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Una imputación de cargos en contra de tres hombres, dos de ellos empresarios y uno exconcejal de Bogotá, desencadenó toda una pesadilla para Angélica Monsalve, la fiscal que investiga el caso en el cumplimiento de su trabajo, de su deber. Pero es que no se trata de una investigación cualquiera, aquí está en la mitad la indagación por la “adjudicación de un millonario contrato de recaudo de Transmilenio a una empresa, al parecer, controlada por los tíos del exconcejal Felipe Ríos”; también se habla de presuntas irregularidades como las presiones en contra de la fiscal que ya lleva dos años al frente de la indagación y de cómo nombres como el del exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, aparecen salpicados en medio de esta telaraña judicial que incluso ya reveló audios de conversaciones donde otras personas con alta influencia en Colombia estarían tratando de frenar la imputación. Para sumar, a la fiscal Angélica Monsalve la trasladarían a Putumayo, en lo que ella misma considera “un acto indignante”, pese a que siempre ha vivido y tiene su familia en Bogotá. Una situación muy delicada pues el 4 de abril se conoció información sobre una alerta de la Dijín de la Policía que hablaba de una amenaza en contra de la funcionaría. Así que el boletín de hoy, después de recibir todas las publicaciones que la redacción Judicial ha escrito, explica qué es lo que está pasando en este el caso de la fiscal, los tres investigados y los cuestionamientos en contra de Néstor Humberto Martínez. Recuerden entrar a cada uno de los links que dejaremos para poder entender, en detalle, los pormenores de la historia. Comencemos.
El pasado 28 de marzo el caso trascendió a la escena pública: “Tras dos años al frente de la investigación, la fiscal Monsalve pidió una audiencia para imputar a los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla, y al sobrino de éstos, Felipe Ríos Londoño, exconcejal. Según denunció la funcionaria en Noticias Caracol, esto llevó a que fuera trasladada a otro departamento”, nos decían los colegas de la redacción Judicial. “No sé si sea corrupción, pero es un acto indignante trasladar a un funcionario, que ha dado resultados, para una ciudad, un departamento que es público y notorio que es caliente. ¿A qué juega la Fiscalía? ¿Qué pretende la Fiscalía? Ya mi vida o mi seguridad están en riesgo con los casos que yo manejo”, dijo Monsalve durante la entrevista televisiva.
El 12 de marzo de este año se conoce de la solicitud de traslado de la fiscal hacia Putumayo y el lunes 14 de marzo se ordenó dicho traslado a Mocoa. De acuerdo con Monsalve, esta es una figura que la Fiscalía General de la Nación ha utilizado para “amedrentar fiscales” que “les estorban” porque “ellos lo que quiere es que yo les renuncie”.
Pero, antes de seguir, es preciso explicar de dónde viene todo esto, de dónde viene la investigación. En Bogotá, durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, se adjudicó un millonario contrato con el que se buscaba recaudar los dineros que le entraban al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) por medio de las tarjetas de pago, TuLlave. Sucedió en el 2011 y fue Transmilenio la entidad encargada de entregar dicho contrato a la empresa Recaudo Bogotá SAS. Un contrato por 16 años. Pero la cosa pasó de castaño a oscuro cuando a Carlos y a Javier Ríos se les acusó de controlar dicha empresa contratista tras bambalinas, mientras su sobrino, Felipe Ríos, era concejal de Bogotá. Así las cosas, sobre esa realidad, el contrato no se podría entregar a familiares de un funcionario. El contrato sería ilegal. Pero los empresarios Ríos han negado dichas acusaciones diciendo que nunca estuvieron registrados como los dueños de la sociedad Recaudo Bogotá y que todo esto se ha tratado de una estrategia de desprestigio por cuenta de Angelcom, la compañía que tenía ese mismo contrato hasta el 2011.
