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Desde una lujosa casa en el municipio de Chía, en donde cumple prisión domiciliaria, Otto Nicolás Bula, exsenador y testigo estrella del caso Odebrecht, espera que la justicia resuelva un importante caso que implica varios de sus bienes que fueron ocupados por la Fiscalía. La Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá tiene pendiente determinar si deja en firme un fallo de primera instancia contra Bula que ordenó quitarle al excongresista dos inmuebles que obtuvo de manera ilícita y que prueban, por ahora, que Bula tuvo negocios con la Oficina de Envigado, el temido grupo criminal que opera en el Valle de Aburrá y fue creado en los años 80 por Pablo Escobar.
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El Espectador conoció detalles de esa inédita decisión judicial que fue tomada en agosto de 2020, en pleno confinamiento por el covid-19. En el documento (de 123 páginas), el juzgado hizo una detallada radiografía de los conocidos vínculos de Bula con la corrupta multinacional brasileña y de sus nexos con narcotraficantes que heredaron el poder de los carteles de Cali y Medellín. La génesis de este proceso comenzó en marzo de 2014, cuando policías de la Dirección Antinarcóticos de la Policía recibieron una llamada anónima en la que recibieron pistas sobre propiedades relacionadas con un miembro de la Oficina: Wilmer Alexis Metaute Zapata, alias Pichi Calvo.
Dos meses después, Metaute Zapata fue asesinado en la avenida Las Palmas, de Medellín. En la escena del crimen, que aparentemente fue una celada de otros capos de la Oficina, fue encontrada una libreta con una nota que terminó salpicando a Bula: “Guillermo Arango le debe a Otto Bula para pagar en 2/15/2014 $5.400 millones en propiedades, le dará garantías hipotecarias”. La anotación de Pichi Calvo aludía a Macario Guillermo León Arango, alias el Gurú, quien ha sido vinculado por las capos de las bandas criminales de la Oficina. Incluso, exparamilitares han dicho a las autoridades que León Arango fue colaborador de ese grupo armado en Antioquia.
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Para el juez del caso, esa deuda que habría adquirido alias el Gurú con Bula nace de una serie de infructuosos negocios de inmuebles entre familiares del exsenador y el hombre cercano a la Oficina: “De tal manera que entre Bula y León Arango se había realizado una negociación en 2008, sumada a la venta de un apartamento en Cartagena, que nos dejan ver que entre ellos existía una relación comercial, en virtud de la cual se dio la elaboración del documento en el que se consignó la deuda por $5.400 millones, que tenía en su poder el reconocido miembro de la organización criminal Oficina de Envigado”, señaló el juez del caso, quien ordenó quitarle el lujoso inmueble en Cartagena.
Durante el proceso, la Fiscalía sustentó ante el juez del caso que los bienes a nombre de Bula fueron producto de un dinero ilegal y que la relación comercial del exsenador con Pichi Calvo y Gurú evidencia su cercanía con la Oficina. Sin embargo, según aclaró el juzgado, el ente investigador no dio detalles de las negociaciones que lo llevaron a hacer negocios con hombres cercanos a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ni tampoco entregó pruebas para sostener que Bula hizo parte de la organización criminal. Para el juez, sin embargo, es evidente que entre ellos sí existió una relación comercial y, por eso, los bienes en cuestión deben pasar al poder del Estado.
Bula, por su parte, trató de defenderse declarando que no conoce a León Arango ni a Metaute Zapata, y que no sabe por qué su nombre apareció en el cuaderno que le encontraron al segundo. Su explicación no fue suficiente para el juez, quien explicó que no había una explicación diferente a que la deuda entre Bula y Metaute Zapata sí existía, pues no tenía sentido que este hombre tuviera anotado el nombre del exsenador en su agenda personal. “Ello escapa a toda lógica y permite, al contrario, considerar que la obligación económica era real y se registró de manera informal por cuanto es el proceder de sujetos al margen de la ley”, precisamente como Guru, aclaró el juez.
