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“Inaceptable”. Así fue como el Tribunal Superior de Bogotá catalogó la actuación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en un proceso que se adelanta desde 2016 en ese organismo y que definirá la suerte del predio El Brasil, ubicado en Puerto Gaitán (Meta). En los años noventa, esta fue propiedad del zar de las esmeraldas Víctor Carranza, señalado de haber tenido vínculos con el paramilitarismo. Se trata de un terreno que, según denunciaron ese año la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, fue adjudicado irregularmente a personas cercanas al poderoso esmeraldero en 1995 por el Incora, como antiguamente se llamaba la ANT.
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El fallo de tutela del 2 de febrero de 2021, recurso presentado por una procuradora que hace vigilancia a este importante caso, dice que el proceso quedó estancado en etapa preliminar y no demuestra avances significativos. El senador Iván Cepeda, quien acompañó esta denuncia, argumentó en octubre de 2016 que las tierras de El Brasil, cerca de 16.000 hectáreas, eran de origen baldío: es decir, que eran propiedad del Estado y solo podían ser adjudicadas a campesinos sin tierra y no podían terminar en manos de personas del entorno del controvertido Carranza, quien falleció en 2013 sin que sus nexos con los grupos paramilitares fueran esclarecidos por la justicia.
Lo que piden los denunciantes es que se revoquen 13 títulos que fueron titulados en 1995 a personas que eran de Boyacá, departamento donde nació el controvertido Carranza. Esa tierra, además, fue ocupada por comunidades indígenas desplazadas en los años sesenta, antes de que le perteneciera a Carranza. En este tiempo, el expediente ha estado en varias dependencias de la UNT y tuvo un retraso importante por un error de digitación en el folio de apertura del proceso de revocatoria de los 13 títulos y la apertura de un expediente por cada predio, asunto que terminó, según el fallo, devolviendo “ a la etapa preliminar, omitiendo la existencia de la actuación por medio de la cual se dio apertura al procedimiento único”.
“En este caso han transcurrido más de cuatro años desde que se solicitó la revocatoria de titulación de los bienes baldíos que conforman el predio El Brasil, localizado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), y la actuación apenas se encuentra en fase preliminar, lo que constituye, sin duda, violación al debido proceso que garantiza el artículo 29 de la Constitución Política, circunstancia que le abre paso a la acción de tutela implementada, precisamente, para la protección de los derechos y las garantías fundamentales”, se explica en el fallo de tutela conocido por este diario, que tumba una sentencia de un juzgado de Bogotá de diciembre de 2020.
Y agregó que “desde que se profirió la Resolución 1431 (2 de marzo de 2020), han transcurrido 11 meses sin que se hubiere dado apertura al procedimiento de revocatoria, lo que resulta inaceptable si se considera que “la garantía constitucional a un debido proceso administrativo propugna por ser oído durante toda la actuación, la notificación oportuna y de conformidad con la ley, que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico”.
La ANT, respondiendo a esta tutela, aseguró que “trabaja arduamente para dar cumplimiento a todas y cada una de las competencias funcionales asignada”, por lo que “no ha vulnerado derecho fundamental alguno en desarrollo del procedimiento administrativo de revocatoria directa adelantado contra las resoluciones por las cuales se adjudicaron predios ubicados en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), y por el contrario se demuestra el compromiso, buena fe y diligencia que ha adoptado la entidad con apego al procedimiento legal establecido para el efecto”. Más importante aun, los tres magistrados del tribunal le dieron un plazo de seis meses para que tome una decisión de fondo sobre El Brasil.
Los actuales ocupantes del enorme predio son los grupos empresariales Aliar S. A. de Bucaramanga y Contregal de Medellín, que en sociedad explotan el terreno en cultivos de maíz y soya para la alimentación de cerdos. Asimismo, tiene una planta y sus productos cárnicos se venden bajo la conocida marca La Fazenda. Además, han advertido que tienen contratos de comodato en El Brasil. Según la investigación del senador del Polo Democrático Wilson Arias, titulada “Así se roban la tierra en Colombia”, el grupo Aliar acumula casi 40.000 hectáreas en ese municipio y las usan para esos mismos fines comerciales.