Con los antecedentes claros, volvamos a las denuncias hechas por la fiscal Monsalve. Contamos sobre los audios que mostrarían que el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, trató de interceder por la reputada familia Ríos y, también, registramos la postura de Diego García-Sayán, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Fiscales, quien se refirió al traslado precisamente de Monsalve como una situación que “parece ser una grave interferencia indebida en la búsqueda de justicia”:
Judicial
Según audios, Néstor H. Martínez habría intercedido en caso de los Ríos Velilla
Judicial
Relator de la ONU cuestiona traslado de la fiscal Angélica Monsalve a Putumayo
Nos contaban los colegas de la sección Judicial que “al parecer, el empresario Alberto Ríos, padre de Felipe Ríos, habría buscado a Néstor Humberto Martínez para que mediara una reunión y, así, evitar el avance investigativo (imputación de cargos). Al parecer, a su vez el exfiscal habría buscado a Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda, quien es muy cercano a la fiscal Monsalve. Es decir, una cadena de influencias para, si la teoría de la fiscal Monsalve es cierta, evitar la imputación”. Néstor Humberto Martínez aseguró, ante la evidente figuración de su nombre en todo este entramado de influencias, que él solo se limitó a “facilitar una cita” entre Alberto Ríos empresario denominado el ‘Zar de la basuras’ y padre del exconcejal Felipe Ríos- y Rodrigo Noguera. Nada más.
También apareció otro nombre importante en el desarrollo de estas denuncias: Catalina Noguera. Ella es la hija del rector de la Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera. A los dos supuestamente se les escucha en unos audios revelados por el periodista Daniel Coronell, donde los dos familiares, padre e hija, conversan sobre la cantidad de trabajo que tiene el rector, quien dice no saber de qué debe acordarse entre sus múltiples funciones. En ese momento supuestamente su hija dice: “Que Néstor Humberto vino a hablarte del caso de los Ríos Velilla para que tú intercedieras con Angélica y no le imputaran a Felipe Ríos dentro del caso de Recaudo Bogotá, pero como Angélica te explicó, no puede hacerse la de la vista gorda porque es evidente y la prueba está muy fuerte con eso”. Y se suma un nombre más: Darcy Quinn, periodista y esposa de Alberto Ríos, de quien se dice en los audios que habría preparado un documento con el objetivo de evitar la mano de la justicia contra el exconcejal Felipe Ríos, pero ella ha negado su participación en todo este embrollo.
En Colombia apenas hay 5.000 fiscales. En los dos años que lleva de fiscal general Francisco Barbosa, 3.000 funcionarios han sido reubicados o trasladados.
Aunque se había dicho que el caso de la familia Ríos había sido reasignado a la Unidad Nacional Anticorrupción en donde se contemplaba la labor destacada de ocho fiscales para revisarlo, fue la misma Fiscalía General de la Nación quien señaló que Monsalve seguirá con el expediente, pero desde Putumayo, que ella estará al frente de la audiencia de imputación de cargos programada para el 25 de abril y que “el fiscal general respeta plenamente y sin ambages la autonomía e independencia de todos los fiscales de la entidad, y nunca ha interferido en sus decisiones”.
Nos preguntamos entonces por los traslados de los fiscales, si son vistos como un castigo o si, todo lo contrario, como lo dice la entidad, se trata de temas puramente administrativos sustentados. Es que hay que contar, por ejemplo, que en los pasillos del búnker de la Fiscalía un chiste común es: “Te estás portando mal, te van a mandar al Chocó”. También se revelaron nuevos audios donde se habla del caso Odebrecht y los supuestos graves obstáculos durante la administración de Martínez para avanzar en ello pero, además, de cómo, por la cercanía de Martínez con Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación, supuestamente tampoco se avanzaría durante la administración actual:
Judicial
Radiografía de los traslados en la Fiscalía: ¿castigo o “necesidad del servicio”?
Judicial
Néstor Humberto Martínez ahorita es muy amigo de Francisco Barbosa: exfiscal
Sobre las denuncias hechas por la fiscal Angélica Monsalve ya vamos en que, hace dos días, se supo de una alerta de la Policía donde se habla de un plan para atentar en contra de la funcionaria. “La Fiscalía el día de hoy 04 de abril de 2022 en las horas de la tarde, recibió de la Unidad Especial de Investigación SIU-DIJIN de la Policía Nacional, una alerta conocida por esa Unidad, según la cual una organización criminal pretende realizar un posible atentado para afectar la integridad física de la Doctora Angélica María Monsalve Gaviria, Fiscal Delegada ante Jueces de Circuito de la Dirección Seccional Bogotá”.
