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Es miércoles, día de El Espectador le explica. En un país con más de 50 años de conflicto, ¿es posible llegar a un cálculo sobre cuántas víctimas ha dejado esta violencia? ¿Cuántas familias han tenido que pasar duelos por cuenta de los armados? ¿Cuántas personas han terminado en la mitad de los disparos? Pues no se trata solo de tener presente cuántos colombianos y colombianas han sido afectados por estos años de conflicto armado, sino de saber cómo se debería cumplir con la reparación y, por supuesto, en la mitad de todo esto también aparece el Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Por eso, que fuera el mismo presidente Gustavo Petro quien advirtiera que el país no tiene la plata para cumplir con dicho acuerdo y, por esa vía, tampoco para las víctimas, necesita una explicación detallada. Comencemos, no sin antes recordar que para entender mejor cada arista dejaremos todos los enlaces a lo largo de este texto.
La noticia, en concreto, se conoció cuando en el Marco del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC), Petro dijo: “Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale $150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada, entonces, díganme, ¿de dónde voy a sacar 150 billones?” En ese mismo espacio, el mandatario propuso que el Banco de la República, es decir, el Emisor, emitiera bonos precisamente para indemnizar a las víctimas del conflicto. Dos temas que hay que entender y sobre los que es necesario tener contexto. Así que vayamos un poco más atrás, pues esta administración tiene como hoja de ruta la paz total y las declaraciones de Petro despertaron muchas dudas sobre lo que viene en ese mapa.
El pasado 29 de marzo, cuando Colombia se enteraba de que el Eln había atacado una base militar del municipio de El Carmen (Norte de Santander) y asesinado a nueve soldados, el país exigió, con contundencia, que se dejara claro si ese grupo armado ilegal de la guerrilla estaba usando las conversaciones de paz para fortalecerse militarmente o si de verdad estaba interesado en buscar la paz. Luego vino una serie de hechos que iban quedando en el registro necesario del conflicto de este país. Petro tuvo que adelantar una reunión con su equipo negociador, el frente occidental de esa guerrilla en el Chocó criticó los diálogos y la idea de la paz total, el país seguía siendo testigo de la crisis humanitaria en ese departamento, Petro advertía que el tercer ciclo de negociaciones con esa guerrilla debería terminar con un cese al fuego y de hostilidades, se reportaba la muerte de un soldado en Arauca por culpa de un francotirador del ELN, y entre tanto, los líderes de esa organización ilegal le decían al gobierno que los acuerdos se alcanzaban en la mesa de negociación y que no aceptaría interciclos -como se lo hizo saber a los países garantes-, además de amenazar públicamente a dos periodistas, acto que hasta el presidente Petro salió a rechazar. Todo esto mientras se espera que el 26 de abril comience el nuevo ciclo de negociaciones en La Habana.
El primer mandatario había dicho que “un proceso de paz debe ser serio y responsable”, pero eso tampoco se ha visto por los lados de Clan del Golfo, pues organizaciones como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos han advertido de las constantes “infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y prácticas criminales contra población civil de parte de este grupo paramilitar”. Vivimos, en directo, cómo la violencia se desató en el Bajo Cauca antioqueño y hasta el ministro de Defensa aseguró que detrás de todos estos actos estaban grupos armados ilegales que se lucraban de la minería también ilegal. Y así, en medio de esta violenta realidad, fuimos llegando al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, pues si se habla de paz total, a pesar de la violencia que vive el país, es necesario que sean las víctimas de tantos hechos lamentables las que también estén presentes en todas estas conversaciones.
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El 10 de abril, cuando “la Unidad para las Víctimas organizó un espacio para escuchar voces de liderazgos sociales y analizar la situación de las personas afectadas por la guerra en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado (9A)”, fueron muchos los testimonios que hablaron de lo que en este país hay por hacer y que no se trata solo de dinero: “Podemos llegar a perdonar, pero necesitamos también que nos den la cara. Las indemnizaciones no solo son un tema administrativo o de dinero. Se trata de respetarnos, de ir más allá de lo monetario y entender que la forma de tramitar nuestros traumas necesita un acompañamiento más riguroso y pensado en lo colectivo”. O, por ejemplo, este otro: “Queremos que las víctimas sean dignificadas. Que tengan nombre en cada uno de los procesos que están haciendo. Muchas veces se les da más protagonismo a los perpetradores que a los que sufrimos eso. Nos duele, así como creemos que llevar ese título (el de víctima) no es una honra sino todo lo contrario”.
