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El expediente en contra del senador liberal Mario Castaño lo señala de ser la cabeza de un esquema delincuencial que entregaba contratos y puestos en una docena de entidades públicas, a cambio de su tajada. No es cualquier investigación por hechos de corrupción. A Castaño se le sindica de estar al frente de una organización criminal por la que ya hay diez personas privadas de la libertad. Sin embargo, el engranaje corrupto no habría sido desmantelado del todo aún, según se desprende de documentos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que conoció este diario. Aunque Castaño siempre se declaró inocente, al cierre de esta edición la diligencia de indagatoria que comenzó el viernes después de mediodía, en donde podía aceptar cargos o no, seguía en firme.
La Corte ordenó su captura, porque existen indicios de que la organización delincuencial, supuestamente dirigida por Mario Castaño, podía seguir activa. Además, habría riesgos de que el senador liberal o personas cercanas a él destruyeran pruebas antes de que fueran recabadas o, incluso, de que se consumaran nuevos hechos de corrupción. Así las cosas, a pesar de asegurar durante los últimos tres meses que la Fiscalía lo perseguía y que las conversaciones telefónicas en las que se le escucha hablando de contratos y millones de pesos estaban sacadas de contexto, Castaño fue capturado la noche del martes 7 de junio cuando salía del Capitolio.
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Una escena así no se veía desde el escándalo de la parapolítica. Miembros del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el Congreso, ubicaron al senador caldense, le leyeron sus derechos y lo trasladaron al búnker del ente investigador. Mientras tanto, en cinco departamentos se iniciaban operativos para ocupar 31 bienes que estarían a su nombre: casas, carros y locales avaluados en más de $5.000 millones atravesarán un proceso de extinción de dominio. Los cargos que le endilgan no son menores: concierto para delinquir, interés indebido en contratos, peculado, concusión (cuando un funcionario exige dineros por algo relacionado con su función) y estafa agravada.
En los audios que ha revelado la Fiscalía se escucha a Castaño decirle a Juan Carlos Martínez (prófugo), quien fuera su mano derecha en todo el entramado: “Uno tiene que ser empresario antes que político”. Precisamente por conversaciones que interceptó entre Castaño y el odontólogo Martínez, y de este con otros asesores, constructores y funcionarios, la Corte Suprema concluyó que era necesario abrirle una investigación formal. Al parecer, para entregar a determinadas alcaldías los cupos indicativos que le asignaban, el senador exigía el pago de un porcentaje o que le nombraran a personas que ellos señalaban.
Los contratos
La Fiscalía explicó la magnitud del caso desde que empezó este escándalo de corrupción. En marzo pasado, durante las audiencias en contra de las primeras personas capturadas, el ente investigador contó que apenas en dos años la estructura ilegal, supuestamente a la cabeza del senador Mario Castaño, había tocado más de cincuenta contratos, que sumarían más de $43.433 millones. Según la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía, que lidera el caso, la estela de corrupción llegó a varios departamentos, entre ellos Caldas, cuna del congresista, pero también a Chocó, Risaralda y Boyacá.
Además de sus habilidades para quedarse con dineros de negocios públicos, también habrían conseguido al menos 17 nombramientos en entidades estatales. Su esquema de trabajo, explicó la Fiscalía, era simple: “Tú me das el contrato, yo te consigo el puesto”. La especialidad de la red se concentró en cuatro temas: remodelación o construcción de escenarios deportivos, obras de alcantarillado, pavimento de vías en municipios y contratos para construir proyectos bajo la política de Sacúdete al Parque, uno de los programas bandera del gobierno de Iván Duque para la juventud del país, que maneja el Ministerio del Interior.
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Las investigaciones todavía no aclaran exactamente cuántos y cuáles son los negocios en que habrían intervenido el senador Castaño y su red para quedarse con una cuantiosa tajada. Sin embargo, datos públicos de contratación permiten dar una pincelada sobre lo que alcanzó a tocar este grupo criminal. Por mencionar algunos de ellos: obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por $10.000 millones, la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por $1.250 millones, la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por $16.424 millones y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por $1.000 millones.
A este listado se le pueden sumar dos más que son claves en la investigación de la Fiscalía y del expediente que ahora empieza a avanzar en la Corte Suprema. El primero es la construcción de un parque en el municipio de Balboa (Risaralda), una obra bajo el marco del proyecto del gobierno Sacúdete al Parque. La opción de tener una construcción de este tipo llegó hace dos años a esta zona del Eje Cafetero. A grandes rasgos, la construcción consta de una cancha de microfútbol, con la opción de tener grama sintética, una cafetería, baños, un auditorio abierto y aparatos para hacer gimnasia.
Según la investigación que tiene preso al senador Castaño, la red debía garantizarle $100 millones al congresista por cada contrato de estos parques. Así se habría adjudicado el contrato en Balboa. Por un valor de $1.125 millones: la Alcaldía de ese municipio le otorgó el negocio al consorcio Sacúdete Balboa el 2 de marzo pasado, dos días antes de que estallara el escándalo de corrupción con las capturas de las primeras nueve personas que pertenecerían al grupo liderado por el congresista. A simple vista, los archivos públicos de este contrato no dan pistas de relaciones con los capturados ni con Castaño.
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Sin embargo, el consorcio que se quedó con el contrato público está compuesto, en parte, por una empresa que ya había sido mencionada en otro escándalo de corrupción en el que figura Emilio Tapia, el zar de la contratación. Se trata de Betcon Ingeniería SAS, cuyo único accionista es Conning Construcción y Obras de Ingeniería Civil. Según una publicación de La Silla Vacía, esta última compañía es, a su vez, accionista de Andina Ingeniería & Construcciones, perteneciente a un consorcio que presentó un documento falso durante una millonaria licitación en Caimito (Sucre), por un contrato de $32.000 millones.
