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Durante casi dos años, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se puso a la tarea de investigar los hechos que rodearon la entrega del título de abogado al excongresista Julián Bedoya Pulgarín. Lo hizo tras conocer la grave denuncia de que la Universidad de Medellín le había “regalado” el diploma a un político de la región que ya se perfilaba como uno de los más poderosos del Partido Liberal. Sus hallazgos permitieron recopilar una montaña de pruebas contra el exsenador y llegar a una conclusión: el político debía ser investigado como posible determinador de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público y privado. Pese a la investigación de 20 meses, el caso acaba de tener un giro radical en la Fiscalía.
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El expediente fue a parar al ente investigador luego de que Bedoya perdiera su fuero como congresista, en agosto pasado, y a la Corte Suprema no le quedó más que mandar el caso al búnker. Esta semana, a los correos de las personas vinculadas al caso llegó una notificación que les informaba que, el próximo 25 de abril, la Fiscalía le pedirá a un juez que precluya la investigación contra Bedoya. En otras palabras: que no hay mérito para investigarlo; una decisión que, en caso de ser confirmada por el juzgado, le dejaría completamente pavimentado el camino para ser uno de los máximos contendores a la Gobernación de Antioquia por el Partido Liberal, una aspiración que, dicen en Medellín, está más que cocinada.
Aunque todavía no se conocen las razones del ente investigador para tomar una decisión que es completamente contraria a lo que considera la Corte Suprema, lo cierto es que las evidencias que alcanzó a recopilar el alto tribunal revelarían el esquema ilegal que le permitió a Bedoya conseguir el título en tiempo récord. En el expediente que recibió la Fiscalía no solo hay pruebas documentales que evidencian que habría sido imposible, o por lo menos “inhumano”, que Bedoya hiciera exámenes y preparatorios en tiempo récord, sino también testimonios de lo sucedido.
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Por ejemplo, la Corte encontró que, aunque el exsenador había estado vinculado a la Universidad desde 2001, cuando realmente volvió para graduarse fue en el segundo semestre del 2018. En ese momento, su regreso a clases debía ser aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho. Sin embargo, su reintegró terminó siendo aprobado por el Consejo Académico, otra instancia administrativa, sin ninguna explicación de por qué el cambio. Aunque se esperaba que al menos hubiera sido una decisión en pleno del Consejo, lo que encontró la Corte es que la única persona que firmó el acta para su regreso fue Juan Felipe Hernández, subsecretario general de la Universidad de Medellín. Para el alto tribunal, “el subsecretario general de la Universidad de Medellín, quien cumplía funciones secretariales ante el Consejo Académico, habría plasmado hechos contrarios a la verdad”. Como lo reveló El Espectador en octubre del año pasado, las más sospechosas irregularidades vinieron después.
Bedoya estuvo entrando y saliendo de la Universidad, entre 2001 y 2018, cuando finalmente decidió volver para graduarse, así que el centro educativo le organizó un plan de estudios para que solo tuviera que presentar unos cuantos exámenes finales, los preparatorios y un par de requisitos de grado pero, al parecer, ajustados a sus necesidades. La Corte encontró que en varias de esas pruebas los jurados ni siquiera tenían que ver con las materias evaluadas; entre otras, el alto tribunal estableció que las actas de aprobación solo las firmó una persona, cuando el reglamento dice que deben ser tres, y en otros casos, presentó tres preparatorios el mismo día, algo inusual por la exigencia académica de esas evaluaciones.
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En cuanto a los testimonios, el alto tribunal recopiló varios que fueron claves para entender el motivo por el que se habrían cometido falsedades y fraudes. Uno de ellos, el del catedrático Néstor Raúl Posada Arboleda, uno de los profesores más respetados de la Universidad de Medellín. Según su declaración, el profesor Julián Rendón Toro le contó que para el grado de Bedoya “no se habían presentado ningunos exámenes, que Yolanda (Cossio), la secretaria de la Facultad de Derecho, los puso a firmar actas en blanco y que ella se encargó de poner la nota final, pues le dijo que era un favor para el rector”. Además, su testimonio reveló que detrás de todo hubo un interés político.
Según su relato, existió un supuesto pacto entre Bedoya y el rector Néstor Hincapié con un objetivo: que Bedoya, en las elecciones locales de 2019, le diera 6.000 votos a Aura Marleny Arcila, concejal liberal de Medellín, persona muy cercana a Hincapié. Esa fue la razón —añadió Posada—, del porqué Bedoya “fue titulado en tiempo récord, reubicado en un pénsum que no le correspondía, permitirle presentar 11 exámenes en un mismo día, ponerle profesores serviles que no tuvieron ninguna repugnancia ética de certificar que hicieron exámenes cuando realmente no fue así y de evaluar asignaturas que no conocían”, explicó Posada. Por estos mismos hechos, Bedoya no es el único con líos judiciales, aunque por ahora él sería el único que saldría bien librado de la investigación de la Fiscalía.
