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La semana pasada, el director de la cárcel La Modelo, el coronel en retiro Élmer Fernández, fue asesinado por sicaarios en Bogotá, cuando se trasportaba en un carro particular, sin ningún tipo de blindaje o protección especial. El crudo hecho despertó cuestionamientos a las instituciones colombianas por la nula protección con la que contaba un funcionario público dueño de una alta responsabilidad estatal y que había denunciado amenazas en su contra una semana antes. Las miradas apuntaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la cual de inmediato se desligó de la emergencia, pues, aseguró, Fernández nunca les solicitó ayuda. En diálogo con este diario, el director Augusto Rodríguez explica por qué no podía proteger a Fernández sin su consentimiento y da a conocer el trabajo que ha hecho por proteger a otros funcionarios del Inpec ante la oleada violenta en su contra.
Usted ha asegurado que el coronel no había hecho el trámite directo con la UNP, ¿esto demuestra que hoy la vida de una persona depende de la burocracia?
Yo no diría exactamente eso. En el Inpec hay unos controles para que ellos sepan el grado de riesgo que tienen sus funcionarios, dependiendo de las amenazas que reciben. Lo que hubo fue una equivocación. Ese trámite de informar allá la situación que estaba viviendo era independiente del trámite que debió hacer con la UNP. Debió hacer la solicitud de protección a nosotros, porque, ante la situación que se está viviendo en el país, sobre homicidios en diferentes cárceles, nos permitía actuar de manera inminente.
¿Cuál es la trazabilidad que ustedes tienen?
Nunca nos solicitó protección. Algunas personas han insinuado que, desde su nombramiento en La Modelo, mes y medio antes, debimos protegerlo. Así no funciona esto. El decreto 1066, que rige a la UNP como entidad, implica el principio de consentimiento. La facultad que tienen todas las personas de decidir si desean o no protección del Estado. Funcionarios como Fernández deben decir que presentaron amenazas, entregarnos en lo posible el trámite en la Fiscalía y, ahí, inmediatamente empezamos a actuar.
¿No hay un trámite en específico que nazca desde la misma Fiscalía?
A veces la Fiscalía nos oficia que tiene una persona en riesgo.
¿En este caso la Fiscalía les ofició?
No. En caso de que lo hubiera hecho, pudimos haber tomado dos caminos dependiendo del análisis del riesgo: Uno, el trámite de inminencia en el que se actúa en cuestión de horas. Y dos, el trámite ordinario, que puede demorarse varios días.
¿Cuántos funcionarios del Inpec han sido atendidos de forma inminente en los últimos años?
En 2022 hubo uno. En 2023, fueron cuatro. En 2024, llevamos 21 y están en valoración otros 12.
El sindicato más grande del Inpec ha dicho que hay dos directores de establecimientos que están bajo amenaza, ¿ya están protegidos?
Realizamos 20 trámites de emergencia esta semana. A 12 se les entregó esquema de seguridad por primera vez y a los demás se les actualizó. Con todos implementamos mínimo chaleco antibalas. Cuando se implementa el chaleco la gente se siente maltratada, pero nosotros tenemos casos recientes de personas que se han salvado gracias a este. Hace unos días un líder social en el Chocó se salvó de un disparo a quemarropa. Y la mayoría de la gente que han asesinado no porta el chaleco.
A raíz del asesinato del coronel Fernández, se implementaron nuevas medidas de seguridad para directores en dos directores en Bogotá, dos en Meta, dos en César, y de manera individual en Antioquia, Caquetá, Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca. Asimismo, se ratificaron para directores de establecimientos en Boyacá, Santander, Norte de Santander y para el director de la regional de occidente del Inpec. Por último, se fortalecieron las medidas para directores en Bogotá, Meta, Cauca y Valle del Cauca.
Debo contarle que implementamos y actualizamos la seguridad para los directores de La Picota en Bogotá, de la Tramacúa de Valledupar, de El Barne en Cómbita, de El Pedregal en Antioquia y de Girón en Santander, entre otras de mediana y máxima seguridad. También tenemos protegidos guardianes, los que tienen el grado de dragoneantes, y sindicalistas como Óscar Robayo. Tenemos en total, a corte de mayo de 2024, 67 funcionarios protegidos. De ellos, 25 están en situación de riesgo extraordinario y 55 en riesgo ordinario.
Las amenazas llegan a ser más de 500, según reporta el Inpec. Pero los esquemas asignados son mucho menos…
Nosotros tenemos órdenes de trabajo para 342 personas. Las solicitudes son muchas más, pero con las órdenes empezamos el proceso de protección. Hay algunas que por diferentes motivos no califican, por muchos motivos. De esas 342 órdenes, 97 quedaron inactivas porque puede ser que la autoridad que tenga que protegerlos es otra como la Fiscalía. También hay otro tipo de situaciones en las que reciben amenazas que no tienen nada que ver con su función, sino porque tienen deudas o problemas personales.
Usted ha señalado que hay corrupción en el área que se encarga de las evaluaciones de riesgo, ¿a qué se refiere?
Las mismas personas que solicitan protección nos llaman y nos dicen que hay funcionarios que, a su vez, les dicen que, si quieren salir favorecidos con un esquema blindado y personas de protección, tienen que entregarles una plata.
¿Cuánto?
Cinco millones de pesos. Y hasta más. Cuando vino aquí el denominado narcochofer, el señor Manuel Castañeda (exconductor de la UNP y testigo clave de la Fiscalía), nos contó que se han cobrado cifras de hasta 30 millones de pesos. Y que los nexos están acá mismo dentro de la entidad, Con dos personas que supuestamente estaban dedicadas a eso.
¿Eso está pasando todavía?
Sí. No hemos logrado que esas personas salgan de la entidad. Nosotros pusimos esas denuncias en la Fiscalía, pero no ha hecho absolutamente nada. Tuvimos una reunión muy importante con la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, y le contamos todas las situaciones de corrupción que se viven acá. Y como, lamentablemente, algunos sindicatos se han dedicado a eso: a hacer negocios con los vehículos.
¿Por qué no hacer un barrido en la oficina que evalúa el riesgo?
Tenemos investigaciones internas, algunas de ellas han pasado a Procuraduría por poder preferente. Y curiosamente, son las mismas personas. Nuestros funcionarios son producto de la desactivación que tuvo el DAS. La UNP se ha venido depurando, pero hay algunos que llegaron al nivel de presidentes de sindicato y por eso tienen un fuero que no nos permite sacarlos. Las personas que tenemos denunciadas en la Fiscalía se han dedicado en los medios a atacar a la entidad. Pero, están muy preocupados porque la nueva Fiscalía ha empezado a mover los procesos. Y nos atacan con calumnias y mentiras.
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