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Este 11 de noviembre en la mañana, al despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, llegó una renuncia no tan inesperada: la de Ana Catalina Noguera. No era una dimisión cualquiera, pues ella, aunque llegó a la Fiscalía en 2016 con el entonces jefe del organismo, Néstor Humberto Martínez, se había convertido en una funcionaria de toda la confianza de Barbosa. El mismo día de su posesión, 13 de febrero de este año, Barbosa firmó la resolución con la que la ascendió a la Delegada para las Finanzas Criminales, una apetecida posición dentro de la Fiscalía porque maneja tres direcciones especializadas: Contra el Lavado de Activos, Investigaciones Financieras y Extinción de Dominio, justamente de donde venía ella.
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Noguera es la hija de Rodrigo Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda, de donde son egresados el presidente Iván Duque y el fiscal Barbosa. Para nadie es un secreto que, en los últimos años, Noguera Calderón ha adquirido una particular relevancia en círculos de poder afines al uribismo, corriente política a la que pertenece Duque. Fue esa ascendencia, al parecer, la que la salvó de un problema mayúsculo con migración de Estados Unidos hace menos de dos años. Aunque Noguera ha viajado a ese país en incontables oportunidades, solo una vez fue detenida: justo en el viaje en el que iba a hablar con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos sobre sus sospechas contra agentes federales.
Ese episodio lo dio a conocer El Espectador hace un par de semanas, al revelar que, desde finales de 2016, en la Fiscalía hay cuanto menos dudas sobre la transparencia de los actos de ciertos fiscales y abogados privados con respecto a procesos de extinción de dominio. En voz baja se habla hasta de un cartel de fiscales, litigantes y agentes de la DEA y la Ofac de Estados Unidos que ofrecían el “servicio” de lograr que propiedades incautadas volvieran a sus dueños por vías irregulares, un tema que aún está por esclarecerse. En 2017, un antiguo lavador de activos del cartel de Cali, José Bayron Piedrahíta, denunció la existencia del supuesto cartel y la propia Noguera pidió ayuda a la Embajada de Estados Unidos.
Lo que la alta funcionaria ignoraba es que, paralelamente, había comenzado una investigación de la justicia estadounidense en contra de dos familiares suyos. Se trataba de Rafael Enrique Noguera Abello y Enrique Rafael Noguera Ramírez, quienes aparecieron en medio de una gran investigación contra 15 personas involucradas, al parecer, en el mundo del narcotráfico y relacionadas con carteles mexicanos. El Espectador conoció el indictment que se radicó en mayo de 2019 en una corte distrital de California, en el cual se dice que los Noguera “mantenían pistas de aterrizaje clandestinas para los cargamentos de cocaína, facilitaban la logística para los aviones y manejaban locaciones reservadas”.
Según el documento, el líder del grupo era Jaison Dávila Amador, alias “Costeño”, quien coordinaba el envío de aeronaves desde Colombia hasta México para luego meterla a EE.UU., con la asistencia de Manuel Pedrozo, su mano derecha, y de un hombre radicado en México llamado Miguel Hadad Facusseh, quien financiaba las pistas clandestinas, las aeronaves y los pilotos en México. En la organización también aparecen el hermano de Costeño, Modesto Dávila Amador, alias Cabeza de Clavo, y Marta Elizabeth Orozco, una controladora aérea que, sobornando a otros controladores, lograba que las aeronaves con cargas ilegales entraran y salieran del espacio aéreo colombiano.
En los papeles se lee que no hay fecha exacta de cuándo comenzó esta organización a operar, pero sí queda claro que sus actos comenzaron a ser rastreados en 2017. El 11 de marzo de ese año, por ejemplo, los Noguera y seis personas más habrían logrado entrar 480 kilos de cocaína a México. En octubre de ese año, por conversaciones telefónicas, las agencias estadounidenses se enteraron de que Enrique Noguera tenía una máquina para sellar al vacío y que iba a usarla con cocaína, al tiempo que le pedía dinero a Costeño para pagarles a los trabajadores de una pista clandestina. En otra conversación de octubre, Enrique Noguera se identificó con su nombre real y habló de comprar equipos para empacar droga.
Con las interceptaciones, los agentes estadounidenses que los investigaban reunieron soportes suficientes para que se elaborara una acusación contra todo el grupo, el cual contaba entre sus integrantes a dos oficiales retirados de la Policía colombiana: José Alberto Cantillo Aponte, alias Capitán, y Eduardo Bula Correa, alias Perro Bóxer. El indictment sostiene que ambos usaban su posición como antiguos miembros de la Policía para sobornar a funcionarios y así facilitar la entrada y salida de narcoavionetas desde y hacia Colombia. En una conversación de noviembre de 2017, Cantillo le aseguró a otro miembro de la organización que la Fuerza Aérea permitiría que se enviara un cargamento.
Así las cosas, la investigación contra los Noguera avanzó hasta que, en 2019, fueron detenidos. La propia Noguera ha señalado que ellos, aunque lejanos, eran familia, razón por la cual supo de sus capturas. “Causa extrañeza por qué jamás ni el SIU, ni la DEA, ni el director de Narcotráfico pusieron, como corresponde, en conocimiento de la Dirección (de Extinción de Dominio) esta captura con fines de extradición”, dijo la propia Noguera, en un reclamo abierto no solo a sus colegas dentro de la Fiscalía, sino a los representantes de Estados Unidos en Colombia, pues lo habitual es que la Dirección de Extinción de Dominio entre a incautar las propiedades de quienes han sido requeridos por la justicia de Estados Unidos.
Para esa época, el problema que ella veía en la Dirección de Extinción de Dominio solo había crecido. En octubre de ese año, Noguera ordenó la salida de una fiscal llamada Mónica Valencia, una “recomendada” de agentes estadounidenses por su aparente efectividad en quitarles propiedades a grupos mafiosos de Medellín. Semanas atrás, al enterarse —no por vías institucionales, como ella misma aclaró— de la captura de sus primos, la propia Noguera ordenó que se identificaran los bienes a su nombre para iniciar procesos de extinción de dominio, tarea cuyo liderazgo asumió el fiscal 53 de su Dirección y que ejecutaron, explicó Noguera, policías judiciales adscritos a esa dependencia.
“Los impedimentos obran en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ninguno de los cuales ostentan los dos hermanos capturados”, dijo la alta funcionaria de la Fiscalía para explicar por qué no se había declarado impedida en ese caso, sin negar, eso sí, que los conocía. Dijo, además, que no era ni siquiera necesario, pues ella no era la fiscal del caso. El Espectador preguntó a la Fiscalía si Noguera informó al fiscal Barbosa de esta situación, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta. Lo que sí se sabe es que en los últimos días el tema de los primos de la funcionaria salió a flote, comenzó a hacer ruido y, este miércoles, ella renunció a su cargo.
Noguera, sin embargo, seguirá en la Fiscalía, pero en una posición lejana del poder que tenía: fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. A reemplazarla llega una fiscal que ya ha tenido protagonismo antes, Luz Ángela Bahamón, exjefa de la Dirección contra Lavado de Activos.
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