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“El día que yo salga de la Superintendencia de Subsidio Familiar saldré con la cabeza en alto y la ciudadanía sabrá diferenciar entre la semilla y la escoria”, dice Luis Guillermo Pérez pausadamente, pero sus palabras son filosas. En septiembre pasado, llegó a dirigir esa entidad tras una larga trayectoria como defensor de derechos humanos y, más recientemente, como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Desde el primer día se planteó dos objetivos: despolitizar algunas cajas de compensación que, según dice, terminaron cooptadas por clanes políticos y caciques regionales, y ampliar la formalización laboral en las cajas para que la mayoría de sus 100.000 trabajadores tengan contratos a término indefinido. Pero algunos de sus requerimientos a las cajas ya le acarrearon una investigación formal de la Procuraduría por una presunta extralimitación de funciones. Es el primer alto funcionario del gobierno Petro en esa situación. Él asegura que no ha hecho nada irregular.
En entrevista con El Espectador, Pérez defiende sus actuaciones y pasa a la ofensiva. Denuncia que la primera investigadora de su caso en el Ministerio Público estaba impedida porque su hija aspiró a un cargo en la Supersubsidio, que finalmente no obtuvo, y que por eso pedirá la nulidad de ese proceso; revela graves denuncias contra su antecesor por una presunta nómina paralela durante los últimos tres meses del gobierno Duque por cerca de $7.000 millones, además de un contrato pagado y recibido a satisfacción que jamás se ejecutó; entrega un crudo diagnóstico sobre las 11 cajas de compensación familiar intervenidas —de las 43 que tiene el sector—, en donde se habrían urdido irregularidades en contrataciones millonarias y hasta posibles manejos indebidos con tarjetas de crédito corporativas. Por último, cuenta que en sus correrías por las regiones ya lo han amenazado poderosos congresistas que se proclaman dueños de esas cajas.
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“Aunque el balance general de las cajas es favorable, hay algunas que se han dejado permear por la politiquería. Eso pasaba en Nariño y Huila, donde siempre se dijo que esa caja era de Cambio Radical, y cuando tú ves la manera como se despilfarraron los recursos de la caja, pues vas encontrando elementos que te permiten deducir que así pasó y que hay que evitar que eso se reproduzca. Lo que yo he hecho es visitar las cajas, pedir asambleas con los trabajadores y directivos, y recordarles que las cajas no son patrimonio de directores ni de partidos, sino un patrimonio social de los trabajadores que se ha construido en 65 años”, cuenta. Pérez sostiene que no lo están investigando por un hecho de corrupción, sino por “tratar de ser solidario” para parar la guerra en Buenaventura, pedir información a las cajas sobre el estado laboral de sus empleados y volver más transparente el proceso de elección de agentes interventores de la entidad.
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Pérez es la cabeza del organismo que vigila el uso de cerca de $10 billones anuales que aportan los empresarios del país para sostener las cajas de compensación familiar, que benefician a cerca de 21 millones de colombianos. En noviembre pasado, dos de sus requerimientos a los directores de las cajas de compensación empezaron a levantar roncha. El primero de ellos tenía como objetivo solicitar unos aportes voluntarios con el fin de “contribuir a la paz total” en el puerto del Pacífico, gracias a la tregua que logró el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, con las dos bandas delincuenciales que se disputaban el control del territorio. Según se lee en la carta enviada por Pérez el 11 de noviembre, “por la naturaleza del sistema del subsidio familiar, les solicitamos considerar sus aportes a esta iniciativa para la población de Buenaventura”. Algunos directivos de esas cajas gestionaron recursos y se logró recoger cerca de $1.000 millones.
