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“El tema está aclarado”, aseguró el candidato presidencial Federico Gutiérrez, en marzo de este año, cuando le preguntaron en radio por los nexos que tuvo Gustavo Villegas Restrepo, su secretario de Seguridad en la Alcaldía de Medellín, con la Oficina de Envigado. Si bien Villegas negoció con el fiscal de su caso y ya pagó su condena, El Espectador tuvo acceso al expediente, habló con fuentes cercanas al proceso y encontró que el desenlace de su caso fue cuestionado. En documentos se muestra que en la Fiscalía levantó ampolla que el exsecretario terminara condenado por un delito menor (omisión de denuncia), a pesar de que la evidencia sugería hechos mucho más graves.
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Varias personas han encarado a Federico Gutiérrez por el episodio. Por ejemplo, en W Radio le preguntaron cómo se entendía que, a pesar de que “su bandera ha sido la seguridad”, su secretario terminara en este lío con esa organización criminal. Fundada por Pablo Escobar como una oficina de sicariato en los años 80, la Oficina de Envigado mutó luego a una estructura paramilitar, ahora netamente criminal, y ha sido un poder paralelo en Antioquia. En enero de este año, Gutiérrez dio la respuesta que ha dado desde 2018: defendió a Villegas, quien, dice, terminó condenado “por no denunciar una extorsión”. Y aunque esa versión es cierta, le faltan muchos ingredientes.
Gustavo Villegas fue capturado en 2017 junto a Mariano Humberto Zea, funcionario de la Secretaría de Seguridad, por los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad, y un juez los envió a la cárcel mientras eran investigados. El escrito de acusación con el que fueron llamados a juicio ese mismo año decía que Villegas negoció con la Oficina de Envigado un sometimiento a la justicia. A cambio, el exsecretario obtuvo “un reconocimiento ciudadano en el cumplimiento de sus funciones públicas, mostrando resultados efectivos, manteniendo bajos los índices delictivos en la ciudad, contando con el apoyo de los jefes de los diferentes combos”.
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Por eso, según una fuente que tiene cómo saberlo, al fiscal general de entonces, Néstor Humberto Martínez, le sorprendió tanto la negociación que hizo el fiscal del caso con la defensa de Villegas: le cambió el delito de concierto para delinquir por el de abuso de función pública. La investigación incluía interceptaciones, testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y un centenar de pruebas más que comprometían a Villegas con la Oficina de Envigado. Pero en febrero de 2018, el fiscal Andrés Mauricio Cabrera presentó el preacuerdo por un delito menor ante un juez, que le dio luz verde. Cuando en la Fiscalía se enteraron, encendieron las alarmas.
Rápidamente, nombraron a una fiscal de apoyo para que deshiciera el enredo. La fiscal María Helena Cortés presentó una nulidad ante el Tribunal de Medellín en la que desautorizó duramente a su antecesor. Su recurso reza: “El fiscal que presentó el preacuerdo ante el juez de conocimiento no observó las directrices emitidas por el ente acusador, extralimitándose amparado en el derecho a su autonomía como fiscal, puesto que se está desbordando los límites permitidos por la ley penal (…) Si se revisa la imputación y la acusación, el delito de concierto para delinquir no se presentaba de manera simple, sino con las agravantes: fines de homicidio, extorsión y narcotráfico”.
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Y añadió: “Dentro del preacuerdo se eliminó todos los ingredientes del tipo penal enjuiciado para pasar a un simple delito de abuso de autoridad, sin más”, lo que iría en contravía de una directiva de la Fiscalía General. El argumento de la fiscal Cortés recibió el respaldo de la Procuraduría. Inicialmente, el Ministerio Público no había objetado el preacuerdo, pero luego se sumó a la apelación ante el Tribunal de Medellín y señaló que “la esencia de las conductas es totalmente diferente”. El delito que le habían imputado a Villegas era una grave afrenta a la seguridad, pero terminó condenado por actuar por fuera de sus funciones.
Una fuente aseguró que el fiscal Andrés Mauricio Cabrera “se asustó” con las pruebas que presentó la defensa de Villegas, porque su caso podía tambalear. Por eso, agregó la fuente, decidió negociar en esas condiciones. El Espectador contactó a Andrés Felipe Arango, abogado del exsecretario de Seguridad, quien primero aclaró que no sabía si el fiscal se había asustado, pero que sí era cierto que presentaron un gran volumen de pruebas. Según explicó, documentos oficiales y más de cincuenta testimonios demostraban que los acercamientos para un sometimiento de la Oficina de Envigado habían iniciado antes de la Alcaldía de Gutiérrez y que la Fiscalía estaba enterada.
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El problema radicaba en que Gustavo Villegas no tenía autorización del presidente de entonces, Juan Manuel Santos, para hacer negociaciones. El abogado Arango agregó que, cuando firmó el preacuerdo con el fiscal del caso, el funcionario judicial le había dicho que tenía el visto bueno de sus jefes en la Fiscalía. Fuentes del ente investigador explicaron que, si bien la negociación del fiscal Cabrera “pudo dar lugar a malas interpretaciones”, en su momento no le abrieron investigaciones disciplinarias o penales a raíz de esas suspicacias, pues siempre ha sido reconocido como un funcionario “proactivo, juicioso y jurídico”.
De hecho, el Tribunal de Medellín negó los argumentos de la fiscal que pedía tumbar el pacto. A su juicio, la Fiscalía estaba buscando una “retractación velada”, lo que habría violado el derecho al debido proceso de Gustavo Villegas. El Espectador consultó a la campaña de Federico Gutiérrez sobre todo este lío y le preguntó si no creía que había aún asuntos por esclarecer sobre los nexos de su exsecretario de Seguridad con la Oficina, a lo que contestó: “No me corresponde decir lo que la Fiscalía en su independencia debe hacer. Solo me queda remitirme a las decisiones de esta institución y acatarlas”.
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La Silla Vacía contó uno de los incidentes del expediente que develarían esos vínculos: en 2017, tres fleteros fueron capturados en Medellín en tiempo récord, al parecer, como un favor de la Oficina de Envigado a Villegas. Sobre este mismo caso, que no habría sido el único, El Espectador conoció un mensaje enviado por el exsecretario de Seguridad a un emisario de la organización en el que le dijo: “Ayúdeme con los fleteros, localizando a los que están buscando”. Gutiérrez comentó sobre este suceso que sus resultados como alcalde “no son precisamente favores, sino una política decidida contra el crimen y a favor de la seguridad, la legalidad y la tranquilidad de los ciudadanos”.
Al referirse a este tema, Federico Gutiérrez ha dicho, además, que él no sabía de las gestiones de su secretario y que, si así hubiera sido, estaría siendo investigado. Gustavo Villegas cumplió su condena por un delito menor y continúa inhabilitado para ejercer cargos públicos. A pesar de que el ocaso de su carrera llegó como mano derecha de Gutiérrez, antes fue secretario Gobierno de Sergio Fajardo y estuvo en casi todas las administraciones de la capital antioqueña en las últimas tres décadas. Ya es un hombre libre y las dudas que tenían la Fiscalía y la Procuraduría sobre hasta dónde llegó su relación con la Oficina de Envigado no terminaron de aclararse.
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