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La reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, debatida y aprobada por el Congreso, trae un cambio que tiene con los pelos de punta al sector minero y de hidrocarburos: la posibilidad de que estos empresarios paguen miles de millones por concepto de impuestos que el Estado colombiano no les está cobrando desde 2005. Antes de que Colombia empiece a recaudar cifras multimillonarias, la Corte Constitucional estudia diversas demandas que piden tumbar el artículo de la reforma tributaria que lo permitirá y, para tener mayor claridad en el asunto, los magistrados citaron a una audiencia pública en la que participaron expertos en ambos sectores, así como las fichas de gobierno más importantes para implementar la nueva medida.
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El cambio que viene en la reforma tributaria se explica así: desde 2005, cuando estas empresas van a calcular el impuesto a la renta que le pagan a Colombia, restan el dinero que ya le entregan al país por regalías, es decir, en contraprestación por explotar recursos naturales. El artículo 19 de la reforma tributaria establece que esas regalías no solo son un costo de operación, sino también que se le deben reconocer al Estado a través de un porcentaje tributario. A partir de este año, no constituyen un deducible (un descuento) del impuesto a la renta. Para ejemplificar: si una empresa gana $100 millones en un año y paga $20 millones en regalías, de todas formas, su renta se calculará sobre los $100 millones; y no sobre $80 millones como venía pasando. Y, con este ajuste, deberán pagarle más al Estado y ese dinero va directo a la cuenta del presupuesto general de la Nación.
Aunque no existen datos actualizados, el economista Álvaro Pardo, autor de artículos y análisis sobre minería, estimó que, por excluir las regalías de la base gravable del impuesto a la renta, el Estado dejó de recaudar entre 2005 y 2011 cerca de US$ 1.274 millones de dólares. Pardo calificó como un sinsentido que el Estado recaudara dinero por regalías, pero prácticamente las devolviera por la vía tributaria. “Colombia se convirtió en un paraíso fiscal para las compañías mineras. ¿No será esta la verdadera razón del vertiginoso crecimiento de la inversión extranjera en este sector de la economía?”, señaló en un análisis para el portal Razón Pública en 2012.
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A la audiencia pública de la Corte asistió la ministra de Minas, Irene Vélez, quien presentó su carta de renuncia al presidente Petro. En una corta intervención, explicó que el cambio busca entregarles recursos a quienes se les ha “arrebatado la posibilidad de inversión social”. Dejó el concepto de la cartera en manos de Johana Rocha, su viceministra, quien sostuvo la hipótesis de que todo es por el bien público: “Se ha trasladado un porcentaje de la carga económica de la regalía al Estado, pese a que ese derecho debería ser pleno para el Estado. Eso termina impactando no solo el sistema general de regalías, sino el presupuesto general de la Nación. Se quiere generar una mejor viabilidad en la economía del país”.
A su turno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, agregó que, si bien el dinero de las regalías entra a favor de municipios y gobernaciones, está bloqueado en el presupuesto general de la Nación y, por tanto, es necesario gravarlo para el impuesto a la renta. En las cuentas de la cartera, así como en las de la DIAN, el “impacto fiscal” de descontar ese dinero es de alrededor de un billón quinientos mil millones en el sector minero, y de dos billones doscientos mil millones en el sector de hidrocarburos, para un total de tres billones ochocientos mil millones. Y para darle relieve a la cifra, señaló que, lo que se está perdiendo en impuestos, corresponde al presupuesto completo de los ministerios de Ambiente, Deporte y Cultura.
El “no” rotundo
En contravía a lo expuesto por la representación del Gobierno, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Francisco Javier Lloreda, solicitó a la Corte declarar contaría a los derechos de la Constitución ese artículo de la reforma tributaria. En principio, señaló que el dinero entregado por las empresas en concepto de regalías, de por sí, ya es un costo en el que incurren los particulares, y un ingreso a favor del Estado. Gravar las regalías, en su concepto, generaría una excesiva y desproporcionada carga tributaria a las empresas. Además, que de manera equivocada se quiere considerar a las regalías como un ingreso. “Vulnera la igualdad y la justicia tributaria”, señaló Lloreda.
“El incremento en la carga impositiva de las empresas afecta de manera grave la competitividad del país y para traer inversión en el sector minero-energético. El país requiere de esta industria, para garantizar la autosuficiencia energética. Para asegurarse recursos fiscales. Proteger la tasa de cambio. Mitigar la inflación. Y financiar los programas de nuestro estado Social de Derechos. Obligar a las empresas a pagar sobre una base que no deduce (descuenta) las regalías, además de inconstitucional, lacera la seguridad jurídica que esta Corte se ha esmerado tanto en defender”, concluyó Lloreda.
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A esa idea adhirió Armando Zamora, experto y docente en energía, petróleo y minería, quien aseguró que a Colombia se le dificulta traer inversión extranjera y que los inversionistas que están confían en la estabilidad jurídica de los acuerdos tributarios. “Este cambio es brutal”, dijo. Por otro lado, Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, explicó que, en derecho comparado, Colombia estaría a punto de aprobar una medida inexistente en el mundo: “Universalmente, las regalías también son consideradas costos de la operación y, por tanto, la practica internacional es que son deducibles al impuesto a la renta”, argumentó ante la Corte.
Y agregó Nariño: “De mantenerse en el ordenamiento jurídico el articulo demandado (el 19 de la nueva reforma tributaria), Colombia sería el único país en el mundo que desconoce el pago de las regalías como un costo. Hay que tener en cuenta que Zambia ha implementado el desmonte de la medida, dado que puede considerarse una doble imposición y un desincentivo a la inversión”. Luego de ello, la Corte Constitucional escuchó distintos argumentos relacionados con conceptos técnicos de las regalías, contratos de explotación de recursos no renovables y los impactos que traerá al Estado y a las empresas mineras y de hidrocarburos. Petro busca recaudar $25 billones en 2023 y este debate es clave en su estrategia.
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