, teniendo en cuenta los cortes que teníamos y la masividad de la información”, le dijo a este diario.
Como establece el auto de apertura, las víctimas clamaron esta decisión durante años, a través de peticiones que llegaron en su mayoría del Valle del Cauca, Cesar, Guaviare y Bogotá, y hasta de 13 países del exterior. Justamente, a la magistrada Julietta Lemaitre, quien estará a cargo de la criminalidad desplegada por las FARC, le parece pertinente en este punto enaltecer la labor de las víctimas y “la entrega y el apasionamiento de la sociedad civil para documentar estos hechos. En varios informes, por ejemplo, las organizaciones de víctimas hacían explicaciones muy extensas y detalladas del contexto de la aproximación histórica que debería tener la JEP. Este tipo de colaboración de la sociedad civil no la he visto en otros temas. Eso me sorprendió y me entusiasmó”, dijo a El Espectador.
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Sobre los desafíos particulares de este caso, la magistrada Rueda fue clara en señalar que la publicidad de la información no es igual que en otros macrocasos. “Dimos unas órdenes particulares sobre la protección de las personas, la protección de la información, las garantías de no confrontación con presuntos agresores en etapas del proceso. Eso es una realidad. Nosotros, además, empezamos a dar unas órdenes particulares para ajustar metodologías internas que nos permitan hacer de los espacios de trabajo en la jurisdicción espacios seguros para las víctimas, por ejemplo, en términos psicosociales”, agregó.
Cuando este diario le consultó a la magistrada Rueda sobre si la información preliminar permite relacionar los crímenes con altos mandos de las FARC u oficiales de la Fuerza Pública, respondió que, al menos en el subcaso intrafilas, no es posible por ahora hacer llamados a versión. Por lo cual, en los próximos meses esperan documentar más casos para contar con más información. Lo que sí es probable es que se avance en develar las posibles estructuras y relaciones de jerarquía y de mando. “Esto apunta a las máximas responsabilidades, pero para ello necesitamos una ampliación de información adicional”, consideró Rueda.
Por su parte, la magistrada Lemaitre hace una invitación a repensar los conceptos de impunidad y justicia. “El castigo indica que se sanciona al directo responsable, así como lo define el modelo de nuestra justicia. Pedro me hizo ‘X’, entonces Pedro va a pagar. Pero es muy difícil en un contexto de un conflicto armado. En primer lugar, con respecto a la guerrilla, porque por registros oficiales entre la mitad y dos tercios de los guerrilleros que participaron en hechos anteriores a 2005, están muertos. En el contexto de la guerra, hay una probabilidad muy alta de que Pedro esté muerto”, explicó Lemaitre.
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Y agregó: “es muy difícil pensar el concepto de impunidad en el marco de un conflicto armado, porque la gente que investiga los crímenes, por ejemplo, la Fiscalía, están pensados en la Constitución para una época de paz. Eso es tan sencillo como que, si hay un muerto hoy en día en el Cañón del Río Micay, la Fiscalía no va a ir nunca, porque matan a sus funcionarios. No es que haya impunidad, es que el ente investigador no puede ir. Esa es la historia de casi todos los crímenes que me mandan a mí. No se puede pensar la impunidad como si este hubiese sido un país en paz. Antes, yo creo que Colombia, como Estado, está haciendo un esfuerzo tremendo por dar cuenta de cosas que pasaron en la guerra”.
En últimas, la magistrada Rueda reconoce que desde ahora Colombia tiene una gran oportunidad para que su sociedad entienda mejores categorías implícitas, que le han hecho daño a las comunidades durante el conflicto armado. “Vemos unas ideas sobre lo que significa ser buen guerrero dentro de ejércitos legales o ilegales. Cuando nos aproximamos a ese concepto, encontramos que lo que significa ser buen guerrero está asociado con características tradicionalmente masculinas. Eso tiene sus efectos en el ejercicio de ciertas violencias. Es una suerte de identidad dentro de los ejércitos, sobre lo que significaría ser un buen guerrero. Esto se refuerza a través del ejercicio de la violencia y se subordina lo que es considerado femenino. Ser femenino no es ser un buen guerrero”, explicó.
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