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La justicia también fue víctima de la guerra. Esa es una de las conclusiones de Hasta la guerra tiene límites, el último capítulo del Informe Final en ser publicado por la Comisión de la Verdad, dedicado a las violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y a las responsabilidades. Pero así como fue una afectada más, la justicia y sus diferentes entidades también hicieron parte de ese entramado violento que vio pasar por sus despachos, investigaciones y sentencias de lo peor de una guerra interna, cuyos principales víctimas fueron civiles. Antes de arrancar con la explicación de cómo la justicia se puso al servicio de los grupos armados, la Comisión recordó hechos en los que la situación fue a la inversa.
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Los atentados o cualquier tipo de violencia que vivieron jueces, fiscales o funcionarios judiciales tuvieron un objetivo: los diversos querían evadir la acción de la justicia. Como ejemplo, el Informe Final expone el caso de La Rochela, perpetrada en 1989 por paramilitares en concurso con la fuerza pública. Una masacre en la que fueron asesinados 12 servidores judiciales que iban en camino a investigar la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987. En el informe también se menciona la bomba que ordenó estallar Pablo Escobar al frente del edificio del DAS en Bogotá, en diciembre de 1989, hecho que resultó en la muerte de por lo menos 63 personas y dejó heridas a otras 700.
Además de estos dos hechos, la Comisión menciona el llamado “plan escalera”, una estrategia de contrainteligencia del Estado, cuyo objetivo fue espiar a los magistrados de la Corte Suprema considerados “enemigos” del Ejecutivo, especialmente al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien tenía a su cargo investigaciones sobre parapolítica. Por estos hechos, ya fueron condenados el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Con estos ejemplos de la justicia como víctima, la Comisión entra en materia y señala: “La rama judicial tampoco fue ajena a los entramados constituidos en el marco del conflicto armado”.
Además de la obstrucción a la justicia mediante violaciones e infracciones, se lee en el Informe, en diversas circunstancias también se realizaron acciones para alinear el sistema judicial –en especial, el sistema de investigación y sanción penal– al beneficio de los grupos armados ilegales y de sus aliados en las distintas redes de cooperación. Se trató de una práctica que se usaba según la necesidad: para desviar la atención sobre casos de graves violaciones de derechos humanos y protegiendo a sus máximos responsables, o para entorpecer la acción de la justicia y obtener impunidad para “conservar los beneficios acumulados en el conflicto”.
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El caso del exfiscal Luis Camilo Osorio
El informe continúa: “El sistema judicial fue infiltrado en sus múltiples ramas por los grupos armados y por miembros de los entramados que gestionaron apoyos para su favorecimiento en los cuerpos de investigación penal y en las instancias de decisión”. Para entrar en materia, la Comisión lo dijo con nombre propio: “la Fiscalía, durante el periodo en que se desempeñó como fiscal Luis Camilo Osorio (2001-2005), presuntamente habría tenido vínculos con paramilitares para favorecer a implicados en crímenes de lesa humanidad y a sus cómplices, sancionar y destituir a funcionarios que investigaron el paramilitarismo y desestimar testigos que señalaran la complicidad entre políticos y paramilitares”.
La mención de Osorio en este contexto no es gratuita. La Comisión recopiló en este capítulo de su Informe Final varias declaraciones que entregaron, no solo exmiembros de grupos armados ilegales, sino también exfuncionarios que dijeron haber sido testigos de los supuestos beneficios que entregó Osorio. Un hombre perteneciente al bloque Centauros de las AUC se refirió a la relación entre el grupo armado y el exfiscal Osorio: “La Fiscalía de Luis Camilo Osorio era una Fiscalía nuestra, se lo puedo garantizar y se lo puedo demostrar con hechos y nombres. Chucho Monroy, el asesor del fiscal, era una persona que permanentemente mantenía contacto con nosotros”.
