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En 1988, Heriberto Ayala, el hijo del campesino y militante de la Unión Patriótica Saúl Ayala, fue acribillado por sicarios en Barrancabermeja (Santander). Dos meses después, el padre se salvó de morir en un atentado similar. En cuestión de días, dos de sus sobrinos fueron fusilados en Simacota (Santander), luego de ofrecerles limonada a soldados del Batallón Luciano de D’Elhuyar. A la esposa de Saúl Ayala, Silvia Puerta, le pusieron un revólver en la frente, en la finca de ambos, por no entregar información al Ejército. La seguidilla de hechos violentos reposan en uno de los miles de casos de restitución de tierras en Colombia. Sin embargo, este es único, podría marcar un antes y un después para la justicia y tiene enfrentadas a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y a la Corte Constitucional.
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El Espectador conoció que el alto tribunal estudia una solicitud de nulidad que presentó la propia Unidad. En ella, la entidad que dirige Giovani Yule le pidió a la Corte que revise una sentencia que se conoció el año pasado, cuya víctima es la familia Ayala, en la que la misma Corte, al parecer, habría cambiado el proceso de restitución de tierras. Lo que la URT le expuso al alto tribunal es que la interpretación que hicieron los magistrados no es correcta, podría alargar los ya demorados procesos de restitución y, además, cambió los estándares que deben seguir las empresas o personas que quieran acreditarse como compradores de buena fe, al parecer, a favor de ellos y no de las víctimas.
El caso llegó a ese alto tribunal luego de que, en 2019, el Tribunal Superior de Cúcuta ordenó la restitución de Saúl Ayala, quien en los años 90 tuvo que vender el predio Venecia, por la persecución de la Fuerza Pública en alianza con paramilitares a seguidores de la UP. Entre ellos, Ayala, quien llegó a ser concejal y también desplazado. El Tribunal encontró que la vida en Simacota, entonces, era casi imposible. Las fuerzas criminales masacraron a 19 comerciantes en 1987; masacraron a los 12 funcionarios judiciales que investigaban esa atrocidad en La Rochela, en 1989. A los Ayala no les quedó otra opción que salir de Venecia y, para 2008, Agroindustrias Villa Claudia adquirió ese predio. Hoy, esta es la empresa que se niega a entregarlo sin una compensación.
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La empresa, dueña de un gran proyecto de palma y caucho, sostiene que compró de buena fe. Que no tenía cómo saber que, 17 años antes, una familia campesina vendió al sentir que la muerte les respiraba en la nuca. Que preguntó a cuanto vecino pudo por el historial de Venecia y que todos señalaron que no había pasado nada relacionado con el conflicto. Sin embargo, el Tribunal ordenó la restitución del predio a los Ayala. En respuesta, en octubre de 2019, la empresa presentó una solicitud de aclaración que no fue aceptada. Interpuso una tutela alegando una violación a su derecho al debido proceso, pero perdió en dos Salas de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, cuando ya todo parecía terminado, en mayo de 2021, la Corte Constitucional seleccionó el caso.
Lo hizo una Sala de Revisión de tutelas y en mayo del año pasado, el alto tribunal cambió el fallo del caso Venecia. Aunque concluyó que Ayala es víctima y merece la restitución, agregó que no se valoró de forma correcta las pruebas que definían la buena fe de la empresa. Entre las particularidades del caso está que la Corte no devolvió el proceso al Tribunal para que decidiera de nuevo, acorde con las fallas que analizó. Entre ellas, que de 1991 a 2008, hubo tres compraventas de Venecia y en ningún negocio jurídico hay pistas de hechos de violencia. O, que el desplazamiento obedeció a la condición política de Ayala, y no por el uso de la tierra. En lugar de ello, la Corte asumió funciones esperables únicamente para los jueces de tierras y cambió la decisión al considerar que la empresa sí compró de buena fe.
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¿El resultado? La Corte Constitucional ordenó la compensación económica a la que tienen derecho los opositores que actúan de buena fe. En este contexto es que la URT presentó un recurso de nulidad para dar vuelta atrás a la sentencia. El primer peligro alertado por el Gobierno tiene que ver con la posibilidad de que se abra una segunda instancia en el proceso de restitución. “La Corte no solo desconoce al juez natural, también hay una alta probabilidad que esta decisión se convierta en la vía para que muchos opositores se vayan por vía tutela y pidan que se les aplique lo que ya dijo esta sentencia”, explicó Paula Villa, directora jurídica de la Unidad.
Una segunda instancia podría dilatar, aún más, un proceso que de por sí ya está estancado. Apenas se ha cumplido el 4,9% de la meta nacional propuesta por el gobierno Santos, según el veedor del proceso Forjando Futuros. Estos expedientes son en única instancia, por el largo camino que víctimas como Ayala tienen que recorrer. Para empezar, campesinos desplazados deben presentar una solicitud de restitución ante la Unidad. Luego, cuando inicia el juicio, los casos con personas que se oponen a devolver la tierra, como el de Venecia, son conocidos por un tribunal que tarda años en decidir. Aunque la ley dice que a Ayala debieron darle respuesta en 120 días, lo cierto es que el 99 % de los casos tardan más. Incluso, el 87 % de los procesos demoran más de un año. A la Unidad de Restitución han llegado 150.989 solicitudes de reclamantes y, con su gestión, se han logrado 8.843 sentencias. Hay trocha por recorrer.
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Otro de los riesgos advertidos por la Unidad de Restitución tiene que ver con flexibilizar el estándar de lo que un juez puede considerar una actuación de buena fe por parte de una persona o empresa a la hora de adquirir un predio. En este caso, un tribunal competente en asuntos de tierra concluyó que Agroindustrias Villa Claudia no hizo lo suficiente para asegurarse que no estaba comprando un predio que perteneció a una víctima del conflicto, pero la Corte Constitucional aseguró que sí. Así las cosas, si la nulidad de la URT no tiene efectos, la empresa tendrá derecho a una compensación. Y esas retribuciones se pagan con dinero del fondo para reparar a las víctimas del conflicto armado.
Además de ello, a esta historia de guerra y derecho entra un aspecto jurídico que no es cualquier cosa. La sentencia de la Corte Constitucional es de unificación, que en palabras sencillas significa que entra a nuestras leyes casi como una regla a seguir. “Constituyen un precedente. En principio, los jueces deben seguir las indicaciones de la Corte. Existe la posibilidad de que se separen, pero deben hacerlo de manera justificada. Las sentencias de unificación de tutelas son importantes porque es la forma en que los jueces entienden la ley y cómo se deben aplicar a los casos particulares”, señaló el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.
La Corte Constitucional aceptó estudiar la nulidad y la Unidad de Restitución confía en que sea una oportunidad para retroceder en su decisión. Entre tanto, la víctima de esta historia y su esposa viven en algún lugar de Colombia, pues prefirieron la compensación económica, que el regreso a Venecia. No solo por miedo a represalias, sino porque la guerra los desarraigó de Simacota. Ya no tienen nada por quién o por qué seguir adelante allá. Su caso, sin embargo, tiene frente a frente al Gobierno y a la máxima autoridad de la justicia constitucional.
@SebasCote95
jcote@elespectador.com
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Por Jhoan Sebastian Cote
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