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Hace dos años, el mundo volvió a poner sus ojos sobre Haití. Ya lo había hecho en 2010, luego de un terremoto que ha sido catalogado por expertos como uno de los más devastadores de la historia. Pero en la madrugada del 7 de julio de 2021, la historia fue otra. Un grupo de hombres armados irrumpió en la casa del presidente Jovenel Moïse y lo asesinó. En cuestión de días, se supo que quienes habrían cometido el magnicidio eran 26 exmilitares colombianos, que supuestamente fueron contratados por una empresa privada, al parecer financiada por empresarios y políticos interesados en asumir el control del país. Más allá de esa pugna violenta, el hecho puso sobre la mesa una grave problemática en la fuerza pública colombiana: la salida de militares que terminan como mercenarios en conflictos armados ajenos.
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Desde el asesinato de Moïse se ha sabido que, desde hace varios años, empresas extranjeras vienen a reclutar militares colombianos por grandes sumas de dinero. El Espectador conoció que, para frenar esta situación, el Comando General de las Fuerzas Militares ejecutó un infructuoso plan con el fin de retener a experimentados militares que terminan en guerras en el extranjero. Así lo muestran varios documentos rotulados como “secretos” del Comando General filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya. Este diario tuvo acceso a los archivos que tienen información reservada de seguridad nacional, a través de la organización Forbidden Stories, un consorcio radicado en Francia que continúa el trabajo de periodistas amenazados o asesinados.
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El plan Juno
La piedra angular de esta fallida estrategia para evitar la salida de militares al extranjero es un documento de 13 páginas elaborado en febrero de 2017 por el entonces mayor general Luis Fernando Navarro, cabeza del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y, hasta el año pasado, comandante general de las Fuerzas Militares del gobierno de Iván Duque. Navarro fue uno de los altos oficiales que compareció públicamente, en julio de 2021, para dar explicaciones sobre los exmilitares implicados en el asesinato de Moïse. En ese momento, el general ya tenía claro el panorama de los mercenarios, pues, cuatro años antes, había creado el plan Juno con el fin de “diseñar una estrategia para mitigar la pérdida de fuerzas especiales a causa de la vinculación laboral con empresas extranjeras en servicios de seguridad”.
El informe conocido por este diario, además de enlistar las causas de por qué los militares terminan de mercenarios, revela una cifra alarmante sobre la masiva salida de uniformados y, además, que es una problemática identificada por las Fuerzas Militares desde hace más de una década. Una detallada tabla da cuenta de que, entre 2012 y 2017, 1.061 militares (entre oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina) salieron del país. El 2012 fue el más crítico, con 450 uniformados que pidieron la baja y salieron del país a engrosar las filas de ejércitos privados. El Espectador le solicitó al Comando General cifras más recientes sobre esta problemática, pero dijeron que eran datos reservados y que, si fueran publicados, afectarían la seguridad nacional.
El documento del general (r) Navarro señala que: “desde 2012 hay una pérdida de personal de Fuerzas Especiales en razón a que países del Medio Oriente, en su afán de fortalecer la seguridad de sus intereses, diseñaron un plan para reclutar personal entrenado en Fuerzas Especiales de diferentes países, a fin de organizar ejércitos privados, ofreciendo salarios en dólares, lo cual favorece especialmente a los latinos (…) Militares con gran experiencia en nuestras instituciones, luego del retiro, se vinculan a dichas empresas, reclutan al personal activo, convirtiendo esta actividad en un problema para Colombia, pues son hombres con abundante entrenamiento y experiencia, que difícilmente se recupera”.
Fuentes de las Fuerzas Militares le contaron a este diario que militares alemanes e israelíes vienen semestralmente a Colombia a reclutar hombres para llevarlos a varios países. “En el Parque Simón Bolívar [en Bogotá] suelen hacer las pruebas físicas para verificar que sigan en forma”, dijo uno de los uniformados que tiene amigos que ya están por fuera del país. Este diario también logró establecer que hay varios colombianos en Yemen, país que mantiene una guerra civil desde 2014. Incluso, la Fiscalía busca a uno de estos mercenarios colombianos para que sea testigo en el caso del magnicidio del excandidato presidencial Carlos Pizarro, asesinado en 1990.
En los últimos meses, también se supo que dos militares colombianos murieron cuando hacían parte del ejército ucraniano luego de los fuertes bombardeos del ejército ruso. Uno de ellos, muerto en marzo de 2023, viajó con el propósito de recaudar dinero para pagar una millonaria deuda. Justamente, el plan Juno del general Navarro dice que las primas laborales que reciben los militares en Colombia son insuficientes para evitar su salida. Pero la solución que planteó en 2017 el hoy embajador en el Líbano no era tramitar nuevos decretos que beneficiaran económicamente a sus hombres, sino que eran piezas videográficas que pretendían reforzar el sentido de pertenencia por las Fuerzas Militares.
El plan de Navarro también incluía: sesiones con psicólogos, campañas y charlas con las familias de los uniformados para estrechar esos lazos con las instituciones militares. “Recopilar casos de personal que haya sido vinculado a las empresas contratistas y cuya experiencia sea negativa, a fin de mostrar estos testimonios como ejemplo ante las tropas; así mismo, testimonios de exintegrantes que se encuentren en retiro y hayan sido exitosos económica y familiarmente sin necesidad de servir a estos países. La realización de un video de motivación para evitar que el personal militar tome la decisión de emigrar a los países contratistas”, señala el documento en poder de este diario.
Navarro también le pidió a la inteligencia y contrainteligencia realizar estudios para determinar qué estrategias estaban usando para reclutar a sus uniformados, incluso, identificar a militares que estuvieran ayudando a reclutar o en proceso para irse como mercenario. El Espectador también envió una serie de preguntas al Comando General de las Fuerzas Militares sobre el plan Juno. Entre ellas, si el plan está vigente, cuánto dinero se le ha destinado y qué impacto ha tenido en las filas militares. Sin embargo, la respuesta fue la misma: que era información reservada. Este diario pudo confirmar con altos oficiales que el plan no duró más de un año y no tuvo mayor trascendencia en las Fuerzas Militares.
Aunque la cúpula militar no entregó detalles sobre la salida de uniformados para volverse mercenarios, el caso de los 26 exmilitares en Haití y los reportes de militares que viajan y mueren en el extranjero evidencian que la problemática está vigente. Además, que las Fuerzas Militares no tienen una estrategia clara para evitar que los hombres, que duraron años en sus guarniciones para ejecutar las más peligrosas operaciones militares contra la guerrilla y el Clan del Golfo, terminen empuñando armas en el extranjero. Sobre los señalados mercenarios colombianos se sabe que tres murieron durante el operativo criminal, dos están en juicio ante la justicia estadounidense y los demás ni siquiera han sido presentados ante un juez. No ha iniciado ningún tipo de juicio o acción judicial más allá de la captura.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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