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El espinoso proceso judicial en contra del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos lleva en su recta final casi cuatro años. Y ahora un vencimiento de términos podría estar a la vuelta de la esquina y dejar sin piso una investigación que tomó más de siete años en la Corte Suprema de Justicia, que lo señaló de recibir dineros de las autodefensas para sus campañas al Senado. El expediente, en teoría, se encuentra en la Sala de Primera Instancia de la Corte, pero en la práctica, un fallo de tutela, del cual los magistrados del caso no han sido notificados y que reposa en la Corte Constitucional, tiene trabado el proceso a nueve meses de que el caso prescriba.
El atropellado expediente empezó formalmente en abril de 2014 y, de no culminar el 7 de mayo de 2022, la justicia perdería la facultad de judicializar a Ramos. Pero en estos siete años todo tipo de acciones legales han ralentizado el proceso: desde disputas con los medios de comunicación por publicar las ponencias de fallo y choques de trenes entre la Corte Suprema y la desaparecida Sala Disciplinaria de la Judicatura, hasta tutelas que han llegado a la Corte Constitucional, sentando nueva jurisprudencia. La más reciente decisión tuvo ponencia del magistrado José Fernando Reyes, y fue resuelta en la primera semana de junio pasado. Ramos le pedía al alto tribunal que se garantizara el derecho al debido proceso y, con ello, que le quitaran el expediente al magistrado Ariel Torres, de la Sala de Primera Instancia.
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La Corte Constitucional le dio un espaldarazo a Ramos y dijo que se le había vulnerado su derecho al debido proceso, luego de que se filtrara a medios que el magistrado Torres había elaborado un fallo que buscaría condenar al exgobernador. No obstante, la Corte no apartó a Torres del expediente. La decisión del alto tribunal se tomó el pasado 2 de junio y aún no está listo el texto de la sentencia. Las dinámicas de la corporación obligan a que los nueve magistrados de la Sala Plena no solo deben firmar el fallo, sino además verificar que las observaciones que hicieron cada uno en el debate de sala queden plasmadas allí. Por lo general, un procedimiento de esta índole suele llevar de entre 15 días hábiles hasta dos meses.
Fuentes consultadas por El Espectador en la Corte Constitucional confirmaron que el documento se encuentra en su fase final para ser firmado. No obstante, hasta que el escrito de la sentencia llegue a la Sala de Primera Instancia, los magistrados pueden avanzar con el debate del futuro jurídico de Ramos. En estos casos, cuando se registra una decisión en otro alto tribunal o incluso en la misma corporación, se debe conocer el documento completo, con las órdenes y los argumentos que llevaron a esa conclusión para saber la forma en la que se debe proceder. De ahí que el desconocimiento del documento preocupe en la Corte Suprema, pues les resta un poco menos de nueve meses para resolver el caso.
En diálogo con El Espectador, el exmagistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez Quintero explicó que el vencimiento de términos no es otra cosa que cesar la investigación penal. Aseguró que existe un lapso que da la justicia para que se investiguen los delitos y se tomen determinaciones, ya sea condenar o absolver. No obstante, el exmiembro del alto tribunal dijo, además, que de cesar la persecución judicial, los magistrados de la Sala se podrían enfrentar a una investigación en la Comisión de Acusación por las posibles dilaciones que pudo tener el caso mientras estuvo activo. Y sobre el proceso, dijo, quedaría como una cosa juzgada.
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El expediente de Ramos ha tenido hasta ahora tres magistrados ponentes: además del magistrado Torres, está su colega de Sala, Jorge Caldas, y antes de que se creara esta instancia, el magistrado Eyder Patiño, de la Sala Penal. Según se ha sabido, solo Caldas le daba la razón al exgobernador Ramos. Los otros dos se han ido por la condena. Es decir, la decisión podría ser rápida de no ser porque hay opiniones divididas. En primer lugar, la del magistrado Torres, a quien la extinta Sala Disciplinaria de la Judicatura, a través de un fallo de tutela, le ordenó apartarse del proceso, y quien considera que Luis Alfredo Ramos debe ser declarado culpable por el delito de concierto para delinquir.
Desde la otra orilla, pero en la misma Sala, está la ponencia del magistrado Caldas, quien asumió el proceso en octubre del año pasado luego de la determinación de la Sala Disciplinaria. En este caso, el presidente, que presentó su proyecto en febrero, tiene una postura que favorece al exgobernador y pide absolver. Aunque las cartas de los dos magistrados ya están sobre la mesa, la deliberación no está definida, pues no se conoce la postura de la magistrada Blanca Nelly Barreto, la tercera miembro de la Sala, quien el pasado diciembre recibió en su despacho el expediente y la ponencia de Caldas. No obstante, con el revés de la Corte Constitucional, ahora debe estudiar la ponencia del magistrado Torres.
