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“Faltarían 110 años para que le puedan restituir la tierra a los campesinos que fueron despojados por la violencia. De la meta de 6′500.000 hectáreas, en 14 años de la Ley de Víctimas, se han restituido solo 840.000. Eso significa el 12,5 %”. Con esas palabras, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, sentencia el avance de la política pública de restitución de tierras, que nació en 2011 como una apuesta esperanzadora para los colombianos desplazados y despojados. Sin embargo, la meta está lejos de ser una realidad, pues a la iniciativa le quedan apenas seis años de vida. Por eso, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) llevó a cabo un congreso en Cali, donde surgieron ideas para salvar el programa.
El camino del gobierno Petro está trazado. En el año que le resta en el poder, la URT seguirá privilegiando los procesos que impliquen la restitución de comunidades indígenas y afro, quienes serán beneficiadas con predios de uso común y de grandes extensiones de tierra. Tal es la eficacia de ese modelo que en los últimos tres años se han logrado el 32% de los resultados totales en la historia de la política pública. Asimismo, la entidad seguirá reevaluando solicitudes de restitución que fueron negadas en gobiernos pasados por, entre otros motivos, la riña de intereses con empresas del sector minero energético. Esos serán resultados que este gobierno no verá, pero que sí aportará en el rezago de la restitución.
En el congreso participó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien confirmó la intención del gobierno de que los procesos de la URT queden en manos de la esperada Jurisdicción Agraria y Rural, una vez se termine la vigencia de la Ley de Víctimas, en 2031. La Jurisdicción Agraria, que será especializada en problemas sobre la tierra, ya fue aprobada por el Congreso y cuenta con el apoyo de todas las ramas del poder público. Sin embargo, todavía falta que se apruebe la ley ordinaria, que le dará el piso para su funcionamiento. Para que la Jurisdicción entre a funcionar falta la aprobación de un debate en la plenaria de la Cámara y otra en el Senado, lo cual podría suceder en esta legislatura.
Entre las voces más aplaudidas por los asistentes fue la del reconocido experto en tierras, quien fuera profesor de la Universidad Nacional, Alejandro Reyes. De manera contundente dijo: “Esta ley está llamada a fracasar”. Aseguró que la política pública ha enfrentado obstáculos gigantescos, como los intereses particulares de los gobiernos de turno y por representar una esperanza para las víctimas, en un país “de criminales, terratenientes y empresas que han utilizado la tierra para amasar un poder que defienden a muerte”. Para Reyes, el proceso de restitución, así de detallado y lento, no tiene futuro. Por ello, hizo un llamado a que expertos y funcionarios de gobierno piensen en la “restitución ampliada”.
La restitución ampliada implicaría, para Reyes, una reforma agraria total cuyo único resultado debe ser poner las tierras en manos campesinas. “Se debe hacer extinción de dominio a las tierras ociosas. Ahí hay entre 10 y 15 millones de hectáreas que el Estado puede entregar a quienes sí saben trabajarlas. Se deben recuperar los predios ilegalmente titulados a particulares, lo cual abrirá otras 10 o 12 millones de hectáreas. Y se le deben quitar las tierras a las mafias y los corruptos. Con esas tres fuentes usted puede hacer una reforma agraria radical y rápida en Colombia, sin violarle el derecho a nadie”, explicó el experto.
También aportó ideas la exalcaldesa de Apartadó (Antioquia) y directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas. La funcionar habló sobre la creación del catastro multipropósito. En sus palabras, una herramienta de gestión del territorio que tiene como objetivo registrar, actualizar y administrar la información sobre los bienes rurales y urbanos. “No solo para cobrar impuestos”, como dijo, sino también con fines sociales, ambientales, económicos y de planificación. Una propuesta, en todo caso, que lleva en el aire en los dos últimos gobierno sin que, al menos por ahora, impacte en la realidad del uso de las tierras ni en la restitución.
Por su parte, Álvaro Villarraga, experto en resolución de conflictos de la Universidad del Valle, habló sobre una variable que nadie había tenido en cuenta: “Se está restituyendo en un país que sigue produciendo víctimas”, lo cual deja la política pública en el escenario de un círculo con principio, pero sin fin. Otros expertos compararon el caso colombiano con, por ejemplo, países de los Balcanes europeos, donde la eficacia de una política similar alcanzó el 85%, pero porque la guerra cesó. “Colombia es el único país del mundo que hace un proceso de restitución en un marco de continuidad del conflicto armado”, señaló Bibiana Moreno, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por último, la fundación Forjando Futuros sigue apoyando la “restitución por vía administrativa”, con la cual puedan entregarse tierras a víctimas en casos donde no haya opositores o personas presentes en los predios. “En el 73 % de los casos no existe oposición, por lo cual es viable restituir al menos 3.600.000 hectáreas por vía administrativa”, señaló Gerardo Vega. A corte de 2025, la URT tiene como resultados la emisión de 10.439 sentencias, que favorecen a 130.284 personas, en 840.268 hectáreas. Aunque cada caso particular es una reparación para una familia víctimas del conflicto, la política pública, en perspectiva, parece que se está ahogando en sus propias promesas.
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Por Jhoan Sebastian Cote
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