Estos empresarios también solicitaron ser considerados como terceros interesados en el trámite de revocatoria de títulos. “En 2019, las empresas presentaron solicitudes de nulidad y su vinculación al proceso, como terceros interesados, por lo que el 2 de marzo de 2020, en la Resolución No. 1431, la ANT -entre otras determinaciones- negó las peticiones de invalidez, corrigió -de oficio- la actuación administrativa del procedimiento único de revocatoria directa de las trece (13) adjudicaciones (…) a la fecha (2 de febrero de 2021), el proceso de revocatoria se encuentra en la etapa preliminar de elaboración del informe técnico-jurídico definitivo de cada predio”, dice el fallo de tutela.
El pasado del predio
El Brasil, ubicado en la vereda La Cristalina de Puerto Gaitán, es una zona marcada por la violencia. En los años sesenta fue refugio para cientos de miembros de comunidades nativas sikuanis, quienes eran perseguidos por los colonos blancos que llegaban a los Llanos Orientales. A esa región también llegaban campesinos que fueron desplazados de distintas partes de Colombia en medio de la violencia partidista de los años cincuenta, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en abril de 1948. En los años 80 y 90 el Incora empezó a titular estas tierras, incluyendo las 13 parcelas de 1.000 hectáreas que hoy son el centro de debate.
Según la Corporación Claretiana, en esa adjudicación, hecha por el entonces gerente del Incora Meta, Julio César González Contreras, “las resoluciones fueron consecutivas, la inspección ocular era casi imposible por las condiciones geográficas y de distancia entre los predios, y que varios adjudicatarios eran del departamento de Boyacá. Además, la ocupación de dichos predios, exigida por la Ley 160 de 1994, fue por lo menos cuestionable, ya que allí operó una base de entrenamiento paramilitar, según declaraciones de desmovilizados”, y se han encontrado fosas comunes de menores de 18 años que fueron reclutados por los paramilitares.
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Investigaciones de fiscales de Justicia y Paz, y varios testimonios de paramilitares que operaron en Puerto Gaitán, dan cuenta de que El Brasil fue un bastión paramilitar en los Llanos Orientales. Por ejemplo, se ha documentado que la finca acogió a los miembros de las Auc que viajaron en julio de 1997 desde el Urabá a perpetrar la masacre de Mapiripán, en donde murieron un número indeterminado de habitantes de ese municipio aledaño a Puerto Gaitán. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló a Jesús Pimiento, alias Juancho Diablo, como uno de los hombres que representaban a Carranza y que participó en la llegada de las Auc a los Llanos.
Testimonios como los de Elkin Casarrubia, alias el Cura; Deiber Andrés Bolaños, alias 520; José Delfín Villalobos, alias Alfa Uno, y Dúmar de Jesús Guerrero, alias Carecuchillo (hermano de alias Cuchillo y partícipe de la masacre de Mapiripán), dijeron que en El Brasil se entrenaron a paramilitares que venían del Urabá. De acuerdo con esas versiones, allí se adecuaron instalaciones para interrogar a las víctimas de un grupo conocido como los Carranceros. Asimismo, contaron que funcionaba como centro de comunicaciones, almacenamiento de armas y víveres, desguazadora de vehículos robados e incluso contaron que había una pista aérea clandestina.
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Después de que los Carranceros y el bloque Centauros de las Auc expandieran sus acciones criminales y luego este último se desmovilizara en 2005, no mucho cambió en Puerto Gaitán en cuanto a la tenencia de la tierra. Según el portal periodístico Verdad Abierta, en 2007, “los predios fueron englobados por la firma Agualinda, cuya representante legal es María Blanca Carranza, esposa del empresario de esmeraldas Víctor Carranza, y ese mismo año fueron transferidos a la Agropecuaria Aliar”. Jaime Liévano, cabeza del Grupo Aliar (La Fazenda), ha dicho que los contratos que tienen en El Brasil fueron en el marco de la ley y la “fe pública”.
El Brasil no es el único terreno en Puerto Gaitán que esté en medio de una disputa judicial y vinculada a la familia de Carranza. El Porvenir es un predio de 27.000 hectáreas de origen baldío, pero que en el último tiempo fue usado por la empresa La Cristalina, de la cual son dueños los hijos de Carranza. En 2016, la Corte Constitucional reconoció a varias familias que fueron ocupantes de ese territorio desde los años 60 y que hoy no tienen acceso a la tierra. Sin embargo, el proceso, como lo ha contado El Espectador, está en manos de la ANT y marcha a paso lento.
Por David Escobar Moreno
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