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Aunque una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo suspendió provisionalmente, Juan Carlos Florián Silva volvió a ser el ministro de Igualdad y Equidad por decreto presidencial. El movimiento que dictó el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 21 de septiembre fue cuestionado por varios expertos y constitucionalistas como un desacato a una decisión judicial y un cuestionamiento a la división de poderes.
Florián Silva fue suspendido luego de que la instancia judicial aceptara una demanda que pidió tumbar su nombramiento por no cumplir con la cuota de género al interior del gabinete, aunque el alto funcionario de Minigualdad ha señalado ser una persona con “género fluido no hegemónico”.
El argumento de la demanda que originó la decisión del Tribunal, dictada el pasado 15 de septiembre, señaló que “la permanencia en el cargo de una persona nombrada en abierta contravención a la cuota de género, priva a las mujeres de ocupar un espacio que por ley les corresponde y envía un mensaje institucional que normaliza la elusión de esta obligación, debilitando la eficacia de las acciones afirmativas y minando la confianza en el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de igualdad de género”.
En la fecha que presentó la demanda, 10 de las 19 carteras estaban ocupadas por hombres, reduciendo la participación femenina al 47,4 %. Sin embargo, ese mismo 15 de septiembre ocurrió el último remezón ministerial que sacó a Julián Molina de la cabeza del ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y entró Gloria Patricia Perdomo como ministra designada.
“Con la designación de la nueva ministra de las TIC, Gloria Patricia Perdomo, la demanda (contra Florián Silva) pierde sustento. El Gobierno cumple con la ley de cuotas”, declaró en su cuenta de X el ministro del Interior, Armando Benedetti. Seis días después, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por medio del decreto 1012 designó nuevamente a Juan Carlos Florián como jefe de cartera del Ministerio.
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“La ley de paridad es una ley muy binaria, solamente para que las personas hombres y mujeres puedan acceder a cargos de poder y a cargos importantes como una dignidad de ser ministro. Creo que es importante que Colombia se meta en el debate y que pensemos que las identidades de género y las orientaciones sexuales son fluidas (…) y tenemos que pensar en la personas como yo que no se reconocen ni como hombre, ni como mujer”.
Esta fue la respuesta del ministro Florián cuando se cuestionó su designación en primer momento, pero ahora el debate se centra en que el Gobierno lo contrató de nuevo en el alto cargo, a pesar de que la decisión del Tribunal de Cundinamarca todavía no ha sido resuelta de fondo.
El abogado constitucionalista Luis Miguel Hoyos Rojas, también profesor catedrático de derecho público general, explicó que “nombrar a alguien suspendido provisionalmente es temeridad política. El Gobierno, conociendo los límites legales, decide traspasarlos como si la justicia fuese un obstáculo menor”.
Hoyos Rojas añadió que “eso no es audacia, es desdén por el Estado de Derecho. Se llama ‘hecho consumado’: colocar a un funcionario en el cargo para luego obligar al país y a los jueces a aceptar la infracción como irreversible. Afirmar jurídicamente, además, que la posterior designación de una ministra en otro sector corrige la situación es reconocer, sin rodeos, que la paridad estaba rota desde el inicio”.
De acuerdo con el constitucionalista, con este decreto la Rama Ejecutiva “erosiona la fuerza vinculante de lo judicial. Una medida cautelar suspende el acto desde el mismo instante de su expedición; desconocerla no es un error político, es un incumplimiento jurídico, como lo ha reiterado el Consejo de Estado. Transmitir a la ciudadanía que una decisión judicial es una “recomendación” y no un mandato abre la puerta al presunto delito de fraude a resolución judicial, tipificado en el código penal. Y no solo eso: considero que ya hay responsabilidad disciplinaria consumada al posesionar a un funcionario suspendido, pues el acto administrativo que lo volvió a investir es idéntico en cuanto a su objeto —volverlo a nombrar—al suspendido (Florián Silva)”.
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Por su parte, la abogada María Cristina Hurtado Sáenz, exdelegada de Derechos de Infancia y Mujeres de la Defensoría del Pueblo, coincidió en que hay un desacato a la autoridad administrativa: “Hay una clara diferencia constitucional entre el poder del Ejecutivo y el poder de la Rama Legislativa. Un tribunal suspendió provisionalmente a este funcionario, y pueden declarar el desacato, así ya hayan hecho la jugada de haberlo sacado y luego vuelto a nombrar”.
Hurtado Sáenz agregó que también podría existir “un desacato al Ministerio de Igualdad así hayan arreglado posteriormente las cuotas entre hombres y mujeres nombrando a una ministra. El hecho es que la violación a la ley de cuotas se dio con anterioridad”.
La abogada también puso sobre la mesa otra consideración: “el hecho de que Florián llegue declarándose como ministra en un momento donde el borrado de las mujeres se está dando a nivel internacional. Esto de declararse como género fluido, cosa que no está contemplada en la ley de paridad, no se puede convertir en un performance del que haga alarde un varón”.
Según la exdelegada de la Defensoría, el ministro Florián Silva “puede decir en su performance que un día es mujer y que otro día es hombre, o que hace parte del llamado género fluido, pone en peligro el ejercicio real de las mujeres y que varones entren a suplantar al sujeto político del feminismo que somos las mujeres. La ley de paridad contempla solo hombres y mujeres, entonces tendrían primero que transformar la ley y esto no se ha hecho”.
La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, también se pronunció sobre la discusión de la ley de cuotas. La funcionaria dijo que “este asunto administrativo protege el principio de no discriminación. Su incumplimiento es regresivo para la garantía de los derechos de las mujeres, limita su acceso a espacios de poder y decisión, y envía un mensaje contrario a los compromisos internacionales asumidos por Colombia, en cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedwa por sus siglas en inglés). La paridad de género constituye un principio de justicia redistributiva y de reconocimiento, cuyo objetivo es corregir la exclusión sistemática e histórica de las mujeres”.
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Marín Ortiz reconoció “la importancia de visibilizar las identidades y expresiones de género que no se enmarcan en una aproximación binaria y simplista mujer – hombre. El problema no es que una persona no binaria acceda a un alto cargo de decisión del Estado. De hecho, esto es positivo y contribuye a reconocer la diversidad de nuestra sociedad y a ampliar la democracia”.
La directora de la entidad señaló que “esta ampliación del reconocimiento político debe formar parte de la agenda pública. Sin embargo, la discusión debe darse con rigor técnico, jurídico y político, asegurando que no se desvirtúe su finalidad”. El Espectador buscó conocer la opinión del Dapre y del Minigualdad, Juan Carlos Florián, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
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