El superintendente explica que jamás conminó a nadie para aportar ese dinero, que fue sencillamente una invitación para ayudar a una población que históricamente ha sido abandonada por el Estado mientras las mafias del narcotráfico perpetúan el crimen, el hambre y la zozobra. “Monseñor Jaramillo lanzó un SOS y preguntó si las cajas podían ayudar a financiar ese plan piloto que desarmó a los jóvenes en Buenaventura. Con esos recursos, consignados por los empresarios en la cuenta de la pastoral social del puerto, el obispo les compró uniformes a esos jóvenes, hicieron el torneo de fútbol donde había integrantes de estas bandas, mejoraron los escenarios deportivos y dejaron de matarse. También se hizo un festival por la paz. Las madres de esos muchachos están felices porque se están salvando muchas vidas. Ellas dicen que ya no tienen que estar llorando todas las semanas a sus hijos muertos. ¿Y ahora eso se me reprocha?”, pregunta.
Por loable que suene esta gestión, la Procuraduría indaga si Pérez se extralimitó en sus funciones. En primer lugar, porque los recursos parafiscales administrados por las cajas no pueden ser objeto de donación. Y también porque, aunque pudieran disponer de recursos propios, quien hizo esa invitación es quien vigila a las cajas y tiene facultades para intervenirlas. No obstante, Pérez está convencido de que jamás cruzó la raya disciplinaria y explica: “Ningún director me ha expresado molestia con la solicitud de ser solidarios. Algunos me dijeron que no podían aportar por asuntos legales o porque no tenían plata, como otras cajas que sí tienen otras unidades de negocio. Lo entendí. Acabo de recibir una solicitud similar para tratar de ayudar en la crisis del invierno en Cauca, a ver qué puede hacer la caja de Nariño: desde promover ollas comunitarias y tener centros de acopio hasta mantener los precios de los medicamentos congelados en las farmacias de la caja”.
En resumen, para Pérez aportar al proyecto de paz total no debería ser objeto de reproche alguno. “¿Pero no hay una especie de coacción ahí?”, le pregunto sin rodeos, “siendo que quien supervisa las cajas les pide recursos y que quienes no los aporten podrían entrar en malas migas con usted”. El superintendente responde sin alterarse: “Eso podría esperarse de personajes sin ética. A lo largo de mi vida me he dedicado a defender los derechos humanos y mis compromisos están con el debido proceso y el respeto de mis obligaciones como servidor público. Mi hoja de vida pública es irreprochable, así que nadie podría pensar eso. Hubo directores que me dijeron que no iban a aportar, porque esa petición no hacía parte de su misionalidad y yo les dije que no había problema y tengo las mejores relaciones con ellos. Quienes aportaron lo hicieron convocando a empresarios que integran sus consejos de dirección. Eso hicieron Colsubsidio, Cafam y Compensar, por ejemplo”.
El 26 de noviembre pasado, otro requerimiento suyo a las cajas volvió a generar inquietudes. Esta vez les pidió información detallada de la totalidad de sus trabajadores, incluidos sus directores y consejos directivos, el monto de sus salarios, la antigüedad y la modalidad de vinculación. Además, les dio tres días para que enviaran sus respuestas. Sorprendidos, los directivos de las cajas le pidieron un concepto a Asocajas (asociación que las agremia), pues no es usual que el superintendente se meta en asuntos de derecho privado. Asocajas les recordó que las cajas de compensación familiar son corporaciones de derecho privado y que sus trabajadores son particulares. “Esta relación de trabajo es regida por el derecho de libre empresa”, advierte el documento. Además, les señaló que debían proteger la intimidad de sus empleados, cumpliendo la ley de habeas data. En todo caso les explicó que eran libres de contestar dicha petición aun cuando no se daba en el marco de un proceso de vigilancia.