El otro miembro del consorcio que se quedó con esta obra, que buscaba pavimentar la vía entre Caimito y La Unión, tiene vínculos con las empresas de Centros Poblados y Ottomar Lascarro, las mismas que protagonizaron el escándalo con el Ministerio de las Telecomunicaciones, por el que está preso Emilio Tapias. Varios de sus accionistas terminaron envueltos en la investigación que adelantan la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría por la supuesta desviación de un anticipo de $70.000 millones de un billonario contrato que buscaba llevar internet a zonas rurales, que tenía una vigencia de más de treinta años.
Es decir, las mismas personas protagonistas del escándalo que le costó el puesto a la exministra Karen Abudinen y regresó a la cárcel a Emilio Tapia. El enredo de estos contratos y de los protagonistas que siguen saliendo mencionados en escándalos de corrupción son materia de investigación de las autoridades. En ese listado de contratos que tienen bajo la lupa al senador Mario Castaño hay otra clave: un negocio para la comercialización del aguardiente en Chocó. La importancia de este negocio, según el expediente, es que le daba una renta a Castaño de $15.000 a $20.000 millones por año.
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El contrato para la comercialización del aguardiente Platino, que se consume en Chocó, lo tiene hace años la Industria Licorera de Caldas. Justamente en esta compañía inició la carrera política de Mario Castaño, hace ya un par de décadas como dirigente sindical. Según documentos de la Asamblea Departamental de Chocó, en julio de 2020, esa corporación aprobó darle facultades al gobernador Ariel Palacios para que renegociara el contrato con la Licorera de Caldas. En una interceptación, seis meses más tarde, Castaño le dijo a Martínez que le habían prorrogado el contrato por quince años y que, además, le habían dado el de transporte.
La génesis
Las autoridades pusieron la lupa sobre el senador Castaño, elegido en marzo pasado para su tercer período en el Congreso, cuando la Fiscalía inició la investigación en contra de sus allegados. En el centro del expediente está Juan Carlos Martínez, quien no ha podido ser localizado. Pero ya fueron imputados los hermanos Claudia Marcela y Santiago Castaño Morales, contratistas de construcción; Wilmar Herrera, exalcalde de Norcasia (Caldas), la comunicadora Lorena Cañón; Juan Sebastián Vargas, exsecretario de Planeación de Manzanares (Caldas), Harvis Rentería, Daniela Ospina, Alejandro Noreña, Yeiler Javier Sánchez y John Alexánder Sánchez.
Los diez fueron judicializados por concierto para delinquir, estafa e interés indebido en la celebración de contratos. Claudia Castaño aceptó los cargos y los demás se declararon inocentes. En los últimos días, trascendió que dos de ellos estarían buscando negociar con la Fiscalía una rebaja de pena si aceptan su participación en el entramado de corrupción por preacuerdo. Asimismo, a la comunicadora Cañón le imputarán nuevos cargos. Mientras tanto, Martínez, quien es llamado por muchos el dueño de los secretos de Castaño o “el hombre del maletín”, sigue sin enfrentarse a la justicia.
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Para la Fiscalía, todos los procesados que hoy están privados de la libertad adelantaron maniobras para amañar contratos de los que pudieran lucrarse económicamente. Esas actuaciones, según la compulsa de copias que reposa en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, fueron lideradas por el senador Mario Castaño, quien sostuvo una relación cercana con Juan Carlos Martínez. Según se le escucha decir a Martínez en interceptaciones de llamadas de 2021, el congresista lo dejó encargado de llevar a buen término varios proyectos y contratos. En una conversación, incluso, el odontólogo dijo que es la “mano derecha” del senador.
En otra de las interceptaciones, Martínez le dice al contratista Santiago Castaño que ese año su situación económica mejoraría, puesto que el senador le entregaría porcentajes por cada contrato que logre finiquitar. Y el otro respondió: “Juan, usted este año sale de todas sus deudas”. El auto de la Corte que abrió la investigación formal sostiene: “En otra de las escuchas, Juan Carlos Martínez conversa con Santiago Castaño, advirtiéndole el presunto liderazgo del senador Castaño en la red criminal, dentro de la cual impartiría órdenes acerca de porcentajes de posibles rentas ilícitas (…) e, incluso, recomendaciones de prudencia en la administración de los réditos obtenidos”.
Lo que viene
Los diez implicados en el entramado podrían ser llamados a juicio en las próximas semanas, a pesar de las negociaciones en curso. En diálogo con este diario, el abogado Arístides Betancourt, quien defiende al exalcalde Herrera, aseguró que enfrentarán el proceso porque tienen la certeza de su inocencia. El defensor dijo que no existen contratos que vinculen a su cliente con una organización criminal, como asegura la Fiscalía. Asimismo, la Fiscalía congeló 21 inmuebles urbanos, siete vehículos, dos sociedades y un establecimiento de comercio vinculados con Mario Castaño, mientras se aclara el origen del cuantioso patrimonio del congresista.
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En la Corte, el magistrado Rodríguez debe definir si ordena la detención preventiva de Mario Castaño, decisión en la que pesará lo que sucedió en la indagatoria que comenzó el pasado viernes en compañía de su abogado: el exvicefiscal Jorge Perdomo. En materia política, su panorama también se puede enredar, ya que, si sigue privado de la libertad, no podrá presentarse el próximo 20 de julio a posesionarse en el Congreso. Esa eventual ausencia desencadenaría un proceso de pérdida de investidura. Es decir, antes de que se defina si en efecto lideró una organización criminal dedicada a saquear el Estado, se podría terminar decretando su muerte política.
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