Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En el Consejo de Estado cursa una tutela por la verdad. La ONG Temblores, la cual hizo un seguimiento a la extralimitación de la Fuerza Pública durante el paro nacional, pide la protección de su derecho a la información, el cual habría sido violentado por la Presidencia. El gobierno de Iván Duque no le ha respondido decenas de preguntas a Temblores, que pide saber qué se ha hecho con las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó a Colombia tras la visita en la que constató abusos en las manifestaciones 2021. Presidencia se ha negado a responder y avisó que no le ha hecho caso a la CIDH.
(Lea también: ‘Nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad’: Duque sobre CIDH)
El pasado 7 de julio se cumplió un año desde que la CIDH regañó a Colombia por permitir que sus miembros de la Fuerza Pública respondieran con violencia a la protesta. En el mismo documento, la Comisión entregó 41 recomendaciones, entre las que estaba transferir la Policía al Ministerio del Interior, asegurarse de que el Estado no realice retenciones arbitrarias y reforzar la confianza de la ciudadanía en la autoridad. Temblores envió una petición a Duque, relacionada con los avances de las recomendaciones; sin embargo, este redireccionó las preguntas a la Cancillería, la cual, el pasado 21 de junio, respondió que no está obligada a mover un dedo.
“Dichas recomendaciones no tienen el carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo cumplimiento generaría la responsabilidad del Estado, de tal suerte que los destinatarios de las recomendaciones no están obligados a someterse a ellas ni cometen una infracción internacional por no acatarlas”, respondió la Cancillería. Entonces, Temblores radicó una tutela contra la Presidencia para obtener la información, y la Sección Segunda del alto tribunal aceptó estudiar el recurso. La respuesta de la Presidencia a la corporación judicial, radicada el pasado 19 de julio, fue idéntica a la que dio la Cancillería: las 41 recomendaciones no son vinculantes.
(Lea también: CIDH pide investigación y claridad sobre 11 muertos de operación militar en Putumayo)
La abogada Diana Murcia, víctima ante la Corte IDH por presunta persecución estatal y apoderada de casos de pueblos indígenas y ambientales de países de la región, considera que la Presidencia debe cumplir de buena fe las peticiones: “Cuando el Estado dice que una recomendación no es una orden, está entregando una respuesta torpe. Cualquier Estado debería estar muy complacido de que un organismo internacional, en este caso experto en derechos humanos, le señale cuáles son sus puntos débiles. Eso le da la oportunidad a Colombia para corregirlos de forma preventiva. La CIDH, como órgano supervisor de la Convención Americana, tiene la tarea de promover derechos en los Estados miembros”.
Por su parte, Angela Caro, representante judicial de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), agregó: “La CIDH es uno de los organismos que hacen seguimiento al cumplimiento al respeto de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, las recomendaciones de sus informes son una hoja de ruta para que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Omitir dichas recomendaciones, cómo lo ha hecho el gobierno de Iván Duque, es desconocer dichas obligaciones, lo cual podría conllevar a qué se declare la responsabilidad del Estado en el estudio de peticiones que se presenten ante la Comisión”.
Temblores espera que el Consejo de Estado proteja sus derechos a la petición y al acceso a la información. Que la Presidencia, a la cual le quedan días bajo la administración Duque, entregue un informe detallado para dar cuenta de si Colombia se tomó en serio el regaño internacional en el marco de la protección de derechos humanos. ¿El Gobierno ha dialogado con los sectores vulnerables? ¿Se ha garantizado la independencia de los poderes públicos? ¿Protegieron a los testigos ante la CIDH? ¿Se elaboró un protocolo de prevención y sanción de extralimitación policial? ¿Ya hay razón de los desaparecidos? Son algunas preguntas.
