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Defender los derechos humanos en Colombia le salió caro a 52 líderes sociales que fueron asesinados en el primer trimestre del año. La cifra es de la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo, que dice entender cuál es la labor de los activistas que le hacen frente a la guerra y a la violencia, no solo para salvar su vida, sino la de toda una comunidad. Precisamente, ese flagelo que ha azotado al país durante tanto tiempo, hoy, será analizado de fondo por la Corte Constitucional, que, tras seleccionar nueve acciones de tutela, decidió convocar una audiencia pública con la que pretenden analizar, identificar los riesgos y poner su foco sobre ese tema para mitigarlos de alguna forma.
La solicitud de los demandantes es básica: claman la protección de los derechos de quienes defienden su territorio, su ancestralidad y su vida. Para ellos, el balance sobre afectaciones a líderes es “nefasto” aún, cuando existe una implementación del Acuerdo de Paz, que de alguna forma les dio una hoja de ruta para que se garantizara el goce de los derechos fundamentales sin estar sometido a riesgo alguno. El alto tribunal en lo que lleva de diligencia escuchó los argumentos de algunos defensores de derechos, también tuvo una visión internacional por parte de las Naciones Unidas, que reveló cifras preocupantes, y también tuvo la intervención de delegados del Gobierno.
Fabián Laverde Doncel, Rodrigo Uprimmy, Erlendy Cuero y Óscar Salazar le pasaron factura al Gobierno argumentando que las afectaciones directas a los líderes sociales son una evidente falta de políticas públicas en materia de seguridad, falta de institucionalidad en el territorio, falta de investigaciones penales, falta de esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y una grave estigmatización contra ellos por parte de la fuerza pública. Esas, entre otras inconsistencias los llevaron a solicitar que la Corte Constitucional declare un estado de cosas inconstitucional en el que se defina que existe una clara violación de derechos y se impongan directrices que erradiquen esa situación.
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Para Laverde está claro que es necesario que exista una política pública en materia de seguridad puesto que lo que se ha sembrado alrededor de los líderes sociales es una grave sistematización de afectaciones y un “plan de exterminio”. “Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia y se debe tener en cuenta que la existencia del movimiento social es la clave para construir la democracia”, resaltó el accionante.
Por su parte, el abogado Rodrigo Uprimmy quien hace parte de la iniciativa de defensión a líderes sociales consideró que la violencia en su contra no solo viola los derechos individuales y colectivos, sino también vulnera el derecho a defender los derechos. Resaltó que la situación de violencia en contra de defensores no ha mejorado durante el Gobierno de Iván Duque, pues en 2016, cuando se firmó el proceso de paz había un registro de 61 vulneraciones, hoy en día la cifra ascendió a 108. “El Gobierno se ha resistido a usar los instrumentos de paz para sancionar esa violencia. La decisión del Gobierno viola el derecho de líderes y desconoce el acto legislativo que le dio vida al Acuerdo de Paz, por eso vemos la necesidad de que se declare un estado de cosas inconstitucional.
Por su parte, Erlendy Cuero, quien es líder en la región pacífica, resaltó que el Gobierno se ha quedado corto en erradicar la vulneración de derechos, específicamente, a comunidades étnicas. También reprochó que la Unidad Nacional de Protección en muchas ocasiones no cumplen su labor, ni siquiera, a través de órdenes judiciales. “Es importante que este tipo de situaciones tengan una decisión de fondo para construir la paz. Necesitamos garantías reales para continuar defendiendo los derechos”, explicó Cuero.
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Salazar, otro líder que habló ante la Sala Plena de la Corte, dijo que el panorama en vulneración de derechos es “desolador” y que necesitan que existan investigaciones penales que den con los responsables de quienes hacen hostigamientos y asesinan a los líderes sociales. El defensor fue más allá y resaltó que no existe un compromiso por parte de las instituciones que hacen parte de las Mesas Territoriales que fueron creadas, precisamente, para fomentar garantías para los líderes y sus comunidades. Además, reprochó la estigmatización que la fuerza pública ejerce sobre ellos
El jalón de orejas al Estado
La diligencia que estuvo presidida por el magistrado José Fernando Reyes, también contó con la postura de Juliette Rivero, delegada de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia. La alta funcionaria no entregó un panorama distinto al de los defensores, por el contrario, con cifras dejó claro que la situación que padecen los líderes en el país es preocupante. Resaltó que entre 2012 y 2021, el país tuvo registro de 867 homicidios de defensores. “La muerte no disminuyó tras la firma del Acuerdo de Paz. Su aumento ha sido progresivo al pasar de 61 casos de homicidio en 2016 a 84 en 2017, a 115 en 2018 y, posteriormente, se mantenga en 100 casos”, explicó.
Rivero dijo que entre 2016 y 2021, la Oficina de las Naciones Unidas registró 562 homicidios de líderes sociales, incluyendo 64 mujeres, 61 indígenas, 21 afrodescendientes y siete miembros de la comunidad LGBTI. “Los casos registrados son solo una muestra de violencia en contra de estas personas. Este no es un tema de cifras. La muerte de cada persona es una tragedia para Colombia y su comunidad”, reprochó la funcionaria.