La situación está tan delicada que le asignaron un esquema de seguridad de manera inmediata, porque la información viene de una fuente humana y fue lograda justo en medio de las actividades que adelanta la Fuerza Pública contra las estructuras que quedaron luego de la captura de alias Otoniel en Antioquia. El Director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, general Fernando Murillo, advirtió que su equipo continúa “con el proceso investigativo para poder establecer claramente los responsables que querían adelantar esta acción. De esta manera se le informa a la Fiscalía General sobre estos hechos. En este momento se están tomando todas las medidas preventivas para garantizar la vida de la funcionaria a través de los esquemas de seguridad del ente investigador”.
Sin embargo, en una nueva revelación también del periodista Daniel Coronell, se supo que la fiscal Angélica Monsalve no aceptaría el esquema de protección porque si le firma a la Fiscalía esta aceptación, también estaría firmando su traslado y aceptando que le quitaran el caso. Dijo en esa entrevista: “No sé nada del Clan del Golfo ni creo que ellos sepan algo de mí (…) tengo una vida bastante normal, la de cualquier ciudadano de clase media”. Y agregó sobre el tema de las amenazas: “ya se sabe quiénes son los indiciados (…) tampoco me siento amenazada por estas personas”. Advirtió, además, que prefiere afrontar sola la situación y no tener escoltas porque dice que no ve relación entre el proceso Recaudo Bogotá y el Clan del Golfo. “Yo creo que es un padre desesperado (hablando del papá del exconcejal) acudiendo a sus amigos influyentes, pero no creo que esta gente esté metida con el Clan del Golfo”.
Pero una nueva información se conoció también este miércoles, cuando en supuesto comunicado de prensa el grupo armado ilegal, el Clan del Golfo, aseguró que “es falso que estemos participando en un plan para atentar contra la vida de la doctora Angélica Monsalve, fiscal que se ha caracterizado por su capacidad investigativa y honestidad a toda prueba en los delicados casos que ha debido enfrentar. Por el contrario, respaldamos la honrada y sacrificada labor de quienes se enfrentan los poderosos intereses de las mafias (…)”, se lee en documento. Una declaración contraria a la que nos han dado a conocer las autoridades judiciales.
Estamos a 20 días de la imputación de cargos en contra de los Ríos, según la Fiscalía y de acuerdo a lo que contaba Felipe Morales, “como Monsalve radicó una solicitud de imputación antes de ser trasladada, el proceso continúa en sus manos. Además, interpuso un recurso de reposición contra su traslado, que el ente investigador debe resolver en máximo dos meses”. Su caso, porque ya se ha convertido en todo un caso, ha evidenciado un tráfico de influencias, ha dejado en entredicho la imagen del aparato judicial al más alto nivel de este país y, sobre todo, nos obliga a recordar ese lamentable adagio de que la justicia en Colombia es solo para los de ruana. Como dijo el editorial de El Espectador este miércoles, “garantizar la integridad física de la fiscal Monsalve es lo mínimo, pero debe ir acompañado de una reconsideración de su traslado. El proceso que involucra a los Ríos necesita ser resuelto con eficiencia por la justicia, para entender qué fue lo que pasó. Ante tanta tensión y atención pública, el proceso judicial necesita ser ejemplar”.
Monsalve dice tener pruebas contundentes y pertinentes para poder decir que, efectivamente, los Ríos Velilla sí tenían el control sobre Recaudo Bogotá, pero no solo eso, también dice contar con los chats y grabaciones que servirán de prueba para confirmar que sobre ella han ejercido presiones para cambiar el curso del caso investigado y que lo que está pasando con su traslado es “un acto de retaliación”, “eso es despido indirecto”. En nuestra sección Judicial seguiremos en detalle estas denuncias y, por supuesto, les estaremos contando qué sucede tanto con los Ríos como con la fiscal Angélica Monsalve en este delicadísimo caso que involucra a muchos poderosos.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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