El 90% de las víctimas de desplazamiento en Colombia están en un rango de pobreza
Jorge Garay, académico.
Y el 11 de abril ya el gobierno tenía claro el mensaje que iba a entregar al país al respecto. Por ejemplo la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, dijo que se necesitarían más de 80 años para reparar a las víctimas si la condiciones actuales no cambian. ¿A qué se refería? A que en medio del balance sobre la implementación de la Ley 1448 de 2011, que establece medidas de asistencia a los colombianos afectados por el conflicto armado, Tobón detalló que “el presupuesto asignado por el Estado en los primeros 10 años de la vigencia de la Ley 1448 ha sido insuficiente para indemnizar a las víctimas”, nos contaron los colegas de la redacción Política.
Acto seguido, sentenció: “De continuar con este ritmo de pagos se requieren más de 80 años y por lo menos 301 billones de pesos para reparar a las víctimas. Al cierre del 2022, de los 879 sujetos colectivos incluidos para reparación, solamente se ha podido avanzar con 54 comunidades”. Y también explicó que el gobierno Petro tiene como meta indemnizar a 600.000 víctimas del conflicto. Desde las organizaciones que representan a las víctimas, tras escuchar estas intervenciones, fueron más que directas cuando le dijeron a los congresistas que pongan a las víctimas en el primer lugar y que no se acuerden de ellos únicamente en época electoral. “No queremos seguir más reuniones para construir una ruta que ya está establecida, necesitamos construir sobre lo construido (…) necesitamos vivienda digna, un proyecto productivo, estudio para nuestros hijos y vías transitables para sacar nuestro producto”, dijo Omar Antonio Jiménez, representante de las víctimas de Antioquia.
Petro fue más que contundente con el tema, De la Calle le respondió, entro hasta Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, para decir que “el Estado colombiano gastó 411 billones de pesos en la guerra contra las extintas FARC-EP. 22.000 millones de pesos por día. Implementar integralmente el Acuerdo de Paz construir un país más amable y próspero cuesta 150 billones de pesos. Ese es el camino” y hasta Emilio Archila, quien fue consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación del gobierno de Iván Duque dejó su posición sobre la mesa:
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Petro, justo después de advertir que no había plata para pagar esta histórica deuda que se tiene con las víctimas, propuso que “la emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para indemnizar a víctimas de la violencia en Colombia”. Y, según el mandatario, eso ayudaría a acortar los tiempos y se podrían pagar los $301 billones en menos de un siglo. Dice que se lograría en 10 o 15 años. Peeeeroooo…
Para entender esa idea del presidente, la redacción de Economía indagó y esto fue lo que encontró. Primero, como estaba claro, fue criticado, pues para eso no está diseñado el Banco de la República. Pero, más allá de si el Emisor, que es un ente independiente, entra en este asunto o no, ¿cuáles serían las implicaciones de dicho mecanismo del que habla Petro? De acuerdo con expertos en la materia, el Emisor tiene herramientas que permiten hacer emisión de bonos, bonos de deuda, pero con la finalidad de ponerlo en función de la política monetaria y no para financiar al Ejecutivo. Lo que aquí se estaría haciendo, si es que la propuesta de Petro va por ese camino porque no hay más información que esa declaración, sería una financiación al gobierno.
“El Banco de la Republica no creo que vaya a aceptar esta invitación de Petro, pero el mensaje hacia el exterior -de que el presidente quisiera atender gastos del gobierno con crédito de emisión – es fatal”
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda.
¿Qué hace el Emisor en esta línea? “Jenny Moreno, analista de macroeconomía en la firma Alianza, explica que el Banco de la República tiene varias herramientas de política monetaria para cumplir con sus funciones, entre otras las operaciones repo (o de reporto). Entre estas también hay subtipos, las de contracción consisten en que el Banco Central emite títulos de deuda, “que son comprados por los bancos comerciales con el pacto de que el Banco Central los vuelve a recomprar en una fecha posterior”. El objetivo del Banco de la República con estas herramientas, dice la experta, “es regular la liquidez que circula en la economía al recoger el efectivo que los bancos comerciales le entregan por los títulos. Además, se usa como medida auxiliar al ajuste de las tasas de interés, para cumplir con sus objetivos””, escribieron los colegas de la sección de Economía.