En el mapeo que la ONU realiza, la entidad halló que los lugares del país con más alto flujo de violencia para defensores de derechos humanos son el Pacífico, Cauca, Nariño, Catatumbo y Putumayo. A su juicio, la afectaciones son mas frecuentes en lugares donde existe presencia constante de grupos al margen de la ley. “En estos territorios se observa una débil participación del Estado. Su institucionalidad civil y los altos niveles de pobreza las vuelven vulnerables a los grupos armados. Existe una debilidad en la capacidad del Estado en la protección de derechos humanos”, dijo Cuervo.
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La delegada del órgano internacional resaltó que el Gobierno debe atender el incremento de violencia general en los territorios para prevenir asesinatos y agresiones contra defensores. “Esto solo se logrará reforzando la implementación del Acuerdo de Paz. Reiteramos la urgencia de que la Comisión de Garantías de Seguridad adopte una política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales y que esto se haga de manera consensuada con la población civil”.
A juicio de Cuervo, la falta de desmantelar grupos al margen de la ley proporciona para la población civil un contexto de violencia en sus territorios, y consideró que el despliegue de la fuerza pública no ha logrado frenar la expansión de esas estructuras que afectan la convivencia. “En estos territorios es necesario reforzar la presencia integral de instituciones civiles del Estado para generar condiciones de seguridad, justicia y garantías que permitan el ejercicio de derechos”, dijo Cuervo y añadió que el Gobierno debe replantearse el modelo de intervención en los territorios.
“Consideramos que la Corte Constitucional tiene la oportunidad única para revisar a fondo el sistema colectivo e individual de la Unidad Nacional de Protección (UNP). SI bien la entidad logra brindar esquemas de seguridad, su capacidad para responder a la demanda esta rebasada”, explicó la funcionaria y dijo que para 2021, al menos 33 líderes sociales fallecieron en el marco del Paro Nacional que, precisamente, este jueves 28 de abril cumple un año de convocado. La delegada internacional dijo que es importante que el Gobierno garantice el derecho a la protesta pacífica ya que eso refuerza la gestión democrática.
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Las cuentas del Gobierno
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien durante esta semana presentó el Observatorio de Derechos Humanos de la entidad que preside resaltó que Cauca, Putumayo, Nariño, Arauca y Norte de Santander son los departamentos que más han registrado homicidios a líderes sociales. El funcionario dijo que en los primeros tres meses del año se registraron 52 homicidios a defensores de derecho humanos, de los cuales 13 ocurrieron en enero, 18 en febrero y marzo alcanzó los 21 registros. Resaltó que los departamentos en los que más se ha presentado este tipo de crímenes son: Cauca (8), Putumayo (7) Nariño, Arauca y Norte de Santander, por su parte, reportan 4 casos cada uno, mientras que Chocó, Bolívar y Valle del Cauca tuvieron 3 registros
De acuerdo con Camargo, entre 2012 y 2015, existió alrededor de 237 vulneraciones a la vida e integridad de líderes sociales, y entre enero de 2016 y diciembre de 2021, el órgano defensor identificó 5.060 conductas que afectaban los derechos no solo de los defensores, sino también de la comunidad. Estas conductas ocurrieron con frecuencia en Cauca, Norte de Santander, Bogotá, Magdalena, Cesar, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Sucre y Nariño.
En su reporte tiene que, en ese mismo lapso, se han presentado 3.764 amenazas, 898 homicidios, 224 atentados y 47 desplazamientos forzados. “Las amenazas son las conductas con mayor casos. En Bogotá (235) Norte de Santander (272) Magdalena (246), Cauca (222), Cesar (227), Chocó (191). Los sectores sociales más afectados han sido líderes de víctimas de conflicto armado, indígenas, líderes comunitarios y comunales”, explicó el funcionario.
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Desde la Unidad Nacional de Protección, entidad que ha sido gravemente cuestionada por los líderes sociales, en cabeza de Alfonso Campo, admitieron que atienden las solicitudes de amenazas que llegan a la Fiscalía. “Desde 2014 a la fecha, hemos recibido 78.888 solicitudes, de esas hay 7.324 beneficiarios con esquemas de protección de los cuales 3.652 son líderes sociales”, explicó el director.
Ante el alto tribunal explicó que las medidas de protección que brinda la entidad van desde vehículos, chalecos y medios de comunicación. Hay alrededor de 1.409 vehículos que están implementados a esquemas de seguridad de líderes sociales. El funcionario resaltó que un esquema de protección es otorgado a un líder social luego de realizar un estudio en materia de seguridad en el que verifican las amenazas latentes de la zona donde reside y si, en efecto, ha sido víctima de hostigamientos o amenazas que puedan atentar contra su vida.
En cuanto a medidas colectivas, el director le explicó a la Corte que hasta el pasado 13 de abril tenían en su reporte que 177 organizaciones gozan de mecanismos de protección por parte de la entidad, y que en ello están incluidos consejos comunitarios y comunidades indígenas.
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