En total, 24 cajas respondieron completamente el requerimiento, 16 lo hicieron parcialmente, pues no entregaron información de sus directivos, y tres cajas se negaron a hacerlo. Este requerimiento está siendo evaluado por la Procuraduría para establecer si Pérez está facultado para solicitar ese tipo de información a empresas que se rigen por el derecho privado. “Se me está reprochando porque pido la nómina de los trabajadores de las cajas y de sus directivos y cuánto ganan, que hace parte de mi misión en la Superintendencia”, argumenta. Según su tesis, hay recursos públicos parafiscales que administran las cajas y él tiene la obligación de velar para que se inviertan en lo que toca: el bienestar de cerca de 10 millones de trabajadores y sus familias. Tener la radiografía del mapa de la contratación de estas empresas, añade, resulta muy útil para saber si puede haber presuntos abusos en contratos por prestación de servicio a personal que lleva décadas en sus oficios.
“Las cajas deben generar trabajo decente. En mis encuentros con los trabajadores de distintas cajas, muchos me han expresado su preocupación porque llevan años contratados por prestación de servicio y yo les he pedido a las cajas que avancemos en la formalización del trabajo para generar oportunidades permanentes y estables a sus empleados”, manifiesta. Y entonces explica que esas contrataciones por prestación de servicio, en tiempos electorales, muchas veces son aprovechadas por los políticos regionales que han “tocado” a esas cajas para obligar a esos contratistas a votar por ellos so pena de no renovarles el contrato. “Hay personas a las que les interesa mantener el ‘statu quo’, que están muy satisfechas por cómo han venido manejando las cajas, pero este es el Gobierno del cambio. Por eso es importante tener esa información sobre la modalidad de contratación de los trabajadores y sus salarios”.
El pasado 9 de diciembre, durante un evento de la Superintendencia que reunió a todo el gremio, Luis Guillermo Pérez lanzó una frase que preocupó a muchos directores de las cajas. Tras reiterar su idea de que las cajas debían avanzar, en la medida de sus posibilidades, en una política de contratación de sus empleados a término indefinido, dijo: “Las cajas intervenidas [por la entidad] lo van a hacer [contratar a término indefinido]. Las cajas que piensan que yo las voy a intervenir también lo están haciendo, pero no se asusten por eso [risas]”. Claramente era un chiste y el auditorio se rió, pero a muchos les quedó la sensación de que detrás de esa frase había una advertencia. “En el mejor de los casos, fue un pésimo chiste”, le contó a este diario un asistente a ese evento. “Aunque la frase pudo ser desafortunada, no reviste falta disciplinaria. Es su forma de ser”, lo defendió una persona que lo conoce desde hace años.
El tercer tema por el que está siendo investigado el Supersubsidio es por la queja de que modificó de manera irregular el procedimiento para conformar las listas de elegibles de agentes interventores y que, en virtud de ello, designó agente interventor de la caja del Huila a Juan Carlos Carvajal, el pasado 3 de noviembre, quien no estaba en la lista que había dejado la administración pasada. Aquí la cosa se pone delicada, pues Pérez no solo sostiene que sus competencias legales le permitían ampliar la lista de candidatos para ejercer esos cargos de vigilancia y que su antecesor, “en un acto de mal gusto”, había dejado una lista amarrada, sino que se va con todo contra Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social. Un informe de ella, elaborado el pasado 13 de diciembre, hizo que Sonia Téllez Beltrán, procuradora para la Vigilancia Administrativa, le abriera investigación formal a Pérez.
En ese reporte, la procuradora Ojeda Visbal reseñó las tres conductas del superintendente Pérez que dieron lugar a la indagación disciplinaria; esto es sus requerimientos a las cajas para saber en detalle cómo están sus nóminas y bajo qué modalidad laboral; su petición de aportes solidarios a Buenaventura y, por último, el episodio de las listas de elegibles para ser agentes interventores de cajas en apuros administrativos. Ojeda Visbal empezó a requerir al alto funcionario desde el 9 de diciembre y le pidió respuestas de sus actuaciones. Pérez le contestó el 19 de diciembre todas sus inquietudes, pero ya entonces la procuradora había elaborado el informe que derivó en la investigación formal que le abrió el despacho de Sonia Téllez el 23 de diciembre.
