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Durante años el general del Ejército Miguel Eduardo David Bastidas cargó el inri de las ejecuciones extrajudiciales a cuestas. En mayo de 2017, una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos lo llamó a indagatoria para que explicara sus actuaciones como ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Artillería Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), en Antioquia, en el año 2004. Para esa época esa unidad militar, adscrita a la Cuarta Brigada, fue considerada la más destacada en operaciones contraguerrilla del país. Los números de bajas en combate y éxitos operacionales superaban por mucho los de otros batallones. Mientras el Ejército publicitaba con bombos y platillos estos resultados, repartía felicitaciones o concedía permisos entre sus hombres, y anunciaba una guerra sin tregua para acabar la subversión, el ruido de los falsos positivos empezaba a multiplicarse.
En ese momento Miguel Eduardo David Bastidas tenía el grado de mayor y la responsabilidad del manejo administrativo del Bajes. El comandante del batallón era el coronel Juan Carlos Barrera Jurado, quien siempre despachó desde el puesto de mando adelantado ubicado en Guatapé, junto con los oficiales de inteligencia y operaciones. David Bastidas, a pesar de ser el ejecutivo y segundo comandante, trabajaba en la sede del Bajes ubicada en el barrio Buenos Aires, en la Comuna 9 de Medellín. Los separaban dos horas y media de distancia y unas funciones específicas: el coronel Barrera Jurado era el encargado de todas las operaciones militares, mientras el mayor David Bastidas se ocupaba de las funciones administrativas, el mantenimiento de las instalaciones y la logística. Así lo explicó este último en su diligencia de indagatoria en septiembre de 2017 a la Fiscalía.
Dos meses después, el 27 de noviembre de 2017, en una providencia de 360 páginas, la fiscal 106 de derechos humanos le dictó medida de aseguramiento a la cúpula militar del Bajes por los más graves delitos en el contexto del conflicto armado. A su entonces comandante, el coronel en retiro Juan Carlos Barrera Jurado lo responsabilizó de 97 homicidios en persona protegida, 39 desapariciones forzadas, siete secuestros, cuatro detenciones ilegales y 30 hechos de tortura de civiles ocurridos durante el año 2004. Justamente el año en el que dicho batallón obtuvo todos los reconocimientos y honores del gobierno de la Seguridad Democrática como el más eficaz en la lucha contra las guerrillas. En la misma providencia también se acusó al oficial de operaciones, al oficial de inteligencia y al comandante de Batería de un número muy similar de crímenes.
En concreto, al teniente coronel Pedro Antonio Sierra se le endilgó responsabilidad por omisión en 96 asesinatos, 38 delitos de desaparición forzada y 30 episodios de tortura; al teniente coronel Juan Carlos Quiroz, 65 homicidios en persona protegida y 25 desapariciones forzadas; al entonces capitán Gersson Fredy Buitrago, 60 homicidios de civiles y 20 desapariciones forzadas, y al teniente coronel Rubén Briam Blanco, 16 homicidios y siete desapariciones forzadas. Todos ellos, al momento de ser asegurados por la Fiscalía en 2017, ya estaban retirados del Ejército. El único que permanecía activo era el entonces coronel Miguel Eduardo David Bastidas, quien también resultó señalado de haber permitido 32 homicidios en persona protegida, 14 desapariciones forzadas, la tortura de 10 civiles y del delito de concierto para delinquir.
En ese año 2017 David Bastidas fue llamado a curso de general, pero por cuenta de esta investigación su ascenso se congeló. En 2018, sin embargo, el Ejército postuló su nombre al Senado para que llegara a ser brigadier general. En concepto del alto mando, cumplía todos los requisitos para ocupar dicha dignidad y, además, jurídicamente todavía no había decisiones de fondo en su caso, por lo cual debía presumirse su inocencia. En su momento en el Senado hubo ruido por su nombre, pues las acusaciones en su contra no eran cualquier cosa. No obstante, el 23 de diciembre de 2018 Miguel Eduardo David Bastidas, a sus 50 años, llegó a la cúpula del poder castrense. El expediente de la Fiscalía, los señalamientos de las víctimas y algunas columnas y publicaciones en prensa de cuando en cuando le recordaban sus deudas con la justicia. Pero él insistía en su inocencia.
