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Un viejo fantasma de la era Uribe volvió a salir a flote con una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: las acciones ilegales que realizó el DAS, que toda su existencia fue la policía secreta de la Presidencia, en contra de la Corte Suprema de Justicia. “No se justificó ninguna razón legítima para que se adelantaran actividades de inteligencia en la Corte Suprema de Justicia”, concluyó el Tribunal. “No habría ningún motivo para obtener expedientes o grabar sesiones de Sala Plena”, agregó la corporación, para la cual no quedó ninguna duda de que todas esas actividades ilícitas fueron una “labor institucional”.
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Lo que el Tribunal resolvió fue la demanda que el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, junto con su familia, presentó en contra de la nación por los seguimientos ilegales y la persecución de la que él alega fue víctima en el segundo período presidencial de Uribe. Hacia 2006, Velásquez era considerado uno de los funcionarios más importantes del alto tribunal: la parapolítica recién se había destapado y el manto de ese escándalo empezaba a cubrir a gente del Congreso como Érik Morris, Dieb Maloof, Álvaro Araújo y Muriel Benito Rebollo; y Velásquez era el coordinador, desde la Corte, para esas investigaciones.
La parapolítica, como ya es bien sabido, produjo un punto de quiebre entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema, especialmente luego de que se conociera que uno de los investigados era su primo, Mario Uribe Escobar, quien terminó condenado en 2011 a siete años y seis meses de prisión por sus nexos con grupos paramilitares. Y en ese choque de trenes que se produjo entonces quedó atrapado Velásquez, el cual, reconoce hoy la justicia, fue víctima de seguimientos ilegales y de una campaña de desprestigio que se orquestó con la maquinaria del DAS y con el conocimiento de un hombre de absoluta confianza del expresidente Uribe: Bernardo Moreno.
“El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Moreno) tenía conocimiento de las operaciones de inteligencia que se adelantaban sobre la Corte Suprema”, se lee en el fallo. Moreno fue condenado en 2014 a ocho años de prisión por los seguimientos e interceptaciones ilegales que se produjeron desde el DAS contra opositores del Gobierno, magistrados, periodistas y abogados, entre otros. María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, fue sentenciada en 2015 a 14 años de prisión por lo mismo. El expresidente Uribe, por su parte, ha sostenido que nunca ordenó la comisión de delitos.
La demanda que presentó Velásquez, sin embargo, incluye varios testimonios que, cuando menos, ponen un interrogante a la versión de Uribe con respecto a la cueva de Alí Babá en que se convirtió el DAS durante su gobierno (el escándalo fue tan grave, que en 2011 el DAS resultó liquidado). Por ejemplo, Martha Leal, exsubdirectora de operaciones de inteligencia del DAS entre 2005 y 2009 -quien resultó condenada a siete años de prisión por este mismo tema-, admitió a la Fiscalía que “el DAS terminó siendo usado por el problema que existía entre el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia”.
Luego apareció el testimonio de una de las protagonistas de toda esta historia: Alba Luz Flórez Gelves, que pasó a la historia nacional con el sobrenombre de Mata Hari. Ella, detective del DAS, infiltró la Corte Suprema y convirtió en “espías”, prácticamente, a dos empleadas de servicios generales de la Corte, quienes llegaron a poner grabadoras ocultas en el salón del alto tribunal donde se reúne la Sala Plena. En 2014, a pesar de la condena en su contra por este escándalo, consiguió con un fallo su reintegro al DAS y una indemnización, pero el Consejo de Estado tumbó esa decisión ese mismo año.
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La Mata Hari fue quien reclutó al conductor del entonces coordinador de las investigaciones por parapolítica, Iván Velásquez, y ese conductor se convirtió en su informante también. Con esos “espías”, Flórez Gelves tuvo acceso a información sobre “posibles capturas por parapolítica que ordenaría la Corte, copias de los expedientes que adelantaba la Corte Suprema de Justicia, grabaciones de las declaraciones privadas de testigos que se hacían en el noveno piso de la corporación [donde estaba la oficina de Velásquez] y números telefónicos de los magistrados que adelantaban la investigación por la parapolítica”.
Gustavo Sierra Prieto, otro exfuncionario del DAS, le contó a la Fiscalía que la información sobre la Corte Suprema se empezó a pedir cuando Andrés Peñate era el director de la entidad, en 2006. Peña, quien fue vinculado a la investigación, pero no ha sido condenado, siempre ha rechazado cualquier participación en el esquema de ilegalidades en que se volvió el DAS. Sierra Prieto dijo que el DAS hacía “análisis estratégicos” con todos los datos recopilados y que se le entregaban a Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia y entonces cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
En la demanda se adjuntó también el interrogatorio que rindió Fernando Tabares, exdirector de inteligencia del DAS. Los detalles que este entregó fueron más comprometedores aun con respecto a la administración Uribe. Contó que, en 2007, se reunió en un club con María del Pilar Hurtado -quien huyó a Panamá cuando las investigaciones en su contra empezaron, con apoyo del expresidente Uribe- y Bernardo Moreno. “Este último les manifestó que el interés del presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro aspectos principales, entre ellos la Corte Suprema de Justicia”.
Con todos esos elementos sobre la mesa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que Iván Velásquez, su esposa y sus hijos sí fueron víctimas de seguimientos ilegales por parte del DAS. El único episodio en el que Velásquez alegó y perdió fue el de Tasmania: en octubre de 2007, la Presidencia sacó un comunicado de prensa en el que advirtió que el exparamilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, había enviado una carta a la Casa de Nariño en la que acusaba a Velásquez de haberlo buscado en la cárcel para ofrecerle beneficios a cambio de rendir testimonio contra Álvaro Uribe.
Quien viajó a Medellín a recibir la carta de Moncada fue Martha Leal y quien se la entregó fue el abogado Sergio Álvarez, quien era, a su vez, defensor de Mario Uribe, primo del presidente de la época. Al final, Tasmania se retractó y Velásquez alegó que se trataba de un complot en su contra. El Tribunal aceptó que un comunicado de prensa emitido por la Presidencia de la República, en el que lo relacionaban con un intento de comprar un testigo, tenía “la capacidad de afectar el buen nombre y la honra del demandante”, pero que, a la larga, Velásquez no demostró cómo ese fue un plan de desprestigio en su contra. En todo lo demás, la responsabilidad de DAS y del Dapre quedó probada para el Tribunal.
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