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Por orden del Consejo de Estado, el hospital El Tunal debe ofrecerle disculpas a la familia de una menor de 10 años que fue abusada por un enfermero, Pablo Emilio Moreno Arias, en 1997. El 10 de julio de ese año, la menor ingresó al centro de salud para que le trataran una herida en la mano, un tratamiento sin mayor riesgo. Se encontraba en perfecto estado hasta que el 14 de ese mes sufrió un paro cardiorrespiratorio y entró en estado de coma. Los médicos no entendían qué había sucedido.
Entonces descubrieron que la menor había sido sedada con un poderoso neuroléptico llamado Sinogan y abusada por una de las personas que debían cuidarla: el auxiliar de enfermería Pablo Emilio Moreno Arias. El mismo Moreno le confesó al Juzgado 38 Penal de Bogotá su responsabilidad en estos hechos, por lo que fue asegurado el 25 de julio de 1997 y posteriormente procesado. La niña estuvo un año y 10 meses en coma y murió el 24 de mayo de 1999.
Estos hechos llevaron a la renuncia de quien fuera entonces la directora del hospital, Sonia Narváez, y a que la Procuraduría abriera una investigación en su contra y en contra de otros dos funcionarios de la entidad por supuesta negligencia debido a que, al parecer, no tomaron en serio que había una queja contra Pablo Emilio Moreno porque supuestamente había sedado a otra menor y abusado de ella.
En vez de despedirlo, los directivos del hospital El Tunal optaron por trasladarlo a una unidad donde pudieran vigilarlo. Pero no pudieron evitar que Moreno perpetrara el aberrante abuso. El 11 de septiembre de 2001 el Ministerio Público archivó las investigaciones en contra de estos tres funcionarios debido a que, en su criterio, no incumplieron con su deber de vigilar al enfermero.
Los familiares de la menor no estuvieron de acuerdo y por eso demandaron al Estado. En un primer momento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio la razón y el 10 de diciembre de 2003 condenó al Estado por los hechos. El fallo fue apelado y el caso llegó al Consejo de Estado, que acaba de dar un veredicto en el que confirma lo dicho por los allegados de la menor abusada y por el tribunal.
En su fallo, el Consejo de Estado sostiene que “las directivas del hospital tenían conocimiento de antecedentes similares que se habían presentado con éste (Pablo Emilio Moreno) y pacientes menores y no tomaron las medidas necesarias para evitar que estos casos se presentaran nuevamente (…) Moreno constituía un peligro y una amenaza para los pacientes y las directivas restaron importancia a los rumores y quejas que surgieron respecto del auxiliar, decidiendo sólo cambiarlo de unidad”.
Y agrega que “resulta inadmisible que al interior de las instalaciones de salud se hubiesen cometido semejantes actos delictivos (…). El enfermero desconoció flagrantemente los derechos a la vida e integridad personal de una menor de edad en hechos que bien pueden catalogarse como de vergüenza nacional”. Es por ello que le ordena al hospital El Tunal indemnizar a los familiares de la menor y a realizar “un acto público en donde el hospital, a través de los medios de comunicación masivos, ofrezca disculpas públicas a los familiares de la menor”.
De la misma forma, el hospital debe publicar la parte resolutiva de esta providencia en su página web. El Espectador no pudo comunicarse con los familiares de la menor. Su abogado le dijo a este diario que prefieren no hablar. Seguramente esperan en silencio a que, tras 16 años de dolor, el hospital El Tunal mitigue un poco su pena al ofrecerles disculpas por las atrocidades de un supuesto enfermero que, en realidad, no era más que una bestia.
jjimenez@elespectador.com
@juansjimenezh
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