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Los nueve meses de 2025 han sido más que complejos para las labores de la fuerza pública en el país. De acuerdo con cifras del Ejército, hasta el mes de septiembre, se han presentado 33 asonadas protagonizadas por la población civil, quienes estarían siendo instrumentalizados por grupos armados para detener las labores de las autoridades en zonas donde se sostienen economías ilícitas como el narcotráfico y son corredores geográficos estratégicos para la distribución de la droga. En estas asonadas, según el Ejército, 336 uniformados han sido afectados, y en los departamentos donde más se han presentado estos fenómenos son en Guaviare, Nariño y Cauca, justamente donde se registraron las seis retenciones de uniformados de este año.
El caso más reciente es el del pasado domingo 7 de septiembre, en la vereda Los Tigres, en el municipio de El Tambo (Cauca). De acuerdo con la información oficial del Ejército, 72 soldados estaban adelantando misiones de la Operación Perseo 2, que busca retomar el control de territorio de esta zona del cañón del Micay, cuando 600 civiles los retuvieron por varias horas. La población, al parecer, actuó bajo la amenaza de hombres de la disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Horas después de conocerse la noticia, 26 militares lograron salir de la situación y en medio de exigencias por su liberación, los 45 restantes fueron liberados hacia el mediodía de este 8 de septiembre.
En los seis casos en los que militares han sido retenidos contra su voluntad en este año, todos han tenido un ingrediente en común: la comunidad civil es la que los priva de su libertad. Y en todos, sin excepción, las autoridades han señalado que los pobladores están siendo presionados por los grupos armados. Una estrategia de guerra que no es nueva, pero que sí plantea retos para la fuerza pública. Jorge Mantilla, experto en seguridad y quien se ha dedicado a estudiar las dinámicas del conflicto, explicó que la instrumentalización de la sociedad civil en estos escenarios implica una tensión de dos principios del Derecho Internacional Humanitario que complican la respuesta de la fuerza pública.
“Los dos principios son: el de distinción y el de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Esto obliga a revisar y actualizar la doctrina operacional de la Fuerza Pública, frente a la manera en que los grupos armados y el crimen organizado han reformulado sus estrategias. La disputa de estos grupos es por la legitimidad estatal en los territorios, pero sin enfrentarlo directamente en el plano militar. Lo demuestran prácticas como el uso de drones y la manipulación de comunidades. Dos hechos que confirman que estos grupos han evolucionado mucho más rápido que el Estado en el diseño de su estrategia”, expresó Mantilla en entrevista con El Espectador.
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Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y Paola Marín, investigadora de la línea de Paz, seguridad y DDHH, agregaron que “la estrategia de la sociedad civil como escudo humano se usa desde los años 60. Eso resulta muy complicado, sobre todo cuando los Estados tienen las normas del Derecho Internacional Humanitario muy establecidas. Los grupos echan mano del control territorial y eso lo ganan haciendo una especie de ejercicio de violencia pasivo-agresiva con las comunidades. Como diciendo: ‘si no me apoyas, te mato’. Es básicamente como la ecuación que los grupos armados tienen ahí. No tienen capacidad de confrontar a la fuerza pública con las reglas de juego de la confrontación militar y por eso se escudan en la población civil”.
Además, el investigador de crimen y profesor de la Universidad de Antioquia, Germán Valencia, anotó que los grupos armados no pretenden reemplazar la figura del Estado cuando instrumentalizan a la población en estos casos. “Lo que hacen es aprovechar la ausencia estatal para producir bienes como la coca, apoyados en una población que también vive de esto. Entre todos hacen una gobernanza ilegal, no criminal, en la cual aprovechan estos territorios. Cuando hay presencia del Estado se daña su negocio y todos se sienten ofuscados con esa situación, donde la fuerza pública actúa destruyendo laboratorios o cultivos y tratando que el narcotráfico no siga expandiéndose en un año muy difícil para el gobierno”.
La mirada de los expertos sirve para entender por qué el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, insiste en que usar a la población civil como escudo es una prueba de que, al menos en el terreno militar, el Estado lleva la delantera. En este contexto, el jefe de la cartera anunció que ya está replanteado la estrategia militar para darle otra mirada a la respuesta de las Fuerzas Armadas ante las asonadas que terminan en privaciones injustas de la libertad de uniformados. Una estrategia del conflicto armado que no es nueva, pero que sí se convirtió en palo en la rueda, no solo para cumplir la promesa del gobierno de llegar a esos territorios olvidados, sino para la respuesta de la fuerza pública.
