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En marzo del año pasado, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, anunció, con bombos y platillos, una importante operación en contra del narcotráfico en Pereira (Risaralda). Se trató de la demolición de una casa en el barrio La Libertad, que él mismo describió como una guarida de atracadores, expendedores y consumidores de estupefacientes. Varios uniformados de la Policía llegaron al lugar, pusieron un letrero en el que se leía que estaban allí, bajo actividades contra el microtráfico y, con una excavadora naranja, derrumbaron la humilde vivienda.
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Desde que se conoció el caso, los propietarios del lugar y hasta la Alcaldía de Pereira denunció que algo iban muy mal en esa operación. Pese a que hubo un par de cambios en los oficiales de la Policía de la ciudad, ninguna autoridad aclaró qué había pasado. Sin embargo, en la mañana de este domingo 19 de marzo, la Fiscalía Penal Militar cambió la historia. En varias ciudades del país capturó a seis oficiales de la Policía que habrían manipulado información oficial y abusado de su poder para que esa anunciada operación pudiera realizarse, pese a que la casa jamás fue un centro dedicado al expendio de drogas, sino, una vivienda familiar.
Las capturas ocurrieron en Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Bogotá. Los oficiales son: el coronel Carlos Andrés García Suárez; el mayor César Alfonso Bohórquez Salcedo; el mayor Wilmer Delgado Herrera; el capitán Héctor Julián Botero Sánchez; el teniente Jarrixon Peralta Sánchez; y el subintendente Rutber Vega Ramírez. Según la Fiscalía Penal, los oficiales serán procesados por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, abuso de autoridad, prevaricato por omisión y destrucción y/o ocultamiento de material probatorio y evidencia física.
Lo que la investigación ha podido aclarar hasta ahora es que la casa que derribó la Policía, con el visto bueno del ministro Molano, sí tenía una orden para su demolición, pero porque estaba en riesgo de colapsar. Ese proceso, al parecer, lo conocía la Policía y, pese a que sus propietarios habían hecho todos los procedimientos para que los uniformados acompañaran la demolición, al final terminaron presentando el lugar como un sitio dedicado al narcotráfico. Carlos Sánchez, uno de los propietarios de la casa, cuya abuela vivió allí hasta días antes de la demolición, fue uno de los primeros en denunciar las irregularidades.
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Él mismo contó a medios de comunicación que la Policía la pidió las llaves de la casa, días antes de la operación, para ingresar habitantes de calle a la estructura y así justificar que sí se trataba de un lugar de consumo de drogas. En entrevista con el noticiero Noticias Uno, Sánchez aseguró que tenía todos los papeles para probar que la operación de la Policía no era otra cosa que un montaje y él mismo se encargó de entregar las pruebas a las autoridades. Otro de los que denunció lo ocurrido fue el alcalde de Pereira, Carlos Maya, quien pidió a los involucrados apartarse de sus cargos, por lo que llamo un falso positivo judicial”.
En contraste, las palabras del ministro Molano fueron: “Cada vez que se derribe un muro de un sitio como estos que se había convertido en una guarida de atracadores, en un sitio de consumo, se generan zonas de miedo, yo estoy seguro que en la noche nadie quería pasar por acá, al adulto mayor le da miedo, los papás que tenían que cruzar acá al barrio de La Libertad les daba miedo. Derribar estos muros de miedo para que crezcan esfuerzos de esperanza, derribar estas guaridas de atracadores, para que retorne la seguridad, para que surjan posibilidades de diversión, de recreo, de caminar para los adultos mayores y jóvenes; y que las familias lo puedan hacer sin miedo y con tranquilidad”.
Uno de los primeros en salir fue el coronel Aníbal Villamizar Serrano, quien se desempeñaba como comandante de la Policía de Pereira cuando ocurrieron los hechos. También fueron retirados el segundo comandante, John Fredy Falla; la comandante del operativo, Dewi Xiomara Jácome González; y algunos funcionarios de investigación criminal del Eje Cafetero y del orden nacional. Ninguno de los tres mencionados fueron capturados en lo que la Fiscalía Penal Militar llamó. “Operación Perla”. Tres meses después de su retiro, Villamizar Serrano fue nombrado como comandante de la Policía en Medellín.
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En su momento, el entonces el director de la Dijín, el general Fernando Murillo, pidió disculpas por lo sucedido y aclaró que todo era un “error”. Sin embargo, el ministro Molano no volvió a mencionar el caso y, de hecho, todavía tiene el trino del momento en el que se derribó lo que, él mismo dijo, era un olla de microtráfico. “Con estas capturas se reafirma el compromiso indeclinable de la Policía Nacional y de la Fiscalía General Penal Militar y Policial a través de una “Justicia con dignidad y eficacia”, en la lucha frontal contra la corrupción y las acciones que afecten la disciplina, el servicio y el honor de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares”, concluyó en un comunicado la entidad.
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