(Lea también: Exmagistrado Carlos Bernal, postulado por Duque, es el nuevo comisionado de la CIDH)
Por otro lado, Temblores pide “que se entregue la información estadística solicitada sobre las masivas violaciones a derechos humanos en el marco del paro nacional de 2021”. Ese fue, justamente, uno de los puntos en los que Colombia se rajó ante la CIDH en el informe anual sobre graves violaciones en los países miembros del sistema interamericano, el cual fue publicado hace un mes. “La CIDH considera que el manejo de registros e hipótesis tan dispares sobre, por ejemplo, las personas fallecidas o lesionadas en el marco de las protestas genera un obstáculo en el acceso a la justicia”, se lee en el documento.
Mientras que Colombia reportó a la CIDH 29 posibles muertes relacionadas con la protesta, Temblores allegó documentación que concluye que las personas asesinadas fueron 44. Asimismo, la Campaña Defender la Libertad tiene un registro de 28 posibles muertes que vincularían a miembros de la Fuerza Pública y siete asesinatos por parte de civiles que no han sido identificados. Por otro lado, mientras la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos informó que hubo 1.140 lesionados durante las protestas, la Campaña informó sobre 1.790 personas heridas, 84 de las cuales fueron víctimas de lesiones oculares y 114 habrían resultado heridas con arma de fuego.
(Lea también: CIDH insta a Estado a cumplir recomendaciones de la CIDH)
Alejandro Lanz, codirector ejecutivo de Temblores, argumenta que las instituciones colombianas no dan garantías en cuanto a la recopilación de cifras. Lanz le explicó a este diario que Policía, Fiscalía y Medicina Legal hicieron registro independiente de las muertes en el marco del paro. “En la gran mayoría de los casos, cuando los cuerpos son levantados por la Sijín, las víctimas no son rotuladas, poniendo de presente que el presunto agresor sería un miembro de la Fuerza Pública”, dice. Sobre los desaparecidos, el último dato publicado por la Fiscalía corresponde a octubre de 2021, cuando se comunicó la desaparición de 276 ciudadanos y que en 27 casos seguía activo el mecanismo de búsqueda.
La abogada Murcia no descarta que al menos una de las violaciones perpetradas durante el paro sea estudiada por la CIDH y, luego, presentada como denuncia ante la Corte IDH, donde Colombia estará obligada a cumplir órdenes. “De aquí a quince años es posible que el Estado sea condenado por violación de derechos humanos durante la protesta. La CIDH también mide cómo es que los Estados van siendo receptivos a sus recomendaciones, las cuales son una gran oportunidad para mejorar la política pública”, concluyó. Murcia habla con conocimiento de causa, pues cuando fue miembro del Colectivo José Alvear Restrepo recibió hostigamientos que hoy están bajo examen en la Corte IDH.
(Lea también: “La comisión confía que las diferencias puedan ser superadas”: presidenta de la CIDH)
La Cancillería, al parecer, por su cuenta dio por satisfecha la petición de Temblores. Aunque no respondió el cuestionario de la ONG, argumentó que el Gobierno ha hecho “seguimiento a algunas de las recomendaciones” y explicó que Colombia ha enviado tres informes de seguimiento, el último en noviembre del año pasado. Además, asegura que el país participó en la audiencia pública convocada el 26 de octubre de 2021 por el órgano internacional. Con ello, la Cancillería considera que “el Estado y la CIDH han utilizado los canales institucionales dispuestos en los Estatutos de la Comisión para hacer seguimiento a las recomendaciones”.
En los cuatro años de Duque en el poder, diez casos que habían sido estudiados por la CIDH fueron remitidos por ese organismo a la Corte IDH ante la inacción del Estado. Ahora es el turno del Consejo de Estado para determinar si protege los derechos que Temblores considera vulnerados y le da órdenes a la Presidencia, entre ellas que el primer mandatario responda si tiene la disposición para cumplir las 41 recomendaciones. Una orden que llega a escasos días de que se posesione el nuevo gobierno, pero que se podría sumar a la extensa lista de llamados de las altas cortes a Duque y a la de los desplantes de su administración con el sistema interamericano de derechos humanos.
Conoce más