El gol de Edgardo Maya

Aunque la motivación fueron los permanentes reclamos laborales del director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Carlos González Puche, el procurador general, Edgardo Maya Villazón, decidió iniciar una investigación a fondo para determinar cuáles son las responsabilidades del Gobierno y hasta dónde hubo omisión por parte de algunos funcionarios que durante años no lograron poner en cintura a los equipos.

La primera vez que el Estado intervino el fútbol de nuestro país fue el 23 de noviembre de 1989, durante el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990). En esa fecha el Presidente suspendió el campeonato motivado por el asesinato del juez de línea, Álvaro Ortega, durante el partido Independiente Medellín-América. El crimen había sido cometido por dos sicarios en la calle 53 con carrera 50 de Medellín, a pocos metros del Hotel Nutibara, el 15 de noviembre de ese mismo año.

Fue una decisión también histórica por parte del Gobierno, pues desde 1948, cuando se abrió paso el torneo del balompié profesional, nadie se había atrevido a suspender un campeonato, a pesar de la guerra desatada en el país con motivo del asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán Ayala, el 9 de abril de 1948, precisamente el año que nació el campeonato profesional de fútbol.

Luego de la suspensión del torneo en 1989, el entonces ministro de Educación Nacional, Manuel Francisco Becerra Barney, le pidió a la Superintendencia de Sociedades que elaborara un documento sobre cómo era la situación de los equipos profesionales de fútbol. Una petición paradójica, pues Becerra terminó años después salpicado por el Proceso 8.000, expediente que dejó ver cómo el cartel de Cali, accionista del club América, había permeado la política dando origen a una inolvidable página de la historia del país que terminó denominándose la “narcopolítica”.

El estudio de la Supersociedades encontró lo que el país entero sabía, pero que en el Estado se pretendía desconocer o esconder. En un texto de 42 páginas, la entidad logró establecer que la mayoría de los 15 clubes deportivos que existían en ese momento, violaba todas las normas que reglamentaban el funcionamiento de los equipos.

Desde entonces el fútbol quedó bajo la lupa del Estado. Los gobiernos de la época sabían que algo en el fútbol no andaba bien, pero nadie se atrevía a actuar, a pesar de que en 1986 los directivos Pablo Correa Ramos, del Independiente Medellín, y Octavio Piedrahíta, del Atlético Nacional y el Deportivo Pereira, habián sido asesinados por supuestos vínculos con ‘narcos’.

Una situación que fue imposible de ocultar, pues desde mediados de la década de los 80, los aficionados comenzaron a ser testigos de cómo personajes al estilo del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y otros más, terminaron haciendo saques de honor en los estadios, comprando jugadores y apostando enormes sumas de dinero en los partidos.

La intervención

La decisión del procurador Edgardo Maya de lanzarse a los estadios a ver lo que está pasando no solamente en las canchas con los jugadores, sino en los clubes con los accionistas, es algo que se estaba esperando, pues nadie entendía cómo cada día crecían los rumores de que algo seguía oliendo mal en los clubes sin que el Estado interviniera.

Es más, insistentemente se venía hablando de cómo los extraditados jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y Diego Fernando Murillo Bejarano, Don Berna, alcanzaron a tener injerencia en equipos como el Pereira, Valledupar, Envigado y el Medellín.

Es por eso que ante las reiteradas quejas y los mensajes de alerta que llegaban al Ministerio Público, el Procurador tomó la determinación de intervenir Coldeportes e indagar en otras entidades del Gobierno qué está sucediendo en el fútbol colombiano y profundizar en lo que ha hecho el Gobierno frente al espinoso tema de la nueva infiltración del narcotráfico en los clubes. De ahí que el pasado jueves puso a andar dos comisiones de trabajo para iniciar su proceso de investigación. La primera se ocupará del tema laboral de los jugadores y, la segunda, examinará cómo se manejan los dineros y se distribuyen las acciones dentro de los clubes (ver entrevista).

Una investigación que se inicia en momentos en que el país sigue esperando los resultados del convenio firmado entre Coldeportes y la Superintendencia de Sociedades, entidades que pactaron realizar tomas de información para conocer el origen de los fondos de los equipos y examinar la situación financiera y contable de los 36 clubes profesionales de las categorías A y B.

La página oscura en la historia del fútbol

Desde mediados de la década de los 80, los equipos colombianos han venido siendo salpicados por el narcotráfico. De hecho, el dirigente del Atlético Nacional, Hernán Botero Moreno, fue el primer colombiano extraditado a los Estados Unidos por este delito.

A partir de este hecho fueron apareciendo más escándalos. Quedó comprobado que el narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, se hizo a buena parte de las acciones de Millonarios; los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, del América de Cali; Eduardo Dávila Armenta, del Unión Magdalena, y Gustavo Upegui, del Envigado, quien fue asesinado el 2 de julio de 2006.

Pero estos no han sido los únicos hechos que han manchado el la historia del fútbol. En 1994 fue asesinado el jugador Andrés Escobar, luego de la eliminación de la Selección Colombia en el mundial de Estado Unidos. Investigaciones periodísticas insisten en que el crimen estuvo ligado a las apuestas. Otro incidente se presentó en 1995, cuando el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Juan José Bellini, fue condenado a seis años de cárcel por testaferrato.