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Desde este lunes 8 de febrero y hasta el 12 del mismo mes está previsto que, por primera vez, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sostenga un debate crucial para la historia de Colombia: si el Estado colombiano fue responsable del exterminio de más de 6.000 miembros del partido político Unión Patriótica (UP) a finales de los años ochenta y noventa. En este lapso, integrantes y familiares de las víctimas podrán hablar ante ese tribunal para contar las difíciles circunstancias que vivieron y entre ellos intervendrá María Eugenia Guzmán, esposa de José Antequera, líder de esa colectividad que fue asesinado el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.
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A su vez, la Corte le pidió al Estado colombiano una copia del expediente Antequera, que está en la Fiscalía 41 Especializada contra Violaciones a Derechos Humanos, como parte de las pruebas del trascendental caso junto con otros, como los homicidios de Bernardo Jaramillo Ossa, Josué Giraldo, Pedro Luis Valencia y demás miembros de la UP que tuvieron un trágico destino. El Espectador conoció en su integridad la investigación de la Fiscalía sobre el homicidio de Antequera, el cual se perpetró el 3 de marzo de 1989, hace casi 32 años. Se trata de un proceso bastante representativo frente al exterminio de la UP pero que, en los últimos cuatro años, no ha visto decisiones de fondo.
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A finales de diciembre de 2016, el ente investigador vinculó formalmente a la investigación a los agentes del DAS que, en 1989, pertenecían al esquema de seguridad de Antequera y, según la Fiscalía, hicieron parte de un plan previamente concertado, con distintos actores, para asesinarlo en las viejas instalaciones del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Se trata de los miembros del extinto organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia Carlos Alberto Cortés, Didier Augusto Hernández y Rodolfo Sanjuán, quienes desde hace cuatro años tienen restringido abandonar el país mientras la Fiscalía determina si los llama o no a juicio.
Fuentes cercanas al proceso comentan que a la fiscal que tiene el caso también le asignaron otros relacionados con la UP, aunque no conoce el expediente a fondo. “Ella tiene varios procesos y debe estudiar toda la investigación del asesinato de José Antequera”, manifiesta una de las fuentes. El anterior fiscal, que redireccionó la teoría de la investigación y vinculó a los tres exagentes del DAS, salió del caso en 2017. Este diario consultó con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si algunos de los miembros del desaparecido organismo de inteligencia pidieron ingresar acogerse o si ya fueron aceptados, pero sus nombres no figuran así.
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De acuerdo con la Fiscalía, cada uno de los agentes del DAS tuvo un papel distinto en el asesinato de Antequera, quien al momento del atentado estrechaba la mano del entonces senador liberal Ernesto Samper. Por ejemplo, que Sanjuán no accionó su arma en el momento en que el sicario Luis Moná Hincapié disparó contra Antequera. Además, el organismo sostiene que Sanjuán no permaneció junto al líder de izquierda, sino en la entrada del aeropuerto, y ayudó a evacuar “a los terceros encargados de ejecutar a Moná Hincapié”. Al agente Hernández, por su parte, la Fiscalía le endilga un papel más delicado: “Fue el encargado de disparar contra el líder de izquierda. Las trayectorias de las balas y su ubicación detrás de Antequera coinciden”.
Para el ente investigador, Hernández “tenía el arma homicida (ametralladora mini Ingram) en sus manos, con una justificación que no es respaldada de ninguna manera por las pruebas, ni siquiera por sus compañeros. Los proyectiles de su arma de dotación tampoco coinciden con los que fueron extraídos del sicario Moná Hincapié y una testigo describe su ropa y el arma como las del homicida”. En cuanto al agente Cortés, jefe del equipo de escoltas, la Fiscalía lo señala de no haber estado cerca de su protegido y de realizar maniobras de distracción: “En el momento exacto de los disparos la esposa de Antequera no logró ver nada porque fue distraída por Cortés”.
Una prueba clave que expone la Fiscalía es que Moná Hincapié, según los peritajes de Medicina Legal, no disparó su arma. El reporte del Instituto señaló que en sus manos no quedaron residuos de plomo, los cuales tendrían que aparecer sí o sí en caso de que una persona haya accionado un arma de fuego. A renglón seguido, la Fiscalía descarta la prueba que tomó la Dijín de la Policía que arrojó positivo sobre residuos en las manos del joven pistolero, ya que los propios expertos señalan que su prueba no es precisa porque identifica partículas de plomo que otras sustancias o elementos químicos también pueden contenerlas. Además, los testigos sitúan a Hernández como el disparador del arma homicida.
El expediente enmarca este crimen en los miles que sufrió la UP por parte de “una empresa criminal de largo aliento y con diversos engranajes”. Incluso, seis días antes del crimen de Antequera, en esa misma terminal aérea, fue asesinado el también líder de la UP Teófilo Forero y otros integrantes del partido político. Casi un año después, también en El Dorado, fue asesinado el aspirante a la Presidencia Bernardo Jaramillo Ossa. Previamente, entre agosto y diciembre de 1986 fueron asesinados los congresistas de esa colectividad Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas. Entre agosto y octubre del siguiente año fueron acribillados el senador Pedro Valencia y el candidato presidencial de la UP Jaime Pardo Leal.
“Dentro de esta ola de exterminio, para el año 1989 (cuando asesinaron a Antequera) se tenía noticia hasta el momento de 121 víctimas de la UP, hechos que se cometieron en un clima de dominio de los grupos paramilitares en favor del narcotráfico, de cooptación de gran parte de los agentes que eran parte del Estado, incluido el DAS. En ese contexto, se fraguó una alianza entre paramilitares, sectores de la política tradicional, organismos de seguridad del Estado, Fuerza Pública y narcotraficantes”, aseveró la Fiscalía dentro del expediente. Y agregó que Antequera, días antes a su asesinato, hizo señalamientos ante la prensa contra militares que se encontraban ese día en El Dorado, como el general (r) Yanine Díaz, quien murió en 2009 con una investigación en contra por la masacre de La Rochela.
Fue precisamente en 2016 cuando la Fiscalía tomó la última decisión de fondo en el caso Antequera, que el propio ente investigador declaró como crimen de lesa humanidad, es decir, la investigación por el asesinato del líder de izquierda no prescribe. Sin embargo, la familia Antequera ha dicho que desde ese año poco o nada le ha interesado a la Fiscalía avanzar en el caso, el cual ajusta ya 32 años de impunidad.
Por David Escobar Moreno
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