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La reciente captura de Ferney de Jesús Cardona Bello, un empresario de Medellín que es señalado por la Fiscalía de ser una de las cabezas financiera del Clan del Golfo, puso sobre relieve hasta dónde han llegado los tentáculos de esta organización criminal y cómo los fantasmas del proyecto paramilitar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. El ente investigador reveló en los últimos días que de la estructura de Soya sería parte María Luisa Botero, la hija del exdirector de Coldeportes y expresidente de Atlético Nacional, Andrés Botero Phillipsbourne.
Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso entregó detalles sobre cómo nació la investigación de la red de testaferros de alias Solla, de la cual haría parte Álvaro Benoit, esposo de María Luisa Botero. El ente investigador señaló que parte de la investigación ya estaba en manos de las autoridades, pero que tomó más forma luego de las declaraciones de Jhon Freddy Zapata, alias Messi, un narcotraficante que fue capturado en enero de 2021 por ser uno de los principales narcotraficantes de Otoniel, el entonces líder del Clan del Golfo.
Según la Fiscalía, en junio de 2023, cuando alias Messi fue extraditado a los Estados Unidos, de inmediato este empezó a colaborar con las autoridades de ese país. Uno de los primeros apuntados por Messi fue Soya y a partir de allí las autoridades empezaron a intensificar las acciones investigativas contra los movimientos del señalado narcotraficante y otras siete personas, entre ellas, Botero y Benoit. De acuerdo con la imputación de cargos,
Soya, según las investigación de la Fiscalía, junto con su red de testaferros, elaboraron un andamiaje de empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, mediante las cuales habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a países de Europa y Estados Unidos. Una de esas personas sería María Luisa Botero, dice el ente investigador.
¿La empresa del paramilitarismo?
Entre ellas, aparece una empresa Subastas Ganaderas del Urabá (Suganar), de la que es revisor fiscal Juan Salazar, quien a su vez, es contador de Soya. Esa empresa, señaló la Fiscalía en su intervención del proceso, fue señalada por alias Pedro Bonito de lavarle plata al Bloque Bananero de los paramilitares en el Urabá antioqueño durante los años noventa. Sin embargo, las autoridades nunca indagaron sobre esa posible situación y solo hasta hoy vuelve a poner en el radar de las autoridades.
Suganar fue recientemente mencionada por el portal periodístico Vorágine, que señaló en marzo de 2022, que, a finales de los años noventa y principio de los 2000, el exjefe paramilitar alias Cuco Vanoy fue accionista de esa empresa mientras el paramilitarismo estaba en auge en Antioquia y otros departamentos. Vanoy actualmente está preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, pero mientras estuvo en Colombia fue cercano al cartel de Medellín y dirigió el Bloque Mineros de las AUC, el cual tenía injerencia en el Bajo Cauca antioqueño.
El medio de comunicación también advirtió que otro de los accionistas fue Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de Carlos, Vicente y Fidel Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Raúl Emilio Hasbún (alias Pedro Bonito y comandante del Bloque Bananero), creó las asociaciones Suganar y Aganar, lideradas y manejadas por él y otros líderes del gremio, a través de las cuales se recibían dichos aportes y se transferían a las AUC”, señala un fallo del Tribunal Superior de Medellín, proferido en 2014.
Contratista y fachada
Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía mencionó a otra de las personas que estaría vinculada a la red de alias Soya: Luis Molina, quien supuestamente le maneja unas empresas fantasma en Urabá donde lavan plata. Una de las cuatro empresas de Molina y que fueron presentadas por la Fiscalía como fachada del Clan del Golfo es Distrimateriales Molina. De acuerdo con las bases de datos públicas, esta mis empresa aparece como una de las principales contratistas de Apartadó otro municipio del Urabá antioqueño.
Esa empresa logró hacerse como contratista de $7.245 millones que le fueron adjudicados entre 2017 y 2022, en los que se hizo cargo de obras para el municipio y arreglos para la alcaldía de Apartadó. Luego de la exposición de otros hechos y pruebas del caso, ninguno de los imputados aceptaron los cargos y por ahora el proceso seguirá su curso. La Fiscalía, que fue cuestionada en el inicio de su imputación por no ser “clara y puntual” en los hechos jurídicamente relevantes, tendrá que seguir el proceso y comprobar en los estrados judiciales que Soya, Botero y los demás procesados, le lavaron plata al Clan del Golfo.
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