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En 2019, la Fiscalía les imputó cargos al exrector Néstor Hincapié Vargas; al exsubsecretario Juan Felipe Hernández, que firmó el papel con el que Bedoya se reintegró a la Universidad; a la exsecretaria Yolanda Cossio, quien al parecer habría llenado actas con datos falsos, y al profesor John Mario Ferrer, quien habría ayudado a que Bedoya aprobara un requisito de grado sin cumplirlo. En contra de estos exfuncionarios de la Universidad de Medellín ya avanza un juicio por falsedad ideológica en documento público, ante un juzgado de la capital antioqueña. Asimismo, en mayo del año pasado, el Ministerio de Educación les formuló cargos por presuntamente incumplir las normas estatutarias y reglamentarias para otorgarle el título a Bedoya.
Por otra parte, en el Consejo de Estado reposa una demanda para anular el título de abogado, pero en este caso el alto tribunal no ha dicho si acepta o no el recurso, pese a que lleva dos años en la alta corte y la propia Universidad ha pedido, en tres ocasiones, que el caso se mueva. En diálogo con este diario, el denunciante de esta historia, José León Jaramillo, miembro del Consejo Superior de la Universidad, expresó su sorpresa por la decisión de la Fiscalía de pedir la preclusión del caso, cuando apenas lo tiene en sus manos hace siete meses, y la Corte Suprema lo tuvo casi dos años. “¿Cómo es posible que la Corte expide una providencia judicial (la que resolvió la situación jurídica del exsenador) diciendo que sí hay que investigar a Julián Bedoya, y ahora la Fiscalía diga que no?”, señaló.
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Aunque advirtió que todavía hay que esperar los argumentos de fondo que tiene el ente investigador para asegurar que el expediente debe cerrarse, Jaramillo agregó que el trabajo de la Corte fue “demoledor”, por lo que la justificación de la Fiscalía para precluir tendría que ser igual o mejor que lo hecho por el alto tribunal. La misma sorpresa por la decisión del búnker la comparte el abogado Carlos Naranjo, otro de los denunciantes contra Bedoya. “No solo me sorprende la posición de la Fiscalía, sino que me parece sospechosa por dos razones. La primera, porque el nuevo fiscal, Fernando Arias Velásquez, lleva muy poco con el expediente y toma esta decisión de precluirlo en tiempo récord. Y segundo, porque está desconociendo el trabajo y las pruebas de la Corte Suprema de Justicia”, explicó el jurista.
En la otra orilla, Jorge Perdomo, abogado de Julián Bedoya y exvicefiscal de la administración de Eduardo Montealegre, expresó: “Estamos felices de que nos hayan citado a esta audiencia de preclusión. Desde el principio hemos creído que este caso no tiene ninguna irregularidad penal. Lo que hemos planteado es que aquí lo que hay es una discusión sobre la interpretación de los reglamentos de la Universidad, pero nada constituye delito en este proceso. Creo que el enfoque de la Corte Suprema fue equivocado”. El abogado reiteró la inocencia de su cliente y agregó que, desde que el expediente aterrizó en la Fiscalía, él le solicitó al fiscal que practicara una serie de pruebas, pero no sabe si se realizaron todas. También confirmó que el ente investigador no ha llamado a Bedoya a ninguna diligencia.
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En contraste, la Corte concluyó, en marzo del año pasado cuando resolvió la situación jurídica: “Sin remisión a duda, para la Sala el procedimiento expedito, preferencial y al margen del reglamento aplicado al procesado en lo atinente a la solicitud de pago, programación, designación de jurados y la realización de exámenes, permite inferir de manera razonable el interés o móvil que tuvo Bedoya para determinar la presunta comisión de conductas antijurídicas en quienes tenían la facultad de facilitar la titulación exprés finalmente otorgada. Hechos indicadores debidamente acreditados por la Sala a partir de los cuales se deduce también el carácter apócrifo de las actas que registran la presentación de los exámenes y las notas todas aprobatorias del estudiante y hoy senador”.
Así las cosas, el próximo 25 de abril a las 4 de la tarde, las partes tienen programada una cita con el juez del caso. En esa audiencia, la Fiscalía tendrá que explicar sus razones para argumentar que las evidencias que recopiló la Corte Suprema durante dos años no son insumo para investigar a Julián Bedoya Pulgarín. Ahora bien, en este asunto, el ente investigador no tiene la última palabra. Será el juzgado el encargado de definir si acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía o si, por el contrario, el excongresista, y posible candidato a la Gobernación de Antioquia, debe seguir procesado por estos hechos e ir a juicio.
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