Es decir, si nada extraordinario ocurre, el debate en la Sala de Primera Instancia está así: un voto a favor de Ramos y uno en contra. Y quien terminaría definiendo el caso sería la magistrada Barreto con sus observaciones, pues como no suele ocurrir en muchos casos, tendrá la oportunidad de conocer dos ponencias con sentido distinto. Con los antecedentes mencionados, está en manos de la Corte Suprema resolver uno de los procesos judiciales más antiguos y sonados de la historia política en Colombia, pues la investigación en contra de Ramos le ha cercenado, ya en dos ocasiones, la posibilidad de aspirar a cargos públicos, como la Presidencia.
En una primera ocasión lo intentó, en 2013, cuando fue notificado por la Corte Suprema que sería investigado. Y luego ocurrió en 2018, cuando el Partido Conservador le pidió que se convirtiera en su candidato para disputar las elecciones con el ahora presidente Iván Duque. En las dos oportunidades su anhelo por pisar la Casa de Nariño se vio frustrado por su situación judicial. Durante 2013, fue enviado a la cárcel mientras era investigado, y en 2018 fue él quien declinó la opción con los conservadores porque estaba ad portas de que su proceso se resolviera.
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Luis Alfredo Ramos fue senador y presidente de esa corporación entre 2002 y 2003, y luego gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011. El antioqueño, catalogado como uno de los políticos de mayor trayectoria en el país, siempre ha estado en una orilla cercana al uribismo. Según el expediente en su contra, habría recibido aportes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en sus campañas. Además, fue acusado de haberse reunido con exjefes paramilitares, con quienes habría acordado acompañar el proyecto de ley de Justicia y Paz en el Congreso, cuando se desempeñaba como senador. La indagación por estos hechos se adelantó desde 2011, no obstante, fue hasta 2013 que se resolvió su situación jurídica.
El caso estuvo por más de cinco años en la Sala Penal con el magistrado Eyder Patiño como ponente. Patiño terminó cuestionado por cuenta de una filtración de su ponencia a Noticias Uno, en enero de 2018, con la cual se conoció que pediría que Ramos fuera condenado a nueve años. El exgobernador entuteló porque, a su juicio, se vulneraron sus derechos a la honra y el buen nombre. La Corte Constitucional seleccionó la tutela y le dio la razón, porque consideró que el medio de comunicación no debía rectificar ni retirar su publicación, sin embargo, sí advirtió que se vulneraron sus derechos. Con una arista más en el expediente: se creó la Sala de Primera Instancia para juzgar a congresistas y otros altos funcionarios.
Fue así que llegó el caso al despacho de Ariel Torres, quien proyectó su ponencia también en sentido condenatorio, pero con 10 años más de prisión, es decir, 19 años. Eso, al menos, fue lo que trascendió en una segunda filtración a medios, y Ramos no escatimó nuevamente en interponer una tutela. La acción fue conocida por la extinta Sala Disciplinaria de la Judicatura. En su decisión, que no estuvo libre de polémica porque tuvo como ponente a Julia Emma Garzón -quien completó un poco más de 10 años en la corporación cuando un período natural es de ocho años-, se determinó que Torres no solo debía apartarse del proceso, sino proyectar una decisión “diferente”.
Con el fallo de tutela en firme, a regañadientes, la Corte Suprema aceptó el designio, pero rechazó la decisión, debido a que no había prueba alguna de que la filtración hubiera salido del despacho de Torres. La Corte Constitucional conoció una vez más del caso Ramos y acogió, nuevamente, los argumentos del exgobernador, reconociendo la vulneración del debido proceso. Pero coincidió con la Sala Plena de la Suprema: no había argumento suficiente para sacar a Torres del proceso.
El abogado de Luis Alfredo Ramos, en diálogo con este diario, señaló que confía en que, independientemente de la decisión de la Sala de Primera Instancia, la justicia tiene el tiempo en contra. El penalista explicó que, como en todo proceso penal, habrá apelaciones de las partes, sea cual sea la decisión, por lo que resultaría llegando a una segunda instancia. Una vez allí, a juicio del defensor, se tendrá que declarar el cese de la acción penal en contra del exgobernador, pues, dice, es poco probable que se resuelva antes de mayo próximo. Mientras tanto, en la Corte Suprema trabajan a toda marcha para que el proceso no culmine con un vencimiento de términos. Desde la otra orilla, la defensa de Ramos espera que salga bien librado.
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