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Un contrato por más de $660 millones tiene en vilo al representante a la Cámara José Edilberto Caicedo Sastoque, a quien la semana pasada la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento en su lugar de residencia. El político, del partido de la U, es señalado de cometer presuntas irregularidades en contratos mientras fungió como alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca), entre 2004 y 2007. En concreto, Caicedo, ingeniero forestal de profesión, está en líos por un convenio con Luz Stella Jiménez Ballén, gerente general de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá (Eaaaz).
El contrato se celebró en junio de 2007 y tenía como objetivo la construcción de dos tanques, uno en la urbanización Villa Marina y otro en la Zona Alta de Zipaquirá. No obstante, lo que reprocha el denunciante, Josué Martínez Romero, es que dicho convenio no se cumplió a cabalidad debido a que solo fue construida la primera obra. Además, que al momento de suscribir el contrato el municipio no tenía a su disposición los estudios técnicos de suelos ni geotécnicos para construir las obras de infraestructura, los cuales resultaban necesarios para determinar las cantidades de material y el presupuesto que demandaría la implementación de este.
La ausencia de los estudios obligó a la contratista responsable de la obra, Gloria Leticia Mogollón, a contratarlos con una firma de consultoría, pese a que el tanque de la Zona Alta finalmente no fue construido. Lo que se le reprocha a Caicedo Sastoque es que, a pesar de la falta de planeación y transparencia durante el trámite y la celebración del convenio, el exalcalde suscribió tres adiciones por $40, $43 y $87 millones. En los soportes de la contratación, el hoy congresista no precisó el objeto de cada adición ni para cuál obra estaban destinados estos dineros, que según reposa en la providencia de la Corte Suprema, conocida por El Espectador, hicieron que el contrato terminara costando $840 millones y no los $660 millones, inicialmente previstos.
Por estas irregularidades, la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a Caicedo Sastoque por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Para la Sala de Instrucción del alto tribunal, con ponencia del magistrado Francisco Farfán, el exalcalde habría utilizado como estrategia la asignación de recursos del erario a la Empresa de Acueducto para la ejecución de obras públicas enmarcadas en los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico, y en la construcción de obras que finalmente no fueron ejecutadas.
Para llegar a esa conclusión, el alto tribunal analizó los testimonios de varios funcionarios de la Alcaldía, la defensa del representante a la Cámara y las versiones entregadas por parte de José Eduardo Contreras, Gloria Leticia Mogollón y Luz Stella Jiménez Ballén, quienes fungieron como partes en el cuestionado contrato. Además, la Corte ordenó que se interceptaran cuatros celulares: dos de propiedad del congresista Caicedo, otro de Jiménez Ballén y el último de Contreras.
Lo que allí logró conocer la Corte es que el congresista de La U podría obstruir a la justicia por un hecho que sucedió en agosto de 2017, cuando se había programado la ampliación de las declaraciones de Jiménez Ballén, Contreras y Mogollón. Según las interceptaciones, el exalcalde buscó a los dos primeros testigos, al parecer, con el fin de direccionar sus versiones y evitar que declararan ante el alto tribunal, lo que terminó ocurriendo, pues ambos se excusaron de la diligencia judicial argumentando que tenían compromisos laborales justamente ese día y a esa hora.
Las interceptaciones telefónicas también revelaron que un asesor de la UTL de Caicedo Sastoque, de nombre Saúl Orlando León Cagua, al parecer, tuvo acercamientos con los contratistas. Según documentó la Sala de Instrucción, en varias ocasiones sostuvo conversaciones sobre temas relacionados con la investigación que se adelanta en contra del político. “La Sala observa que tales conversaciones sí estuvieron probablemente encaminadas a inducir a los testigos a comportarse de manera desleal o reticente, o cuando menos a obstaculizar el debido ejercicio de la justicia”, dice la orden de medida de aseguramiento.
En otra de las interceptaciones, el alto tribunal encontró una llamada entre Caicedo Sastoque y su asesor en la que mencionan una diligencia pendiente en la Corte Suprema. Así, para la Sala es claro que León Cagua no solo era asesor del congresista, sino también el encargado en aspectos personales de su defensa penal. Con estas evidencias, para el alto tribunal resultó problemático dejar en libertad al exalcalde pues podría representar un peligro para la investigación. “Existen elementos de juicio suficientes para colegir que podría inducir a los testigos a que falten a la verdad o declaren en determinado sentido, con el fin de favorecer su situación jurídica”, agregó la Corte.
Por su parte, Caicedo Sastoque se ha declarado inocente por los delitos y acciones que se le acusan. Sobre Saúl León, el alto tribunal determinó compulsar copias a la Fiscalía para que se le investigue por posibles delitos en contra de la administración pública. Mientras esas pesquisas avanzan, la Corte tendrá que definir si llama a juicio al congresista que, por ahora, seguirá detenido en su residencia.
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