¿Cuál es lío? Según Pérez, este expediente arrancó chueco porque Ojeda Visbal estaba impedida. ¿La razón? Su hija Paula Marcela Ojeda aspiraba a ser elegida agente interventora en la Superintendencia. Es decir, mientras su madre pedía indagar a Pérez por haber modificado esa lista de elegibles, su hija participaba en un proceso para ser agente interventora en virtud de esa modificación. Al final no fue elegida porque, según la entidad, “no adjuntó los certificados laborales”. Con base en este episodio, Pérez recusó a la procuradora Ojeda Visbal y pidió una investigación disciplinaria en su contra. “Ella debió haberse declarado impedida. No le queda bien a ella ni a la Procuraduría que representa promover una investigación contra mí cuando tenía interés directo en relación con la posible inclusión de su hija en una lista de esta naturaleza. Voy a pedir la nulidad del proceso porque nunca debió haberse producido ese informe en donde la señora Ojeda pide que se me investigue”, dice el funcionario. El Espectador consultó a la procuradora Ojeda, quien señaló que sus actuaciones se han ceñido a la ley, que no tiene impedimento alguno y que a su hija “la metieron” en esa lista.
Cuando se le indagó por esa afirmación, insistió en que su hija jamás ha tenido interés en ese cargo, que tiene una hoja de vida con una larga trayectoria y que fue subdirectora de Subsidio Familiar del Ministerio de Trabajo del gobierno de Iván Duque. “Yo hago el reporte con los insumos de un debate en el Congreso [contra el superintendente] y los que me pasan otras entidades. Y allá [en la Superintendencia] sacan una resolución, el 28 de diciembre, donde meten a mi hija en una lista de elegibles. ¿Eso qué es? No tengo ninguna preocupación por lo que están armando. Que investiguen lo que tengan que investigar. Yo respondo por la integridad y la probidad de la hija mía. Y no conozco que se haya postulado. Ella se entera de eso cuando sale esa resolución y de inmediato dice que no está interesada”. Según la procuradora Ojeda Visbal, alguien “metió” a su hija en ese proceso, pero documentos en poder de este diario demuestran que no fue así.
El 26 de octubre de 2022, del correo electrónico de Paula Marcela Ojeda se envió a la Superintendencia su postulación para ser agente interventora de esa entidad. “Por medio del presente correo me permito enviar la lista de documentos requeridos para la postulación en la lista de elegibles como director administrativo”, escribió. Y además adjuntó su hoja de vida, sus diplomas universitarios y otras certificaciones. Aun así, la procuradora Ojeda Visbal dio a entender que aquí había algo muy raro y que su hija había recibido información según la cual “la tenían fichada y que la iban a callar a ella y a mí. Yo informé de eso a un abogado, porque son unas amenazas”. Por último dijo: “No se metan con la hija mía, que el único pecado que ha tenido es servirle al Estado”. Más allá de si prospera o no esta recusación contra la procuradora Ojeda Visbal, los documentos en poder de este diario demuestran que su hija sí aspiró a un cargo en la Superintendencia de Pérez.
De vuelta a las denuncias, Luis Guillermo Pérez dice que encontró cosas muy delicadas de la pasada administración. “Había una nómina paralela que se contrató en pleno proceso electoral por más de $7.000 millones, y hemos estado preguntando qué hacían esas personas: ‘No, nada’, me cuentan. De eso se quejó el sindicato de la Superintendencia. Fuera de eso, Julián Molina, el superintendente anterior, viajó con todo su equipo a rendir cuentas a Santa Marta con la plata nuestra. Eso no tiene ninguna presentación. Y ya denunciamos también a los organismos de control que se pagó un contrato de tecnología por más de $1.000 millones cuya ejecución no pasó del 40 % y que, sin embargo, fue recibido a satisfacción. Además, después se celebró otro contrato con la misma compañía para hacerle mantenimiento a lo que no existía o no entregaron, que costó $200 millones más. Aquí sí esperaría yo la celeridad de la Procuraduría”, concluye Pérez.
Por Juan David Laverde Palma
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