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“En alto riesgo están los habitantes de Juradó, Bahía Solano y Nuquí, en la subregión Pacífico Norte del departamento del Chocó, debido al repliegue y fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y la guerrilla del ELN, grupos armados ilegales que podrían aumentar los desplazamientos individuales y masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, homicidios selectivos y masacres, violencias basadas en género y la trata de personas”, advierte el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Esa declaración del funcionario se basa en una reciente alerta temprana emitida por esa misma entidad. Según el documento, en la actualidad hay confrontaciones bélicas en el territorio, lo que ha derivado en desplazamientos y confinamientos de comunidades, restricciones a las actividades cotidianas, entre otros, hechos que previa y oportunamente fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT).
“Hay vulneraciones a las cosmovisiones de los grupos étnicos, a sus usos y costumbres, lo que agudiza la crisis humanitaria en los territorios de comunidades negras, afrocolombianas e indígenas”, manifiesto Camargo Assis. La población enfrenta graves riesgos debido a la crisis de seguridad y orden público generada por las restricciones impuestas por el Frente de Guerra Cimarrón del ELN, así como por los enfrentamientos registrados entre esa facción subversiva y el Bloque Pacífico de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) en territorio fronterizo con Panamá, jurisdicción de Juradó.
“La posición geográfica de los municipios de Bahía Solano, Nuquí y Juradó es privilegiada por su salida al océano Pacífico y por comunicarse con el vecino país de Panamá; adicionalmente, por los caminos ancestrales que conectan con algunas poblaciones que pertenecen a las subregiones del Darién y del Atrato. Por esas zonas es que se movilizan los grupos armados al margen de la ley, y lo hacen para traficar armas provenientes de Panamá, traficar migrantes, así como para traficar cocaína, comercializarla y embarcarla con rumbo a mercados del Pacífico”, explica el Defensor del Pueblo.
Además de las amenazas por la alteración del orden público, dice el Defensor, “las comunidades de esos tres municipios también tienen problemas de carácter estructural, relacionados con la escasa o nula presencia institucional en gran parte de sus territorios, lo cual se refleja en la carencia de servicios públicos domiciliarios, como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, una deficiente atención en salud, la poca inversión en educación, la escasa oferta de vivienda y la precaria inversión social”.
La alerta temprana, dice la Defensoría, tiene una naturaleza humanitaria y una perspectiva de derechos y de seguridad humana, así como el propósito de que los entes gubernamentales y las autoridades competentes promuevan la adopción de medidas de prevención, atención y protección de la comunidad del norte del Chocó, que lleva décadas sufriendo la violencia de los grupos armados.
“Por eso enviamos una serie de recomendaciones, para que sea contenido tanto el nivel de riesgo de violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad como a las infracciones al derecho internacional humanitario, las cuales impactan a los habitantes de las cabeceras municipales y áreas rurales de Juradó, Bahía Solano y Nuquí”, concluyó Camargo Assis.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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