En 2019, por orden del entonces comandante del Ejército Nicasio de Jesús Martínez, asumió el cargo de comandante de la Décima Brigada en el Cesar y tiempo después fue nombrado jefe de planeación del Ejército. Paralelamente, el general David Bastidas se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz y allá rindió sus explicaciones en relación con lo ocurrido 15 años atrás en el Bajes en Antioquia. En su declaración ante la JEP reiteró, por ejemplo, que durante el tiempo en que se desempeñó como ejecutivo y segundo comandante del Bajes nunca tuvo mando ni responsabilidad sobre las operaciones y que el manejo de la guerra lo tuvieron el comandante del batallón, el coronel en retiro Juan Carlos Barrera, y sus oficiales de operaciones e inteligencia. Su única responsabilidad, añadió, era estar al día en el manejo administrativo.
El 16 de octubre de 2019, en una versión de más de cinco horas en poder de El Espectador, el general David Bastidas sostuvo: “Para mí esto es una tragedia, porque mi forma de ser y la formación que me dio mi familia no me permiten estar en este tema, yo no convivo con esto. Desde que me enteré en 2017, que quedé vinculado al proceso y tuve oportunidad de leer hoja por hoja (del proceso), ha sido una tragedia personal y profesional (…). Lo siento con las víctimas, porque al leer el expediente veo cosas atroces. Yo he luchado por esta carrera en ser transparente toda mi vida (…). Yo estaba en Medellín, a dos horas y media del puesto de mando adelantado y a casi seis horas del área de operaciones. Lo que estuviera pasando allá era del resorte exclusivo del comandante. En mi tema administrativo no hubo ningún hallazgo administrativo durante mi gestión”.
Y añadió: “¿Qué tengo que decir de la imputación que me hace la Fiscalía? Lo digo ante ustedes, ante Dios, ante las víctimas: soy inocente. A mí el Ejército me puso en el Bajes en julio de 2004 a cumplir una función administrativa. Yo nunca cohonesté ni conviví con el delito, nunca vi algo que fuera contra las normas. Mi preocupación fue cumplir mi requisito administrativo, y lo cumplí a cabalidad. Así como todos tienen una familia, yo tengo una que estoy sacando adelante. Y que me vean imputado por concierto para delinquir y 32 homicidios no puede ser, señora magistrada. Yo en el Bajes no tuve la posición de garante ante todas estas personas que atrozmente sufrieron eso. Mi responsabilidad era cuidar a esa población civil, esa es mi razón de ser. Cualquiera de ellos puede ser mi hermano, mi primo, mi sobrino, mis hijas. Esto para mí ha sido una tragedia”.
El expediente
El 25 de agosto de 2021, tras un minucioso análisis de este expediente, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento del general David Bastidas a la JEP, pero le ordenó a la Fiscalía que continuara con el proceso y que decidiera si llamaba o no a juicio al alto oficial por estos hechos. Para ese momento, por su fuero como general, la investigación reposaba en el despacho Tercero de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte. Después de la directriz de la JEP, y luego de revisar miles de folios, manuales militares, declaraciones de oficiales y suboficiales, denuncias de víctimas y organizaciones de derechos humanos, entre otro largo etcétera de evidencias, el 16 de diciembre de 2021 el fiscal Javier Fernando Cárdenas concluyó que, tal como lo declaró desde el primer día, el general Miguel Eduardo David era inocente.