Ese mismo testigo relató que en 2005 denunció ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía estos hechos. Según su versión, él mismo presenció la entrega US$300 mil dólares al asesor Monroy. “Por eso la sorpresa mía cuando a mí me captura la Fiscalía de Osorio”, agregó el exparamilitar. Por otra parte, exfuncionarios del ente investigador le contaron a la Comisión de la Verdad lo que sabían de los presuntos vínculos ilegales de su jefe. Una exfuncionaria del CTI relató que, por información de inteligencia, adentro del búnker ya sabían que Osorio, “venía con una misión directa de Carlos Castaño y la misión era torpedear todas las investigaciones que hubiera en contra de los paramilitares”.
Osorio y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía
Según esa versión, el fiscal cumplió con su cometido. La exinvestigadora señaló que en su momento se supo que el mismo Osorio reunió a fiscales de la Unidad de Derechos Humanos y les dijo a los fiscales que no debían centrarse únicamente en hacer investigaciones en contra de paramilitares, “que debían era iniciar investigaciones en contra de la guerrilla. Entonces, todo el mundo sabía en la Fiscalía que Luis Camilo Osorio venía con una misión de Carlos Castaño, eso se conocía”, concluyó el testimonio. Sobre lo que habría pasado en esa unidad, otra funcionaria del ente investigador le contó más detalles a la Comisión. Se trata de una exfiscal que estuvo adscrita a ese grupo de trabajo durante 18 años.
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De acuerdo con su relato, por orden de Osorio, “se habría ejecutado una estrategia minuciosa de desmantelamiento de esa unidad, a la que él mismo señalaba como aliada de la insurgencia por la conducción de las investigaciones que desde allí se adelantaban”, dice el informe. Una realidad que no era cierta, dice la exfiscal, pues esa misma unidad investigaba masacres cometidas por la guerrilla y otros crímenes. Un ejemplo de esto quedó también plasmado en el informe sobre hallazgos y recomendaciones que la Comisión de la Verdad publicó el 28 de junio pasado. El hecho sucedió hace 21 años, cuando una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos le metía la lupa a las andanzas del general (r) Rito Alejo del Río.
El 21 de julio de 2001, la funcionaria le abrió una investigación al alto oficial y ordenó allanar su residencia y pidió su detención preventiva. Hoy se sabe que esas medidas fueron el comienzo de un proceso sin precedentes en el que evidenciaron las primeras pistas sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, mientras fue comandante de la Brigada 17, entre 1996 y 1997. Aunque Del Río pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz, e insiste en su inocencia, lo cierto es que sí fue condenado por la muerte del líder chocoano Marino López Mena, ocurrida en 1997 y también es investigado por otros casos, como la masacre de Mapiripán (Meta) o el magnicidio del periodista Jaime Garzón.
Sin embargo, el comienzo de esas pesquisas no fue fácil. Al enterarse de la decisión de una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de detener a Del Río, el fiscal general Osorio intervino. Además de considerarla como una “deslealtad”, el informe de la Comisión señala que él mismo le pidió la renuncia al jefe de esa unidad. Tiempo después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la intervención de Osorio y la renuncia de los fiscales encargados resultó en la liberación del general en retiro. Solo años después las investigaciones en contra del alto oficial tomaron vuelo, aunque a hoy solo se ha esclarecido un hecho y el expediente en la JEP, por ahora, no tiene mayores movimientos.
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“La Comisión tomó conocimiento de que se habrían ordenado acciones judiciales y disciplinarias en contra de fiscales de la Unidad y miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que participaron de la investigación y el correspondiente arresto”, dice el informe. Otros relatos de lo que se vivió en la Fiscalía en la era Osorio muestran hasta dónde habría llegado la supuesta intención del entonces fiscal de beneficiar a paramilitares. Funcionarios del ente investigador que lideraron procesos judiciales contra las Auc le narraron a la Comisión hechos de persecución en cabeza del fiscal Osorio.
