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Ministros, congresistas, funcionarios del Gobierno y ahora el presidente de la República, Gustavo Petro, están bajo la lupa de las autoridades judiciales por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia han desatado una serie de eventos que poco a poco van sumando nuevos actores al entramado de corrupción del momento, y del que se viene hablando desde inicios de 2024: la contratación irregular en la entidad que busca atender a comunidades afectadas por catástrofes naturales. Aunque son varios procesos en marcha, el alto tribunal busca determinar si la adjudicación de contratos en el interior de la entidad tiene que ver, como ha mencionado López, con la aprobación de iniciativas legislativas en el Congreso.
La mención del primer mandatario, quien ha señalado que todo lo dicho por el exdirector de la Ungrd es falso y que con ello busca beneficios para una rebaja de pena, no es un detalle de menor cuantía. La Corte Suprema de Justicia llamó a declarar al jefe de Estado en el expediente que adelanta el alto tribunal en contra de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Dos pesos pesados de la política, y sobre quienes pesa una investigación en esa corporación por, al parecer, haber recibido sobornos por hasta $4.000 millones para darles trámite a las reformas del Gobierno en el Legislativo, todo según los testimonios ante los medios de comunicación y autoridades judiciales de López y Sneyder Pinilla.
Esa investigación de la Corte está en manos del magistrado Francisco Farfán, quien decretó “varias pruebas luego de examinar las peticiones de la defensa del congresista (Andrés Calle) y del representante de la Procuraduría”. El despacho del magistrado Farfán también ordenó una inspección judicial tanto a las oficinas de la Presidencia como a las secretarías del Senado y de la Cámara de Representantes con un solo objetivo: recopilar información acerca del trámite de las reformas a la salud y la pensional. Ese primer proyecto, que corresponde al paquete de reformas sociales del gobierno Petro, se cayó en la pasada legislatura, a mediados de abril. La reforma pensional, en cambio, vio luz verde en junio pasado y fue sancionada por el jefe de Estado en la plaza de Bolívar el 16 de julio, hace apenas dos días.
Junto al presidente Petro fueron llamados a declarar en el mismo expediente Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y también el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien por segunda vez es mencionado en un expediente relacionado con la contratación en la Unidad. La primera vez que se escuchó su nombre fue por cuenta de Olmedo López, quien lo señaló en medios de haber pactado reuniones entre el exdirector de la Unidad y algunos alcaldes, con el fin de buscar contratos. Sin embargo, el funcionario ha respondido que no tiene nada que ver con esos señalamientos y que él, incluso, denunció a López cuando estalló el escándalo de los carrotanques. Las declaraciones del mandatario y el titular de la cartera de Salud, añadió el alto tribunal, se harán por certificación juramentada y a través de un cuestionario escrito.
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Los señalamientos de ambos legisladores volvieron a tener especial relevancia luego de que el pasado martes 16 de julio Noticias Caracol revelara un informe con apartados de la declaración de Olmedo López ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Durante esa diligencia, la cual habría sido filtrada al medio de comunicación, un acto que fue rechazado por el alto tribunal, el antiguo director de la Ungrd entregó algunos detalles del esquema de contratación irregular en la Unidad, y fue enfático en señalar que dentro de ese engranaje hubo participación directa de varios congresistas, pues se buscaba cambiar sus votos en favor de proyectos de ley que favorecieran al Gobierno, a cambio de contratos con la entidad. Si bien Caracol Televisión no esclareció si López al final nombró a los expresidentes del Congreso ante la Corte, en repetidas ocasiones los ha señalado de recibir coimas para agilizar los trámites normativos del Congreso.