En una providencia de 197 páginas la Fiscalía señaló: “De conformidad con el amplio material probatorio se concluye que la responsabilidad sobre los asesinatos reportados en el año 2004 como resultados operacionales por los integrantes del Batallón de Artillería Jorge Eduardo Sánchez recae en el teniente coronel Juan Carlos Barrera Jurado y los integrantes de su plana mayor que se encargaron de apoyarlo en la planeación, ejecución y control de las operaciones militares, pues, tal como fue expuesto, las funciones del entonces mayor Miguel Eduardo David Bastidas mientras se desempeñó como ejecutivo no se relacionaron con asuntos operacionales y no existe reproche alguno de hechos ocurridos mientras ejerció como segundo comandante del Bajes”. Según el documento, el general no tuvo responsabilidad en esos crímenes.
La conclusión de la investigación es que David Bastidas, desde Medellín, solo se encargó de proveer a los militares del Bajes todo lo necesario en términos administrativos para que cumplieran sus funciones, pero que el rol del teatro de guerra les correspondía al comandante del batallón, que despachaba desde Guatapé, a dos horas y media de distancia, y a sus oficiales de operaciones e inteligencia. Más allá de la exculpación al alto oficial, la Fiscalía consignó en esta providencia un extenso catálogo de prácticas ilegales que contrarían la función de la Fuerza Pública de proteger a la población civil. Para el ente acusador no hay dudas de que el coronel Barrera Jurado fue el responsable de casi un centenar de homicidios de civiles ocurridos en 2004 en su jurisdicción en Antioquia. A todas esas víctimas las hicieron pasar por guerrilleros abatidos en combate.
Con una gravedad de la cual quedó constancia en el expediente de la Fiscalía. Según varios militares, Barrera Jurado les ofreció dinero para que no lo mencionaran en las investigaciones. La radiografía de los crímenes era más o menos la misma siempre. “Los soldados señalan que las razones para asesinar civiles y reportarlos como muertos en combate eran los cinco días de permiso y los viajes al Sinaí (concretamente al Batallón Colombia ubicado en Oriente Medio). Mencionan que en ocasiones despojaban a los campesinos de los semovientes, en estos trasladaban los cuerpos de las víctimas y luego los vendían (los animales). Con el dinero compraban las armas para ponerlas en nuevos asesinatos”, advirtió la Fiscalía. En otras palabras, los militares asesinaban a sus anchas y usaban las bestias de sus víctimas para adquirir armas y continuar la pantomima de resultados.
Cada relato es más crudo que el anterior, y en todos ellos el denominador común era la exigencia de resultados por parte del coronel Barrera Jurado. Comandante de pelotón que no reportara muertos sencillamente era relevado. Estos uniformados del Bajes, en palabras de la Fiscalía, “pusieron el conocimiento y experticia para fines innobles”, pues, aunque el Estado los capacitó para proteger a la población civil, lo que hicieron fue convertirse en una “sociedad criminal” para “causar dolor a los campesinos del oriente antioqueño”. En muchos de los casos hubo alianzas con las autodefensas para perpetrar los crímenes. Joaquín Javier Tuberquia, alias el Indio, excomandante urbano de los paramilitares, manifestó: “La gente que acabó con todos esos campesinos del oriente antioqueño, mató niños y desplazó fue la gente del Bloque Metro, y en esa época el Ejército sabía”.
La investigación judicial también determinó que, además de los desplazamientos que provocaron las autodefensas, las Farc y el Eln en esa zona de Antioquia, el Ejército también contribuyó a empeorar esta tragedia humanitaria, pues amenazaba e intimidaba a los campesinos para que abandonaran sus casas. Asimismo, se documentó cómo fueron torturados algunos civiles sobre los que los uniformados tenían sospechas. Para citar solo uno de muchos casos: Gerardo de Jesús García relató que “lo insultaron, lo amenazaron con prenderle fuego a su casa con él adentro y le pusieron un fusil en la espalda con la intención de matarlo”. En cuanto a los desaparecidos, se estableció que los uniformados despojaban de sus documentos de identidad a las víctimas y, después de asesinarlos, los envolvían en cobijas y los enviaban a morgues y cementerios de municipios vecinos para ser enterrados como NN. Para la Fiscalía hubo una práctica sistemática de desaparición forzada.
