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Kevin Fernando Henao Martínez está a un paso de convertirse en el nuevo viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). Yesenia Olaya Requene, ministra de esa cartera, solo tiene pendiente una firma para oficializar el nombramiento en el cargo que Henao Martínez ocupa desde hace un par de meses en calidad de encargado. El politólogo, de 32 años, es graduado de la Universidad Nacional y acumula más de una década de experiencia en el ámbito político. Llegó a esa entidad en noviembre pasado como asesor, después de su paso por el Ministerio del Interior. Tras la publicación de su hoja de vida en la página de la Presidencia, su designación formal parece inminente y en cuestión de días.
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Sin embargo, el nombramiento de Henao ocurre mientras su nombre aparece vinculado a uno de los expedientes más sensibles contra el gobierno Petro: el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El Espectador conoció documentos sobre el papel que habría desempeñado este exfuncionario del Ministerio del Interior, así como la versión que entregó Henao a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Tanto ese alto tribunal como la Fiscalía lo ubican como una ficha cercana al hoy preso exministro Luis Fernando Velasco, particularmente en el relacionamiento entre congresistas y el alto gobierno, un rol que resulta central en las investigaciones por la presunta compra de apoyos políticos.
Henao Martínez llegó al Ministerio del Interior a finales de 2023, cuando Velasco le ofreció el cargo de director de Asuntos Legislativos. Un cargo clave para los propósitos del Ejecutivo. Para entonces, ambos ya tenían una relación laboral de vieja data. Se conocieron cuando Henao trabajaba en el Senado, a donde llegó en 2015 a realizar una pasantía. En 2022, Velasco volvió a llamarlo para que integrara la Consejería Presidencial para las Regiones. Más tarde, cuando el presidente Gustavo Petro encargó a Velasco del Ministerio del Interior, Henao Martínez también aterrizó en esa entidad. Ante la Corte Suprema, el 7 de mayo de 2025, explicó en detalle cuáles eran sus funciones como director legislativo durante ese periodo.
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Según declaró, su trabajo consistía en coordinar un equipo de cerca de 30 enlaces del Ministerio con el Congreso y gestionar las relaciones institucionales con los congresistas y sus Unidades de Trabajo Legislativo. Entre sus funciones estaba organizar citas, hacer seguimiento a las sesiones del Congreso y elaborar informes para el ministro sobre debates, quórum, votaciones y agenda legislativa. En resumen, documentar la trasescena del ajedrez político del Parlamento. “Tenía que estar muy atento de la agenda, qué temas se iban a debatir semanalmente, los debates, cómo estaba el quórum en las sesiones, quiénes estaban votando y quiénes no”, explicó. Esos informes, añadió, le permitían al ministro Velasco saber al detalle quiénes estaban alineados con el gobierno en el Capitolio.
Con ese contexto, el magistrado auxiliar Carlos Eduardo Gónima Díaz Granados le preguntó si conocía a dos protagonistas del expediente de la Ungrd: Jaime Ramírez Cobo y Andrea Ramírez. El próximo viceministro Kevin Fernando Henao respondió que sí y explicó que el primero era el enlace de la Presidencia con el Congreso y la segunda cumplía la misma función desde el Ministerio de Hacienda. Ambos han sido mencionados de forma reiterada en las investigaciones judiciales porque, según la Fiscalía y la Corte, habrían intermediado en la entrega de contratos estatales a congresistas a cambio de apoyos políticos. Esa supuesta dinámica es una de las piezas centrales del caso Ungrd, en el que se investiga una estrategia para asegurar votos clave a favor del Ejecutivo a cambio de proyectos y contratos públicos.
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La Corte también le preguntó a Henao si conocía a María Alejandra Benavides, quien reemplazó a Andrea Ramírez durante su licencia de maternidad para el segundo semestre de 2023 y cuyas declaraciones han llevado a prisión a dos exministros y comprometido a varios congresistas. El funcionario confirmó que la conocía y que sostuvo reuniones con ella para coordinar asuntos legislativos de interés tanto para Velasco como para el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. No obstante, cuando el alto tribunal empezó a interrogarlo por hechos puntuales de corrupción, sus respuestas cambiaron de tono. El punto de quiebre fue cuando se le preguntó por el concepto de “cupo indicativo”, una de las almendras de esta investigación judicial.
