Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En las últimas dos décadas el llamado clan Torres en el Atlántico logró construir una dinastía política y económica con vuelo propio e influencia regional y nacional, al tiempo que obtuvo jugosos contratos públicos en cabeza del empresario de la familia: Euclides Torres Romero. Justamente este nombre salió a relucir en la investigación que adelanta la justicia por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro. Más allá de este capítulo por esclarecer, en el municipio de Puerto Colombia, ubicado a menos de media hora de Barranquilla, esta casa política tiene buena parte de su fortín electoral. Camilo Torres Romero, hermano de Euclides, fue alcalde allí entre 2001 y 2003. Y entre 2008 y 2011 la alcaldesa fue su esposa Martha Patricia Villalba Hodwalker, quien en 2014 saltó a la Cámara de Representantes. Allí estuvo durante ocho años, pero el 16 de junio de 2022 renunció súbitamente a su curul.
Le puede interesar: Nicolás Petro dice que Gustavo Petro sabía de supuesto dinero irregular en campaña
No lo hizo por voluntad propia, sino, al parecer, para esquivar una investigación muy avanzada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción cuando fue alcaldesa. Su renuncia se formalizó el mismo día en que el magistrado Marco Antonio Rueda, investigador titular de su caso, registró un proyecto de fallo para ser discutido en Sala, en el que concluía que debía ser acusada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con el delito de peculado por apropiación. Con esa movida política -la renuncia a su curul- Martha Villalba Hodwalker buscaba que su expediente saliera de la Corte y volviera a la Fiscalía, donde acumuló polvo durante años. En efecto, el 5 de julio de 2022 la Corte remitió el proceso al ente investigador, pero dejó la siguiente constancia: “Estratégicamente se sustrajo la competencia de la Corte mediante una renuncia anticipada al cargo”.
En palabras castizas, la Corte indicó en ese documento de 138 páginas, conocido por El Espectador, que esa jugada política para quitarle el proceso, en efecto, había resultado exitosa: “Se impone ordenar el envío de las diligencias a la Fiscalía, empero no a aquella que las remitió originalmente a la Sala de Casación Penal, que fue la delegada 20 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Barranquilla, donde, no sobra señalar, la indagación no había tenido mayor avance desde la formulación de la noticia criminal y hasta su remisión a esta Corporación”. El caso fue enviado a la Unidad de Fiscales ante la Corte. Fuentes de la Fiscalía explicaron que, debido a las pruebas, ya se presentó escrito de acusación y que esperan que el juzgado defina el inicio del juicio. Entretanto, Camilo Torres Villalba, hijo de la excongresista y quien recogió sus banderas políticas, avanza en su candidatura a la Asamblea del Atlántico para las elecciones de octubre.
Lea: Fiscalía pide archivar investigación por muerte del hijo de Jorge Enrique Pizano
El lote del enredo
Este diario conoció todas las intimidades del expediente, así como la ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda que no tuvo oportunidad de ser discutida en la Corte. Allí se detallan todas las evidencias contra la exrepresentante Martha Villalba Hodwalker. Una historia que arrancó en 2005, cuando la sociedad integrada por las firmas Grama Construcciones S.A. y Alejandro Char & Compañía Ltda., esta última entonces de propiedad del exalcalde y hoy candidato por tercera vez a la Alcaldía de Barranquilla, compró 42 hectáreas en uno de los sectores de mayor valorización en Puerto Colombia para desarrollar un megaproyecto urbanístico llamado “Ciudad del Mar Villa Campestre”. En compensación por haber obtenido la licencia para construir allí, la sociedad constructora cedió obligatoria y gratuitamente al municipio cuatro lotes en ese lugar que, según la ley, debían destinarse al espacio público.
