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“El 90 % de toda la cocaína en Estados Unidos proviene de Colombia”, aseguró el jueves pasado la directora de la DEA, Anne Milgram, desde Nueva York. Lo dijo rodeada de los pesos pesados, como ella, de la justicia de ese país, en una declaración después de la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Añadió que el Clan del Golfo, dirigido por Otoniel, “es el cartel de drogas más grande que opera en Colombia”, pero reconoció que, aun habiendo capturado a su máximo líder, su trabajo debe continuar para hablar de un desmantelamiento de la organización. Mientras tanto, en diversas regiones se comienzan a sentir coletazos del envío del capo a ese país de Norteamérica.
La captura de Otoniel, en octubre de 2021, fue presentada como el comienzo del fin de la organización criminal que comandaba. “Con este golpe se marca el final del Clan del Golfo”, fueron las palabras del presidente Iván Duque. Pero siete meses más tarde, ese mismo grupo armado está en capacidad de imponer un paro armado en al menos seis departamentos del país”, comentó Juan Pappier, investigador de la ONG Human Rights Watch. Y explicó: “Esta es una demostración de que el Gobierno colombiano tiene una política de seguridad que parte de un diagnóstico errado: creer que basta con capturar a los cabecillas para desmantelar a estos grupos armados”.
Durante la rueda de presa en Nueva York, un periodista le cuestionó a Milgram si la extradición de Otoniel no era otro episodio más en el que la DEA perseguía a un gran narco, solo para que pronto hubiera otro jefe. La directora contestó con mea culpa y una aclaración: “Históricamente nos hemos centrado en los líderes de los carteles internacionales. Quiero dejar muy claro que eso no es lo que ha sucedido aquí. Ha habido 115 arrestos en el último año, así como múltiples incautaciones. Nuestro trabajo continúa, nuevamente, con el objetivo de desmantelar las redes, no solo los objetivos de alto valor”.
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Pappier considera que por ese camino debería estar enfocada la política de seguridad de un nuevo gobierno: primero en proteger a la población civil y, segundo, velar por desarticular las organizaciones. Para el investigador, la estrategia se debe enfocar en “enfrentar sus economías ilícitas, sus fuentes de financiamiento, el lavado de dinero y evitar y castigar la corrupción. Esta última permite, en muchos casos, que grupos armados operen con algunos niveles de connivencia de funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad”. “No solamente en capturar a cabecillas”, insistió Pappier, pues está demostrado que los grupos son resilientes y los reemplazan rápidamente.
Desde que Otoniel fue capturado se ha especulado sobre quién ocuparía su lugar. Al parecer, quien tomó las riendas de la estructura sucesora del paramilitarismo fue alias Chiquito Malo, principal coordinador del envío de cargamentos de cocaína del Clan del Golfo a Estados Unidos y Europa, y antiguo integrante del bloque Bananero de las Autodefensas. Seguido estaría alias Gonzalito, otro paramilitar de la entera confianza de Otoniel que trabajó para los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, y que hoy tendría bajo su mando la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, con unos 1.220 hombres en Córdoba, Chocó, Sucre y Antioquia.
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En los días siguientes a la captura de Otoniel, fuentes policiales, incluso el director de la Policía, el general Jorge Vargas, y el ministro de Defensa, Diego Molano, señalaron que habría una pugna en el Clan del Golfo. Sin embargo, en los comunicados que ha emitido desde entonces el grupo criminal (de todos no es confirmada su veracidad) han asegurado que permanecen unidos y no hay disputas internas. Un hecho indicador de esa cohesión y fuerza, como anotó Pappier, es el paro armado que decretó el grupo tras la extradición de su máximo líder. El primer efecto de ese anuncio fue el confinamiento de 16 comunidades y acciones armadas en seis departamentos.
Un asunto que tendrán que definir Chiquito Malo y Gonzalito es su relación con otros grupos armados. Por ejemplo, con La Oficina, el grupo criminal que opera en el Valle de Aburrá y con el que el Clan del Golfo tenía, desde 2013, acuerdo de no agresión y negocios para exportar cocaína. Dos días antes de la extradición de Otoniel, la Defensoría del Pueblo alertó de un riesgo inminente de confrontación, ya que ese acuerdo estaría a punto de desmoronarse, pues los dos grupos entraron en disputa en Titiribí (Antioquia). Fuentes de la Policía y asesores jurídicos de La Oficina concuerdan en que el lío pronto sería solucionado y hablan de un gana-gana para los dos bandos.
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Además de resolver los líos con La Oficina, los hombres que dejó Otoniel tienen otra cuenta pendiente con carteles internacionales. La justicia estadounidense acusa al Clan del Golfo de ingresar más de 90.000 kilogramos de cocaína a ese país entre 2003 y 2021. Buena parte entró por Centroamérica, explicó Milgram, por los negocios del Clan con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En los cargamentos de estos grupos de crimen organizado, añadió la directora de la DEA, están mezclando cocaína colombiana con fentanilo, un coctel mortal que en seis semanas cobró la vida de 29 estadounidenses. Varias fuentes confirmaron que Chiquito Malo fue el encargado de gestar esas alianzas con carteles de otros países.
Ante ese panorama, en Estados Unidos anuncian que seguirán investigando al Clan del Golfo, mientras el gobierno del presidente Duque creó un “bloque de búsqueda” para acabar con los “reductos” de la organización, con un énfasis en el Caribe y Chocó, donde son más fuertes. Pappier considera valioso, en últimas, que Otoniel haya sido capturado para que rinda cuentas por los delitos que se le endilgan, entre los que habría crímenes de guerra. O, como lo dijo Milgram desde Nueva York: “Es increíblemente significativo que el líder y, realmente, el fundador del Clan del Golfo esté bajo custodia y se enfrente a la justicia”.
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