Para finalizar, se estableció judicialmente que, en al menos 12 casos, los muertos sí pertenecían a organizaciones ilegales, pero “fueron asesinados por fuera de combate”. Un escenario de horror continuado que documentó la justicia y cuyo expediente continúa en la JEP. Pero en el cual, también, se probó la inocencia del general Miguel Eduardo David Bastidas. Cuando lo interrogaron sobre si la política de incentivos diseñada por el alto mando fue la responsable de esta barbarie multiplicada en todo Colombia, el alto oficial manifestó: “Hubo gente que se desvió de la razón de ser del Ejército. Gente que quiso ganar más cosas a razón de hacer ese tipo de atrocidades. De pronto pudo haber influenciado (esa política de recompensas), porque sí los presionaban por resultados y a la vez los premiaban. Eso mal entendido los condujo a hacer estas atrocidades”.
El epílogo del general David Bastidas, sin embargo, no fue el que esperaba. A pesar de tener bajo el brazo la prueba de su archivo, el 25 de enero pasado fue retirado del servicio activo. Después de 34 años en el Ejército, a través del Decreto 100 de 2022, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, lo llamaron a calificar servicios. El alto oficial todavía no ha podido entender qué ocurrió. Tras ser notificado de la inminencia de su salida y días antes de que se expidiera el decreto, David Bastidas le preguntó al alto mando más o menos lo siguiente: “¿Por qué si fui ascendido a brigadier general en 2018 cuando estaba investigado, terminé retirado ahora que mi caso se archivó?”. Nadie ha sabido contestarle, más allá de los formalismos de la burocracia castrense. Un escenario que resulta impresentable para su abogada Tania Parra.
“No tiene explicación su retiro cuando la misma justicia ha eliminado cualquier sospecha en su contra. Cuando fue ascendido a general, el Ejército, el Ministerio de Defensa y la Comisión Segunda del Senado lo apoyaron con el argumento de que no podía violarse su presunción de inocencia hasta que hubiera una sentencia en firme. Pero hoy, con una preclusión a su favor, se decide llamarlo a calificar servicios. Es como si a un hijo lo castigan los padres por hacer las cosas bien. Lo que más me lastima es ver la firma del presidente Duque en ese decreto, pues en público se rasga las vestiduras supuestamente por defender a los miembros de la Fuerza Pública”, le dijo Parra a este diario. Y agregó que este es un caso emblemático, pues es usual que cuando se relaciona a un general con el fenómeno de los falsos positivos, este sea condenado de antemano.
El Espectador se contactó con el Ejército para conocer las razones del retiro del alto oficial. Desde la oficina de Comando del Personal llegó la siguiente respuesta: “El retiro del señor brigadier general Miguel Eduardo David Bastidas obedece a razones netamente del servicio, determinación del Gobierno Nacional en pro de cumplir el mandato constitucional y legal; además de la necesidad de planta y servicio de la Fuerza. El retiro por llamamiento a calificar servicios es un proceso normal de culminación del vínculo laboral, sin que existan razones penales, administrativas o disciplinarias que lleven al mismo”. Este diario también buscó al coronel en retiro Juan Carlos Barrera Jurado, cuyo caso está en manos de la JEP. Tras varios mensajes a su celular se comunicó su abogado, pero al final no contestó algunas inquietudes que se le plantearon.
Entretanto, el general Miguel Eduardo David Bastidas, hoy en uso de buen retiro, prefiere no dar declaraciones a la prensa. Su consuelo es que logró probarle a la justicia ordinaria que jamás participó de los crímenes del Bajes en el año 2004. Sin embargo, como se acogió a la JEP, este tribunal deberá pronunciarse sobre su caso. Por ahora sigue investigándolo, pues su competencia prevalece sobre la Fiscalía. La abogada Tania Parra sostiene que allá también probarán su inocencia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Juan David Laverde Palma
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