Henao Martínez aseguró conocer esa expresión “como concepto abstracto”. “Yo soy politólogo, pero no lo podría describir en la práctica porque no conozco a qué se refiere eso”. “Pero ¿podría indicarle a este despacho qué entiende usted por el término cupo indicativo?”, le contrapreguntó el magistrado auxiliar Gónima Díaz Granados. “Pues en su definición como concepto abstracto entiendo que es una transacción que se hace”, trató de explicar Henao. “¿Y de qué consiste esa transacción?”, insistió el investigador judicial. “En el caso del Congreso entendería yo que el concepto teórico de cupo indicativo es una transacción en donde se le da algo a algún congresista para que apoye alguna iniciativa de gobierno”. Es decir, definió exactamente esa forma de corrupción. Eso sí, afirmó que nunca escuchó ese concepto en reuniones con Velasco.
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Sin embargo, la Fiscalía y la Corte cuentan con pruebas que indican que habría participado en al menos tres encuentros donde se habló de “aceitar” a congresistas. Uno de ellos ocurrió el 18 de septiembre de 2023 en el Ministerio del Interior, con presencia de Bonilla, Ramírez, Henao y Velasco. Según el testimonio de María Alejandra Benavides, en esa reunión Velasco pidió a Bonilla que ella atendiera al senador Julio Elías Chagüi. El objetivo, aseguró ella, era gestionar contratos a cambio de votos. De acuerdo con el expediente, ese mismo día se realizó un encuentro y fue Kevin Fernando Henao Martínez quien llevó al senador a reunirse con Benavides. Aunque ante la Corte Henao dijo que no estuvo presente, la Fiscalía considera que se trató de una reunión clave para destrabar las discusiones en el Congreso.
Benavides afirmó tener pruebas de que Chagüi estaba interesado en varios contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías), los cuales no se concretaron. Ante los problemas para tramitar esos proyectos, el Gobierno habría buscado en la Ungrd una vía alternativa. Los tiempos coinciden con la directriz de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y las reuniones en la Casa de Nariño en el denominado “cónclave”, donde se habría trazado la estrategia de comprar parlamentarios, según la versión de Olmedo López, exdirector de la Ungrd. En su confesión, Benavides resaltó que entre el 5 y 7 de diciembre de 2023, el senador Chagüi le pidió ayuda para gestionar esos asuntos con López.
El Espectador conoció un chat fundamental en el proceso: el 4 de diciembre fue Henao quien puso en contacto al senador Chagüi con Olmedo López. De hecho, se lee en la conversación que le compartió su contacto. Además, en ese mismo pantallazo, Henao le envió a López una lista de congresistas del Pacto Histórico que durante una votación en el Congreso no apoyaron uno de los proyectos de ley en los que tenía interés el Gobierno. Fuentes enteradas del caso le aseguraron a este diario que ese listado enviado por Kevin Fernando Henao se habría usado en la Ungrd como una forma de veto para “castigar” a los congresistas del partido de gobierno. Además del capítulo sobre Chagüi, Henao está bajo el radar de las autoridades por sus presuntas gestiones para influir en votos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
Según testimonios, seis congresistas de esa célula legislativa habrían recibido proyectos por $92.000 millones en Arauca, Bolívar y Córdoba a cambio de aprobar créditos internacionales. La Fiscalía tiene videos, chats y registros de reuniones claves en las que Henao y Velasco habrían participado. “La incidencia del entonces ministro de Interior y su director legislativo no guarda ninguna relación con asuntos técnicos propios de la Comisión”, señaló la Corte al resolver la medida de aseguramiento contra los parlamentarios investigados en este caso. Y añadió: “Como el mismo ministro Velasco lo reconoció, su cartera se encarga de los asuntos netamente políticos y, funcionalmente, no tiene ninguna relación con la CICP”. Por eso, justamente, el alto tribunal ha dicho que en esas reuniones se habrían concretado los cupos indicativos.
Aunque Henao aseguró una y otra vez que no recordaba los términos de esos encuentros, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigara. Sin embargo, el ente investigador todavía no ha dado pistas de en qué van sus pesquisas contra otros eslabones de este escándalo, como Henao, Jaime Ramírez Cobo y Andrea Ramírez. Lo que sí se supo esta semana es que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial les abrió una investigación a los fiscales que llevan el caso por las presuntas omisiones que habrían permitido que Carlos Ramón González se fugara a Nicaragua. El Espectador se comunicó con el próximo viceministro de Ciencia para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta. Al margen de sus explicaciones, hay muchas sombras que ciernen sobre Kevin Fernando Henao. Ni más ni menos que su posible rol en el denominado peor escándalo de corrupción del gobierno.
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