Pero en uno de esos lotes de 16 mil metros cuadrados eso no ocurrió: la firma Grama construyó allí la urbanización Arrecifes, un complejo habitacional de estrato seis de 126 apartamentos y 14 locales comerciales. El proyecto costó cerca de $10.500 millones. ¿Cómo logró burlarse la norma aquí? Según el proceso, porque la entonces alcaldesa Villalba Hodwalker presuntamente lo permitió. El asunto fue así: para que Grama pudiera edificar en ese lote privilegiado, que ya era de propiedad de la Alcaldía, debía darle a esta un nuevo lote. La constructora adquirió un predio de la Universidad Libre del Atlántico y le propuso a la alcaldesa una permuta, es decir, que le recibiera el lote de la Universidad Libre y a cambio que la administración le permitiera construir en el lote inicialmente entregado. La mandataria aceptó y tramitó en el Concejo un permiso especial para hacerlo. En marzo de 2009 se formalizó el negocio. El lío es que el nuevo lote estaba lleno de problemas.
Le puede interesar: Caso Laura Sarabia: la arista de la violencia política en su contra
Para empezar, tenía un socavón de seis metros de profundidad en un área de 2.800 metros cuadrados, es decir, la cuarta parte del lote que recibió la alcaldesa Villalba Hodwalker de la constructora Grama era “un hueco”. Así se lee en el expediente. Mientras el primer lote estaba en un lugar estratégico y tenía un potencial enorme, el nuevo lote no era “urbanizable ni susceptible de destinarse a ninguna edificación”. Además, 300 metros cuadrados del nuevo lote estaban invadidos por un tercero. Al revisar los documentos del negocio la Corte halló conceptos que falsearon la realidad para favorecer a la constructora en perjuicio del municipio. Por ejemplo, tras una “visita técnica”, el entonces secretario de Desarrollo Municipal, Adolfo Javier Durán, certificó que ambos lotes estaban en igualdad de condiciones, “ya sea en valor, potencial desarrollo y uso”. Una equivalencia absurda, pues un hueco de 2.800 metros cuadrados no parece ser un buen negocio para nadie.
En la investigación se constató que, para la realización del negocio, Grama aportó dos avalúos de los predios permutados en donde se aseguraba que tenían similares características y valor. Pero cuando se indagó por esos estudios se determinaron nuevas irregularidades. Uno de ellos estaba firmado por el perito José Mario Flórez. Al ser interrogado por la Corte, Flórez negó haber hecho tal avalúo y denunció que el formato en el que se consignó su supuesto estudio no correspondía con el que él usaba. En pocas palabras, que había sido suplantado. El otro perito, José Manuel Sales Puccini, aceptó que aplicó una metodología errónea para valorar los predios y que jamás fue informado de que uno de los lotes en cuestión era de propiedad pública. Con otro antecedente que no es menor: el entonces representante legal de Grama, el exembajador Fernando Marín Valencia, fue condenado años después por el carrusel de la contratación en Bogotá.
Lea: Gobierno de Petro denuncia ante la Fiscalía a Fernando Ruiz, exministro de Salud
El expediente está lleno de perlas. Se estableció que el entonces secretario jurídico de Puerto Colombia, Álvaro Alfonso Daza, quien en papeles representó al municipio en el negocio de la permuta, no solo carecía de título de abogado, sino que además habría falsificado documentos para acreditar esa calidad para posesionarse. El propio Daza declaró que aunque aparece firmando los documentos del negocio, quien lo avaló de principio a fin fue la alcaldesa Martha Villalba Hodwalker. Según relató, la mandataria local fue asesorada para tal fin por su esposo, el exalcalde Camilo Torres Romero, y por el abogado Jorge Padilla Sundheim. En Puerto Colombia, añadió Daza, “no se movía una hoja en el tema de contratación si no lo decía la doctora Martha Villalba”. El declarante refirió además que en materia jurídica en esa alcaldía “nada se movía” si no pasaba primero por la oficina del abogado y asesor externo Jorge Padilla Sundheim.
Padilla Sundeim, quien años después sería secretario jurídico de la segunda alcaldía de Alejandro Char en Barranquilla, se defendió ante el alto tribunal e indicó que no recordaba si había asesorado a Villalba para ese negocio, porque había pasado mucho tiempo. Es más, sostuvo que su oficina de abogados solo gestionaba cosas pequeñas, como “derechos de petición y temas policivos”. En todo caso, el testigo le reconoció a la Corte que sí conocía a Roberto Prada Pinto, gerente general de Grama en esa época, pues la hija de este era amiga de su esposa. Por su parte, Camilo Torres Romero, amigo de Padilla y cónyuge de la excongresista Villalba, negó cualquier intervención en este negocio al punto de aseverar que se enteró del mismo por cuenta de este proceso judicial. Al margen de estas explicaciones, en la investigación judicial se le dio total credibilidad al exsecretario Álvaro Alfonso Daza, quien acusó a Villalba Hodwalker.
