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En el marco de la audiencia pública de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en el municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), el ministro de Defensa, Diego Molano, defendió de nuevo la reciente y cuestionada operación militar. Otra vez, el jefe de cartera aseguró que las Fuerzas Militares se apegaron al Derecho Internacional Humanitario, el día que resultaron muertas 11 personas en la vereda Alto Remanso, el pasado 28 de marzo.
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“Lamentamos que cualquier colombiano muera en cualquiera de estos territorios. Hay que tener claridad quienes son los enemigos de los putumayenses: no es la Fuerza Pública, no es el Ejército, no es nuestra Armada Nacional, son estos grupos armados organizados quienes cotidiana y sistemáticamente buscan constreñir, manipular y utilizar acciones terroristas de narcotráfico para tener poder destructor”, explicó Molano.
Molano hizo referencia al Frente Primero Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, ambos de las disidencias de las Farc, los cuales se disputan las rutas de narcotráfico en la zona limítrofe con Ecuador. Este último grupo recientemente se adhirió a la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Marquez. De hecho, Molano ha insistido en que se buscaba arrinconar a alias Bruno, contra quien la Fiscalía había emitido orden de captura. No obstante, el resultado del asalto fue la muerte de personas, quienes la comunidad ha reclamado como campesinos inocentes y autoridades indígenas.
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“Tengan la certeza que esta operación la hicimos y la hemos desarrollado con el propósito de garantizar la seguridad y desarticular aquellos símbolos del mal, que sí son los enemigos del Putumayo. Tenemos cero tolerancia con cualquier actuación de un miembro de nuestra Fuerza Pública que manche el uniforme. Cero tolerancia con cualquier actuación que no vaya con la doctrina y los principios del Derecho Internacional Humanitaria”, agregó Molano.
La Defensoría, como institución de carácter neutral, publicó hace dos semanas un informe sobre su trabajo de campo en Puerto Leguizamo. Confirmo que murieron tras el operativo el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarria, quien estaba embarazada y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. Asimismo, un joven de 16 años, cuyo cuerpo habría sido manipulado, según información de la comunidad.
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En un documento de 40 páginas, la Defensoría explicó que un bazar para recolectar fondos para la construcción de una vía terminó en la muerte de 11 personas; la atención médica a cinco heridos, entre ellos una embarazada; la pérdida de confianza de la comunidad hacia el Ejército; y serios cuestionamientos a las Fuerzas Armadas por las respuestas que han desplegado en redes sociales y medios de comunicación.
Testimonios en terreno dieron a entender a la Defensoría que una vez baleado el gobernador Panduro Coquinche, el Ejército les enseñó una foto de él armado, pero en realidad lo único que tenía era su bastón de mando. La institución evidenció la pérdida de credibilidad hacía el Ejército, que ahora representa, para ellos, una entidad a la cual temer, al mismo nivel de las disidencias de las Farc. “No quieren verlos en su territorio, los niños, adultos, las mujeres, sienten mucho temor cuando escuchan ruidos fuertes o escuchan el ruido de las pirañas o de los helicópteros”, se lee en el informe.
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