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Mientras en la Casa de Nariño el presidente Iván Duque anunciaba como nuevo ministro de Defensa a Diego Molano, desde el Bajo Cauca antioqueño se reportaba la décima masacre perpetrada en las pocas semanas que lleva 2021. Esta es apenas una muestra del complicado panorama que tendrá que encarar el nuevo jefe de esta cartera ministerial luego del fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo la semana pasada, tras contagiarse de COVID-19. El nuevo miembro del gabinete de Duque, quien venía de dirigir el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en su primer discurso señaló cuáles serán sus prioridades en los cerca de 17 meses que le quedan a este gobierno.
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“En este tiempo enfocaremos nuestros esfuerzos en cuatro aspectos principales: continuar y acelerar la lucha contra el narcotráfico, la defensa de la biodiversidad y los recursos naturales, el fortalecimiento de las capacidades de los soldados y policías para tener mayor presencia y cercanía con el fin de proteger a los colombianos, y, finalmente, estamos comprometidos en el acompañamiento y la logística de aplicación de la vacuna”, señaló el nuevo ministro como su hoja de ruta en la que incluyó la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Y agregó que las autoridades continuarán persiguiendo a las grandes cabezas de los grupos criminales: Otoniel, Iván Márquez, Gentil Duarte, Gabino, entre otros.
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Aunque Molano en su discurso resaltó la labor de la Fuerza Pública en la reducción de la comisión de delitos, la erradicación de cultivos ilícitos, los decomisos de alijos de cocaína y las capturas de fichas importantes del crimen organizado, las cifras y los hechos no juegan a su favor. En enero de 2021, por ejemplo, 21 líderes sociales y cinco excombatientes de las Farc fueron asesinados, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). A eso se suman las dramáticas cifras de 2020: 91 masacres perpetradas, 310 líderes sociales asesinados y 64 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, señaló Indepaz también.
Aunque la Fuerza Pública captura a fichas importantes de los grupos armados, estos rápidamente los reemplazan, haciendo que la lucha contra las organizaciones criminales se conviertan en algo que parece no tener fin. Un ejemplo fehaciente de esta situación, y que encarna uno de los retos de Molano, son las redes de narcotráfico que están al servicio de Otoniel, el máximo líder de la organización sucesora del paramilitarismo: el Clan del Golfo. Aunque desde hace seis años las autoridades han capturado a varios de sus lavadores de plata o las personas encargadas de administrar sus rentas criminales, la organización de Otoniel sigue siendo la que más envía alijos de cocaína al exterior.
A pesar de que las autoridades y el propio presidente Duque dicen que el líder del Clan del Golfo será detenido, han pasado más de cinco años desde que inició la Operación Agamenón, la cual busca dar con su paradero, pero, como se sabe, todavía no ha sido capturado. El Ejército y la Policía explican, desde 2018, que están cerrándole el cerco en el Nudo de Paramillo, donde se supone que se esconde junto con 12 hombres de su entera confianza. También indican que solo usa correos para comunicarse y que en el último tiempo ha tenido complicaciones de salud. Para el recién nombrado director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, dar con su captura es una prioridad.
A este escenario del narcotráfico se le suman las disidencias de las Farc -tanto las de Gentil Duarte como las de Iván Marquez– y los Caparros en la disputa por el control de los cultivos de coca como de los corredores estratégicos para su transporte y salida de la droga. Situación que se ha vuelto un drama humanitario en regiones como el Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Tumaco, el norte del Cauca, sur del Huila, sur de Córdoba, el Urabá, entre otras. El asunto es más delicado, ya que estas organizaciones mantienen estrechas relaciones con organizaciones criminales internacionales, como los carteles mexicanos, peligrosas bandas brasileñas y venezolanas en las respectivas fronteras.
El año que acaba de terminar fue un período más provechoso para la gente de Iván Márquez, pues logró ubicar sus fichas para manejar el negocio del narcotráfico en regiones como La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Casanare, sur del Huila, sur del Meta y, hasta donde se sabe, adelanta negociaciones con grupos criminales en Nariño, joya de la corona para los narcos. Tras labores de inteligencia, la Fuerza Pública estableció que Márquez se encontraría en algún punto de la frontera con Venezuela y que su gente se mueve principalmente en Arauca y Norte de Santander. Además, cerró pactos mafiosos tanto con la Constru (que le provee la droga) y el cartel de Jalisco Nueva Generación (a quienes le vende la cocaína).
En junio del año pasado, durante una sesión virtual del Senado, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, arrojó el preocupante dato sobre el aumento de disidentes. Señaló que entre 2018 y 2020 se duplicaron sus miembros y calculó que hay 4.600, de los cuales 2.600 están armados y el resto pertenecen a las redes de apoyo y milicias tanto rurales como urbanas. El entonces alto funcionario del gobierno de Iván Duque alertó que en el sur del Meta y Guaviare, donde precisamente opera este frente, se concentra una parte de los hombres armados de las disidencias.
Confianza Ciudadana
Tras dos años consecutivos de grandes escándalos tanto en el Ejército como en la Policía, en los que se puso en tela de juicio el uso del aparato de inteligencia militar y los abusos de autoridad contra la población civil, Molano tiene una ardua labor para mejorar la imagen de la Fuerza Pública. La muerte del abogado Javier Ordóñez mientras estaba bajo custodia policial, la violación de una menor indígena por parte de miembros del Ejército, los disparos indiscriminados de la Policía durante las protestas del 9-S en Bogotá, los seguimientos a periodistas por parte de la inteligencia militar y el bombardeo a un campamento guerrillero en donde había menores edad, son algunos de los episodios que han tenido en el ojo del huracán a la Fuerza Pública en el último tiempo.
Sobre este punto, el propio Molano aseguró durante su breve discurso que “se profundizará en la formación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”. Un pronunciamiento similar ocurrió en septiembre de 2020, cuando se conocieron los videos del caso Ordóñez. El entonces ministro Trujillo señaló que las reformas en el interior de la Policía venían “andando desde hace rato. La modernización es parte de esa política, que incluye distintos aspectos como su fundamento en derechos humanos, en la profesionalización de la Policía, en el mejoramiento de los procesos de selección, en los protocolos de actuación para que tengamos una Policía que responda a lo que son las expectativas legítimas de los colombianos”.
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