Las pesquisas judiciales descubrieron otros elementos llamativos. Cuando se formalizó el negocio, en marzo de 2009, Grama y el municipio de Puerto Colombia firmaron un acta de mutuo acuerdo, en la que “las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto y la administración municipal renunció de forma explícita a la acción de rescisión por lesión enorme y a cualquiera otra reclamación originada en tal negocio jurídico”, según se lee en el proceso. Mejor dicho, así la cuarta parte del nuevo lote fuera “un hueco”, no había posibilidad alguna de emprender una reclamación. El veedor Juan Manuel Torres fue quien denunció todos estos hechos e interpuso una acción popular que fue fallada a su favor el 11 de octubre de 2018. Ese día, un juzgado administrativo del Atlántico le ordenó a Grama entregarle a Puerto Colombia otro lote con similares características al inicialmente cedido.
Carlos Alberto Altahona, quien sucedió a Martha Villalba en la Alcaldía, dejó constancia en la Corte de que ese negocio fue tan malo, que su administración apoyó la acción popular del veedor Torres, al tiempo que concluyó que el súper lote prometido no era más que “un hueco”. Aún más, la Corte recibió la declaración de Miguel Salomón Calvano, integrante de la junta directiva de la Universidad Libre en el Atlántico, quien aceptó que el terreno vendido era “un problema”, pues tenía “una depresión bastante profunda” y que de haber sabido que Grama lo iba a permutar al municipio de Puerto Colombia, quizá no se habría vendido por la “malicia y suspicacia” que esa circunstancia suscitaría. Con otra perla más: en el expediente se estableció que, a pesar de las pruebas evidentes, la Procuraduría decretó la prescripción del caso en 2015, pues se venció el plazo máximo para investigar las posibles irregularidades de funcionarios en este negocio.
En su defensa ante la Corte, la excongresista Villalba Hodwalker sostuvo que jamás cometió irregularidad alguna y que todas sus actuaciones estuvieron debidamente soportadas en la ley. El Espectador le dejó mensajes de voz y de chat para conocer su versión al respecto, pero al cierre de esta edición no había contestado. En el proyecto de fallo de la Corte se deja claro que el Concejo de Puerto Colombia no podía autorizar esa permuta, pues el lote cedido inicialmente era para uso público, y que la entonces alcaldesa vulneró todas las normas para favorecer a la Constructora Grama, que ha estado envuelta en escándalos por varios incumplimientos en proyectos inmobiliarios y que desde 2020 se acogió al proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. Lo más increíble del caso es que la Alcaldía de Puerto Colombia le dijo a la justicia que no conservaba los documentos del negocio de la permuta del lote. Otro “hueco” más en esta historia.
En síntesis, concluyó la Corte, “ante estas comprobaciones bien puede colegirse, con soporte en la prueba acopiada, que no le faltó razón al denunciante” al sostener, en términos coloquiales, que el municipio de Puerto Colombia permutó un terreno “valioso e importante” para recibir “un hueco”. Mientras el caso avanza y el juzgado de Barranquilla fija la audiencia para formalizar la acusación contra Villalba, el ajedrez del poder político en el Atlántico sigue en disputa. Aunque en su momento se dijo que con su renuncia al Congreso Villalba estaba cocinando una candidatura a la Gobernación del Atlántico, esa posibilidad se fue diluyendo y hoy el llamado clan Torres está alineado con la candidatura de Eduardo Verano, quien esta semana selló una nueva alianza política con Álex Char. El representante a la Cámara Dulcey Torres, hermano de Euclides y de Camilo, así lo ha expresado. Igual que el hijo de Villalba, el candidato a la Asamblea Camilo Torres Villalba.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Juan David Laverde Palma
Conoce más