Las seis retenciones de este año
La primera retención de militares fue el 6 de marzo, en el sector de La Hacienda, zona rural del corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca). Allí, 28 policías y un soldado fueron retenidos, luego de una fuerte confrontación con civiles que dejó varios vehículos militares quemados. La población exigía que el gobierno viajara hasta allí para hablar sobre temas como la sustitución de cultivos de uso ilícito y que se le pusiera freno a la Operación Perseo. Los uniformados estuvieron más de 40 horas en poder de la comunidad y fueron liberados el 7 de marzo, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijera desde Popayán que no se haría erradicación forzada de cultivos de coca en el cañón del Micay.
Luego, el 30 de abril, ocurrió de nuevo un hecho similar. Esta vez fue entre los municipios de Tumaco y Roberto Payán (Nariño), donde Cuatro infantes de la Armada Colombiana y cuatro soldados fueron retenidos cuando adelantaban operaciones de seguridad cerca a la Laguna Chimbuza. “Pobladores de la región los rodearon e impidieron que continuaran con la labor que venían realizando”, señaló el Ejército en su momento. Los uniformados estuvieron en poder de la comunidad durante un par de horas y fueron la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP OEA) y la Gobernación de Nariño quienes estuvieron al frente de la intervención para su liberación.
Una tercera retención de uniformados se registró casi dos meses después, el 21 de junio, en el municipio de El Tambo (Cauca). Cuatro uniformados fueron retenidos ese sábado, mientras adelantaban una operación militar que tenía como objetivo la ubicación de un supuesto líder del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”. Horas después la cifra aumentó a 31 militares y finalmente fueron 57 los uniformados que estuvieron en poder de la comunidad durante dos días. El 23 de julio fueron liberados en un operativo del Ejército y la Policía, en el que fueron capturadas 16 personas, señaladas de haber participado en el hecho. Sin embargo, cuatro días después fueron liberadas por orden de la Fiscalía.
La cuarta retención se presentó el 31 de julio, en Jamundí (Valle del Cauca), cuando 150 soldados, adscritos a la Brigada 29, fueron blanco de una asonada y estuvieron retenidos durante varias horas, por un grupo de 500 civiles. De los uniformados, 77 fueron desplazados hacia el corregimiento de Villa Colombia y los 73 restantes hacia zona rural del corregimiento de La Ampudia. Los civiles, según las autoridades, habrían actuado bajo la influencia del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, comandadas por “Iván Mordisco”. La retención tendría el objetivo de evitar los operativos en contra del narcotráfico y la producción de cocaína que se adelantaban en la región.
Casi un mes después, el 24 de agosto, en la vereda Nueva York del municipio El Retorno (Guaviare), el Ejército registró un nuevo hecho de este tipo. Tras fuertes combates entre las tropas y disidencias de las Farc, 33 militares fueron retenidos durante casi cinco días, hasta el 28 de agosto, por la comunidad. Su liberación, una vez más, fue gestionada por la Defensoría del Pueblo, la MAPP OEA y la Misión de Verificación de la ONU. Las autoridades señalaron que detrás de este hecho estaría Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias “Yimmi Parra”, actual jefe de la subestructura 44 del Estado Mayor Central (EMC) de “Iván Mordisco”.
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Sin embargo, la comunidad dijo que en los combates de ese 24 de agosto, cuando el Ejército además reportó la muerte de Willinton Vanegas Leyva, alias “Dumar”, y de nueve presuntos disidentes más, murió un civil llamado Ramiro Correa Ortiz. De acuerdo con el alcalde de El Retorno, Jhonny Casanova, la comunidad condicionó la liberación de los 33 militares a la entrega del cuerpo del civil. Ese hecho con versiones encontradas marcó un antecedente clave en el panorama del conflicto en esa región, pues mientras las autoridades sostenían que las retenciones eran incitadas por las disidencias de las Farc, la comunidad decía que solo pedían la entrega del cuerpo del civil muerto y que no tenían parte en la confrontación armada.
El último caso ocurrió el pasado domingo, 7 de septiembre, en la vereda Los Tigres, en el municipio de El Tambo (Cauca). Allí, según informaron las autoridades, 72 soldados estaban adelantando misiones de la Operación Perseo 2, que busca retomar el control de territorio de esta zona del cañón del Micay, cuando un grupo de al menos 600 civiles los retuvieron por varias horas. La población, al parecer, actuó bajo la amenaza de hombres de la disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Horas después de conocerse la noticia, 26 militares lograron salir de la situación y en medio de exigencias por su liberación, los 45 restantes fueron liberados hacia el mediodía de este 8 de septiembre.
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