Suena un poco enredado, pero en palabras de Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, “en términos sencillos, lo que se busca es que el Banco de la República imprima dinero y lo preste a muy bajas tasas al Gobierno, lo cual afectaría la credibilidad en el manejo de la política monetaria y fiscal”. Y en un video de hace un año referenciado por el exministro de Hacienda, José Manuel Retrepo, se escuchaban a Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, explicando el por qué no es conveniente que el Banco Central le dé un crédito al Gobierno. Dijo allí que aunque emitir dinero para darle un crédito al Gobierno es una alternativa barata de financiación, también es un procedimiento que afectaría la credibilidad internacional de la administración nacional, del Banco y de la economía colombiana. Incluso eso podría cerrarles la puerta a otras fuentes de financiamiento y encarecerla.
“Obviamente a nosotros nos importa y por eso hemos dado siempre seguimiento que los Planes Nacionales de Desarrollo y a los presupuestos para que se incluyan los recursos necesarios para que esto siga avanzando”: Carlos Ruiz Massieu es el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Así que la realidad, como lo decía el editorial de El Espectador, tiene varios componentes que van más allá de un sí o un no hay dinero para reparar a la víctimas: hay que cumplir lo pactado pasando por “el reconocimiento difícil de que la reparación financiera se va a demorar e incluso puede no llegar a muchas víctimas en este país sembrado de tragedias. Empero, eso no significa que la única reparación sea a través de las inversiones económicas. El reto está en cómo acompañar a las víctimas y sus proyectos de vida para mejorarlas, para ayudarlas a sacudir el daño hecho por la violencia. Crear oportunidades de mayor integración económica, de la mano de la economía popular, luchando contra el desempleo, llevando el Estado a todos los rincones del país, apostándole a la “paz total” que menciona el Gobierno. Todos son mecanismos de reparación y de cumplir lo pactado. La opción no es quedarnos con los brazos cruzados, pero tampoco buscar costosas salidas fáciles”.
La mirada internacional también resulta necesaria ante este asunto de la financiación, del compromiso del Estado representado por el gobierno de turno: “Más allá de las valoraciones en materia de recursos, que se las dejamos a las instituciones del Estado, nosotros sí vemos que se están asignando recursos y esperamos que si no se tienen o si hay algunos faltantes, se busque la manera de generarlos porque es importante que el Acuerdo se siga implementando”, dijo Carlos Ruiz Massieu es el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, no sin antes recordar que tras casi siete años de la firma del Acuerdo Final, la cooperación internacional ha mantenido los recursos destinados para su implementación. “Esto también es raro porque normalmente con tantos conflictos en competencia, a veces la cooperación internacional también baja para priorizar otras áreas. A pesar de esto, y a pesar de que hay muchas situaciones en el mundo que requieren inversión de diferentes países, la verdad es que el compromiso con Colombia también se ve en los recursos que da la cooperación internacional que complementan a los recursos nacionales”.
Como casi todos los asuntos estructurales que tenemos en este país, este tampoco se va a solucionar de la noche a la mañana, y menos cuando la cuenta pendiente sigue creciendo cada día, no solo hablando de temas económicos sino de la tragedia que significa esa violencia que va tocando a la puerta de su casa. En cualquier momento. En cualquier región. Si vivimos hablando, cada año, de reformas tributarias, si ahora mismo estamos hablando de una reforma a la salud -con tantas críticas como adeptos-, si estamos hablando de reformar una política pública laboral que lleva décadas igual -cuando el mundo laboral ha cambiado no solo por cuenta de la tecnología sino de los intereses de los jóvenes frente a su relación laboral con una empresa-, también es justo hablar de esto, más allá de unas cuentas que no cuadran o de una propuesta que tampoco cuadra. Tal vez, entre todos, podamos ir construyendo sobre ideas que sumen desde el debate, escuchando a las víctimas porque ellas nunca escogieron estar ahí, en medio de las balas. Los campesinos, los desplazados, los colombianos.
Me despido con nuestro acostumbrado mensaje: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
Por Edwin Bohórquez Aya
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