Los exfiscales fueron precisos: esas maniobras incluyeron la declaratoria de insubsistencia de varios de ellos, amenazas, atentados y hasta el exilio. La Comisión de la Verdad recuerda en el informe que existe una sentencia judicial en la que quedó en evidencia parte de estos señalamientos contra Osorio. La condena en referencia la emitió el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en 2014 en contra de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano. En ella, los magistrados ordenaron investigar al exfiscal Osorio por designar y mantener a la directora seccional de Fiscalías de Cúcuta, una vieja conocida de estos entuertos ilegales.
El caso de la fiscal llamada la Batichica
Aunque su nombre de pila es Ana María Flórez, su nombre más conocido es el de la Batichica, como era conocida dentro de las Auc. La exfuncionaria fue condenada, junto a su asistente, Magally Yaneth Moreno Vera (cuyo alias era Perla), por entregar información privilegiada y reservada durante 2002 y 2003 al frente paramilitar Fronteras, del Bloque Catatumbo, comandado por el Iguano. “El aporte informativo de las funcionarias mantenía al tanto al grupo paramilitar de las investigaciones puntuales que se adelantaban en contra de sus integrantes y los alertaba sobre los operativos que la Fiscalía iba a realizar en su contra”, dice el informe de la Comisión de la Verdad.
Tanto Mancuso como El Iguano declararon en Justicia y Paz que la Batichica era parte de las estructuras paramilitares del departamento de Norte de Santander. Pero no fue la única que puso su trabajo como funcionaria pública al servicio de la guerra. “Además de Flórez, se evidenció que el frente Fronteras también recibió colaboración de autoridades civiles y políticas, del Ejército, del DAS y de la Policía. Este entramado de corrupción administrativa presuntamente benefició a los grupos paramilitares que operaban en esa región, previniéndolos, protegiéndolos y facilitando su actuar delictivo a través de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en el Norte de Santander”.
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Las consecuencias fueron nefastas y aún se viven sus estragos en el deterioro de la administración de justicia. Las declaraciones y evidencia en contra de Luis Camilo Osorio quedaron en expedientes judiciales. No solo el Tribunal Superior de Bogotá pidió investigarlo, sino que también lo hizo la Corte Suprema de Justicia. El caso, por ley, le correspondió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde nunca se movió una sola carpeta. Por su parte, el exfiscal Luis Camilo Osorio, rechazó la base probatoria con la que la la Corte Suprema pidió que lo investigaran y negó cualquier vínculo con grupos armados ilegales.
“Mi honor y mi dignidad se respetan”: exfiscal Osorio
Osorio afirmó que, en su condición de fiscal general, “persiguió con severidad y eficacia todas las formas de criminalidad”. Una vez conoció el contenido de este informe de la Comisión de la Verdad, el exfiscal le dijo al periódico El Colombiano que lo que allí se dice sobre él es de “agraviante falsedad. Fui servidor pulcro en el manejo de lo público y en el ejercicio de altas funciones públicas y jamás he recibido dinero mal habido de los criminales a los que perseguí, según la fuente, protegido en la identidad, ni de él, tras de rejas, ni de nadie”. El exfuncionario agregó que le hará llegar a la Comisión tres documentos de 700 páginas sobre su gestión y pedirá que tengan en cuenta su versión.
“Mi honor y mi dignidad se respetan, padre de Roux (presidente de la Comisión de la Verdad), también la verdad, que es su tarea”, concluyó Osorio en el periódico paisa. El informe dedicado a las violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y a las responsabilidades no tiene ninguna consecuencia jurídica ni penal. Además, las identidades de los testigos se mantiene en estricta reserva, precisamente por el carácter extrajudicial de la Comisión. Sin embargo, deja en evidencia momentos de la historia en que la justicia estuvo en contra de la justicia, en hechos que hoy siguen en total impunidad. La Comisión concluye el capítulo de Luis Camilo Osorio con la frase: “La responsabilidad de Osorio por estos hechos aún es motivo de esclarecimiento para la justicia colombiana”.
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