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En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ya empiezan a tomar forma los expedientes en contra del presidente Gustavo Petro Urrego, por cuenta de la alertas que prendió su propio hijo, Nicolás Petro Burgos. Hasta esta instancia, la única que puede investigar al primer mandatario, han llegado siete denuncias que apuntan a una misma hipótesis: la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial que llevó al hoy presidente a la Casa de Nariño. La más reciente fue radicada el pasado lunes, luego de que un informe periodístico revelara la participación de un narco y su esposa en la campaña presidencial en Casanare.
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Además de las denuncias en contra de Petro, a la Comisión de Acusación llegó en las últimas horas un documento inusual. Bajo el título de: “Programa de Ética y Cumplimiento”, la defensa del primer mandatario se presentó ante los investigadores. A renglón seguido, en el memorial se lee que se trata de un protocolo especial para la “integridad y transparencia que rige al equipo de representación judicial del presidente de la República de Colombia. Dr. Gustavo Petro Urrego”. El documento, que tiene el visto bueno del abogado Mauricio Pava, el director del equipo de defensa del presidente, contiene la instrucción expresa que ya le dio su cliente para hacerle frente a esas siete denuncias en su contra.
El abogado Mauricio Pava y su equipo resumieron la expresa instrucción el presidente Petro en una figura jurídica que es usual verla en procesos de tribunales internacionales, en especial en Estados Unidos y el Reino Unido: la doctrina de las manos limpias (en inglés se llama Clean Hands Doctrine). Según el Instituto de Información Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell, esta doctrina está basada en el principio de equidad que establece que quien entra a un proceso judicial “debe venir con las manos limpias”. En otras palabras, que las partes de un proceso van a actuar de buena fe durante el proceso y no tienen nada que esconder.
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“El presidente, consciente de la importancia de garantizar el compromiso de ética y la transparencia para la preservación de la administración de justicia, al momento de otorgar poder para su representación, instruyó a su apoderado judicial que todos aquellos que a cualquier título se integren al equipo de defensa, deben observar la Constitución Política y la Ley; comportarse en el marco de las normas del código profesional; atender los criterios de dignidad y decoro de la profesión; actuar con mesura, seriedad y respeto con las institucionales que administran judicial; prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos; adoptar metodologías y parámetros para el recaudo de información de elementos materiales probatorios que garanticen transparencia y veracidad; y exhortar en todo momento a los testigos a declarar con verdad”, se lee en el documento.
El protocolo, según se lee en el documento radicado en la Comisión de Acusación, lo va a conocer cualquier persona que tenga que ver con los casos del presidente Petro, desde sus propios abogados, pero también consultores, asesores y “en general, cualquier persona interesada en aportar al equipo de defensa”. Quienes ya conocen el documento le contaron a El Espectador que, aunque pareciera lógico que en la investigación de un presidente nada puede salir mal, los antecedentes en el país dejan claro que sí es necesaria una declaración de ética y cumplimiento para blindar un proceso de este tipo y darle todas las garantías de éxito. Los antecedentes, agregan las fuentes, son ejemplo de la importancia de un protocolo así.
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El hecho más claro es el episodio de la Comisión de Acusación en 1995, cuando desarrolló el juicio político al entonces presidente Ernesto Samper, por el denominado Proceso 8.000. Mientras públicamente los colombianos conocieron la probable entrada de dinero del cartel de Cali a su campaña presidencial, esta Comisión, liderada por el representante Heine Mogollón, hizo poco o nada, mientras la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, a la par, investigaron hasta lograr numerosas condenas. Aunque Mogollón interrogó a jefes del cartel de Cali y las pruebas reveladas al público parecían incriminatorias, en diciembre de 1995 presentó un auto inhibitorio a favor de Samper.
El expresidente quedó libre de toda culpa en junio de 1996, cuando la Cámara de Representantes votó 111 a 43 para concluir la investigación, explicando que no se demostró el ingreso de dineros del narcotráfico. Sin embargo, el fiscal general Alfonso Valdivieso, en cuya administración se logró la condena del director de campaña de Samper, Fernando Botero, ha criticado duramente esta decisión, pues consideró que a “Samper se le absolvió sin habérsele investigado”. Incluso, William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, publicó un libro en el que confesó que a Mogollón se le entregaron miles de dólares para cerrar el caso. Un hombre que, aparte, había apoyado la campaña liberal y que fue denunciado ante el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Nunca se le comprobó algo.
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Otro de los antecedentes que este protocolo podría evitar, agregan las fuentes, es el del ampliamente conocido cartel de la toga: una maquinaria corrupta que funcionó al interior de la cúpula de la justicia, en la que abogados y aforados negociaron decisiones judiciales a cambio de grandes sumas de dinero. En este escándalo judicial, la justicia ya comprobó que el cartel fue impulsado por personajes como Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, quien era el encargado de negociar los fallos como enlace de funcionarios públicos con altos cargos y togados como Francisco Ricaurte, quien alcanzó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y ya fue condenado por estos hechos de corrupción, así como otros colegas.
Además, las investigaciones han resultado en otras condenas como la del exmagistrado Gustavo Malo, así como el juicio contra del exmagistrado Leonidas Bustos. Las pesquisas han permitido concluir que el cartel funcionó como freno para investigaciones por el cartel de la hemofilia, a través del cual se desfalcó el erario de la Gobernación de Córdoba, además, este episodio de la justicia tiene bajo la lupa a más de una decena de funcionarios públicos. “En este país, en el que se normalizaron prácticas como la del cartel de la toga y en la que las dudas han sido más que las certezas en las investigaciones judiciales más importantes de los últimos tiempos, tiene sentido que el presidente Petro quiera blindarse con un protocolo así”, explicaron fuentes de la Comisión de Acusación.
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Ahora, con el protocolo listo para presentarlo a cualquier persona que se asome a los expedientes, la defensa del presidente empieza a moverse. En los próximos días, mientras la Comisión termina de resolver tres recusaciones en contra de los congresistas, el abogado Mauricio Pava le pedirá a la entidad que unifique las denuncias que ya fueron presentadas y que, quienes las hicieron, ratifiquen o desistan de sus peticiones. Así empiezan conocerse las primeras puntas de lo que podría ser el expediente judicial de la década.
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