La carrera criminal de “Pichi Calvo”
Pichi Calvo no era un delincuente de poca monta. Su nombre es el que enreda ahora a alias Memo Fantasma, el señalado narcotraficante y testaferro del paramilitarismo que pasó más de una década bajo la fachada de un próspero empresario con negocios en España y Bogotá. En el reciente proceso penal que se adelanta en su contra, Memo Fantasma aparece comprándole un predio a Pichi Calvo. La Dijín de la Policía ha dicho que Pichi Calvo logró escapar, en junio de 2012, durante la fiesta en la que fue capturado alias Fritanga, el conocido narcotraficante que fue uno de los primeros criminales en liderar el Clan del Golfo junto al líder paramilitar alias Don Mario.
Lo que también han documentado la Fiscalía y la Policía es que Pichi Calvo fue hombre de confianza de alias Danielito, predecesor de Don Berna al mando de la Oficina de Envigado. Incluso, fue uno de los hombres que se quedó con las propiedades de Danielito, tras ser asesinado, en 2005. También Pichi Calvo, desmovilizado del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), fue cercano a Gustavo Upegui, el asesinado dirigente del Envigado Fútbol Club, quien ha sido varias veces señalado como integrante de la Oficina y el Cartel de Medellín, señalamientos que judicialmente no se comprobaron.
La empresa de Bula en los Montes de María
Otto Bula y su esposa, Carmen Hoyos Abad, crearon en 2007 la Agropecuaria El Central, una sociedad que, según la Fiscalía y el juez del caso, usaron ilícitamente para ocultar bienes que fueron negociados en la zona de los Montes de María y, así, comprar grandes terrenos a bajo precio a campesinos de la región que habían sido desplazados por los paramilitares tras masacres como la de El Salado, ocurrida en 2000. Además, el juzgado de primera instancia sostiene que “esta sociedad fue utilizada, desde 2008 a 2011, como instrumento para la ejecución de actividades ilícitas y con el fin de ocultar los bienes de ilícita procedencia”.
Para quitarle esta sociedad a Bula, el juez del caso se basó en investigaciones realizadas por la Fiscalía y la Procuraduría según las cuales Bula llegó a los Montes de María tras la violencia paramilitar que vivió esta zona de Bolívar, en específico en los municipios de Carmen de Bolívar y San Jacinto. El ente investigador recibió denuncias de al menos siete campesinos que fueron desplazados por los paramilitares de alias Juancho Dique en 1997 y que, cuando quisieron recuperar sus terrenos, un hombre conocido con el alias de el Visco los amenazó y les dijo que esas tierras eran de Otto Bula. Incluso, otros campesinos pactaron con el exsenador la venta de once lotes, pero Bula nunca pagó lo que prometió.
La Procuraduría también recaudó información de la Unidad de Restitución de Tierras que señala la existencia de 21 solicitudes de clarificación y recuperación de baldíos en la zona de Montes de María en las que aparece la Agropecuaria El Central. Algunas de las consideraciones que presenta la Procuraduría sobre Bula es que este “pudo haber concentrado” la tierra de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y de subsidios que fueron adjudicados a campesinos beneficiarios de los programas de reforma agraria, mediante argucias jurídicas que además pueden haber consolidado dinámicas de despojo masivo para favorecer el desarrollo de macroproyectos en la zona.
Para el juzgado que le quitó los bienes a Bula, no cabe duda de que la Agropecuaria El Central sirvió como “medio para los fines ilícitos” del congresista. Pese a que el nombre de estas empresas y las andanzas ilegales del excongresista se conocían desde finales de los años 90, solo en 2020 un juez aclaró que el exsenador sí tuvo negocios con grupos armados ilegales. El caso pasó a segunda instancia, pues Bula apeló el fallo de primera instancia. El Tribunal Superior de Bogotá está revisando el expediente, en donde, además, el juez y la Fiscalía dejaron varios cabos sueltos que siguen sin resolver: unos pagos que la esposa de Bula no logró sustentar, cuál fue el tiempo en el que Bula tuvo relaciones comerciales con la Oficina y si fueron más que simples negocios de inmuebles.
Por David Escobar Moreno
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