Sin embargo, el llamado de la Corte para tomar la declaración del presidente Petro se asomó después de otra importante determinación del alto tribunal: el cambio en quien llevará las pesquisas contra los congresistas mencionados en el caso de contratación irregular en la Ungrd. Los archivos que desde la Fiscalía llegaron a la alta corte aterrizaron en el despacho del magistrado Héctor Alarcón, quien tenía la estricta tarea de investigar a los nueve legisladores que, según el ente investigador, se habrían visto beneficiados con contratos corruptos de la Unidad de Riesgo de Desastres. No obstante, tras la filtración de la declaración de Olmedo López ante la Sala de Instrucción, el expediente pasó a manos del presidente de la Sala, Misael Rodríguez.
“La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deplora la filtración a un medio de comunicación de una pieza procesal con reserva de una investigación en curso (…) Ese tipo de hechos pueden afectar el normal y eficaz desarrollo de la investigación que tiene un alto grado de complejidad y relevancia nacional”, expresó la corporación sobre el asunto. En su declaración, López entrega información sobre la presunta participación de nueve legisladores y los ministros del Interior (para entonces Luis Fernando Velasco); Hacienda, Ricardo Bonilla, y la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, en hechos de corrupción con la entidad.
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De acuerdo con el exdirector de la Ungrd, la delegación de contratos se impartía en lo que denominó como “el cónclave”, unas supuestas reuniones que sostuvo con ministros y congresistas. En palabras de Olmedo, hubo dos encuentros: uno el 27 de noviembre y otro el 15 de diciembre de 2023. El primero se dio, dijo, en la Casa de Nariño y, el segundo, “en la oficina de un ministro”. Según López, en esos encuentros habría participado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y una de sus asesoras de confianza, María Alejandra Benavides, la cual había visitado la oficina de Sneyder Pinilla en varias oportunidades a finales de 2023 e inicios de 2024.
El ministro Bonilla, según el exdirector de la Ungrd, había autorizado en el Congreso la adición de $208.000 millones al presupuesto de la Unidad, tres meses antes de las elecciones regionales de octubre de 2023 y en el Capitolio recibió el apoyo de al menos 20 congresistas, que le dieron el “sí” a su propuesta. Entre los legisladores que firmaron estar de acuerdo con la adición presupuestal estuvieron Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar y Julián Gallo, quienes, además, aparecen en la lista que la Fiscalía entregó a la Corte por su presunta participación en contratación irregular con la Ungrd.
Manzur, representante del Partido Conservador, de hecho cuenta con una investigación en el alto tribunal, pues ya había sido mencionado por López como supuesto beneficiario de millonarios contratos con la entidad. En la declaración de López ante el alto tribunal también estuvo cara a cara con Manzur, quien ha negado su participación en el engranaje. El exdirector López fue más allá y mencionó, incluso, que algunos contratos habrían llegado a las filas del ELN, cuando ese grupo armado negociaba volver o no a los secuestros como método de financiación. El exfuncionario dijo que ese impase en la negociación se superó con un supuesto contrato de la Unidad dirigido a Arauca.
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Al rechazo por la filtración de las declaraciones de Olmedo López ante la Sala de Instrucción se sumó su defensa judicial, en cabeza del abogado penalista José Luis Moreno Caballero. A través de un comunicado, el jurista mencionó que dos miembros de su equipo renunciaron “por temor a ser asesinados”. Moreno afirmó, además, que la defensa no tuvo acceso ni copia de las declaraciones por instrucción del magistrado, y realizó un llamado a las autoridades para que garantizaran la seguridad, vida e integridad de Olmedo López, su familia y a todo su equipo jurídico. Según pudo conocer este diario, el jurista interpuso un recurso de queja ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la presunta filtración de las grabaciones.
Así pues, el papel de la Corte Suprema de Justicia es crucial para desenredar la maraña judicial que ha dejado las palabras de Olmedo López en su declaración, y que, hasta el momento, tiene dando explicaciones a congresistas, funcionarios y contratistas, y ahora al mismísimo presidente Petro, quienes en su mayoría han negado su vínculo con la contratación y que consideran los señalamientos como un intento de sabotear los planes del Gobierno.
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