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La muerte de Oliverio Isaza Gómez, conocido con el alias de Terror, abrió una grieta en la seguridad de la región del Magdalena Medio. Tras el operativo de las autoridades en el que cayó el temido líder del Bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo, el pasado 22 de febrero, inteligencia de la Policía alertó a la comunidad sobre la amenaza de un plan pistola. Y, durante la semana del sepelio de alias Terror, las comunidades de cinco departamentos vivieron el temor de quedar en medio de una posible toma de venganza por parte de los ilegales. Sin embargo, la situación está crítica desde 2024, por cuenta de la fractura de antiguas alianzas criminales, mientras que los gobernadores le exigen al Gobierno que atienda sus llamados.
La más reciente de esas alertas se dio el fin de semana pasado, en medio de un consejo de seguridad en el que participaron los gobernadores de Santander, Antioquia y Bolívar, y delegados de las administraciones del Cesar y Boyacá. Durante el encuentro, le pidieron al presidente Gustavo Petro realizar un consejo ministerial de seguridad para analizar la situación de la región y tomar cartas en el asunto. Pero la respuesta desde la Casa de Nariño no fue del todo positiva. “Le pediría a los gobernadores que no gobiernan el Magdalena Medio desde sus alturas andinas, que ayuden a configurar el nuevo departamento del Magdalena Medio, para que pueda ser gobernado desde su propio pueblo”, expresó Petro en una publicación de X.
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No es la primera vez que el Gobierno desestima los llamados que hacen los mandatarios de esta región. “La cosa venía mal desde antes de la muerte de alias Terror. Desde el año pasado hemos llamado la atención para acciones mucho más contundentes por parte de la fuerza pública”, le dijo a El Espectador el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El argumento de esas alertas está en la reconfiguración de los grupos armados en el Magdalena Medio, que se agudizó después del 16 de enero de 2025. Al menos tres fuentes le confirmaron a este diario que hay una ruptura de la alianza entre disidencias de las Farc y ELN, que ahora se disputan el control territorial con el Clan del Golfo, un grupo ilegal de amplia influencia en la región.
“Desde hace un mes largo en el Magdalena Medio, tras lo que aconteció en el Catatumbo, se le dio la orden a disidencias de las Farc y ELN, que habían actuado criminalmente en connivencia, de separarse. Esto llegó a oídos del Clan del Golfo, que empezó a en ensanduchar (sic) a estos dos grupos con un número mayor de criminales”, señaló el gobernador Rendón. El frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del ELN, los mismos que llevan cerca de dos meses enfrentados en el Catatumbo, han sostenido enfrentamientos en el sur de Bolívar, Bajo Cauca, Nordeste de Antioquia y la Serranía de San Lucas. Una situación que también fue advertida por la Defensoría del Pueblo el pasado 26 de enero, cuando registró el desplazamiento de 160 familias por cuenta de los combates en Yarumal, El Bagre y Briceño (Antioquia).
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De esa alianza entre ambas guerrillas, ahora convertida en una discordia a sangre y fuego, el gran beneficiado ha sido el Clan del Golfo. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) le explicó a este diario que el ese grupo criminal opera hoy casi “como una estructura empresarial”. Su interés, sin embargo, no es solo mantener la guerra por las rentas criminales en regiones aisladas, sino trazar y dominar un corredor que atraviese el país, pasando por el sur de Bolívar, hasta llegar a Venezuela. La razón, desde el análisis de Bonilla, es el carácter estratégico de esa vía para el tráfico de migrantes, drogas, minerales explotados ilegalmente y para el lavado del oro venezolano en Colombia.
Ese es un objetivo que, justo en este momento, no sería difícil de alcanzar para el Clan del Golfo. Bonilla puntualizó que los enfrentamientos en el Catatumbo debilitaron en cierta medida a las disidencias de las Farc y, de ese modo, se habría despejado el camino del Clan para enfrentarse al ELN en el Magdalena Medio. Un trabajo para el cual cuenta con al menos 7.000 hombres en armas y redes de apoyo, según información de las Fuerzas Militares. Y allí radica otro de los problemas alertados por Rendón, los otros cuatro gobernadores del Magdalena Medio y la investigadora Bonilla: el país no tiene políticas sólidas de prevención ante la acción de grupos armados, lo que facilita que se arraiguen en ciertas regiones.
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La fracturada alianza del ELN y las disidencias de las Farc, sumada a las dinámicas del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, tienen a población civil, organizaciones de derechos humanos y mandatarios preocupados. Investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC) calculan que una confrontación entre esos tres grupos podría causar el desplazamiento de al menos 20.000 personas. Bonilla explicó que esto solo se puede contener con acción y presencia integral del Estado, pues las negociaciones de paz en las mesas de conversación le están dando largas a la expansión de grupos narcotraficantes, como el Clan. Las Fuerzas Militares, por su parte, se sienten “maniatadas” para actuar.
Según datos de las Fuerzas Militares conocidos por este diario, en lo que va de 2025 en la región del Magdalena Medio se han efectuado 30 detenciones con orden de captura y 144 a criminales en flagrancia. Del total, 13 corresponden a integrantes del Clan del Golfo, el grupo que tiene la presencia más fuerte allí, y solo uno haría parte del ELN. En contraste, se han presentado 11 afectaciones a válvulas de hidrocarburos y tres combates en los que han resultado dos soldados heridos; además de seis militares heridos y un muerto por minas antipersonal. La petición de los gobernadores, en palabras de Rendón, es clara: “No es solo poner a correr a los bandidos fruto de lo que hagan la fuerza pública y los operadores judiciales, sino también llevar oportunidades e inversiones que se requieren con urgencia en esa zona del país”.
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Pese a la respuesta del presidente Petro a la solicitud de los gobernadores, los mandatarios del Magdalena Medio esperan que sea atendida en la conversación con el general (r) Pedro Sánchez Suárez, posesionado ayer como ministro de Defensa. Las comunidades, por su parte, esperan lo mismo que han pedido desde hace décadas: que su región deje de ser otro de los sitios del país afectado por la ausencia de Estado, a donde solo parece llegar la guerra.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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