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Aunque el presidente Gustavo Petro cuestionó el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Ministerio de Justicia sobre el número de cultivos de uso ilícito en Colombia, este jueves 25 de junio se conoció su contenido. Los hallazgos, correspondientes al año 2024, llegan con nueve meses de retraso, pues usualmente las cifras se conocían entre el tercer o cuarto trimestre de cada año. Pese a la demora, el documento confirma lo que advirtió el gobierno de Estados Unidos en septiembre de 2025, cuando decidió no renovarle la certificación antidrogas al país: que el número de hectáreas sembradas con hoja de coca sigue creciendo, alcanzando la cifra más alta de los últimos 14 años en el país.
El informe, presentado este jueves, muestra que Colombia pasó de tener 253.000 hectáreas sembradas con coca en 2023 a 261.000 en 2024, alrededor de 8.000 hectáreas más. La cifra no se aleja de lo que esperaba el presidente Gustavo Petro. El 28 de octubre de 2025, después de que el país perdió la certificación de Estados Unidos y en medio de las tensiones que cubrieron las mesas técnicas para la elaboración del informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), el jefe de Estado escribió en su cuenta de X que tenía información preliminar sobre un posible aumento del 3 % en las cifras, que corresponderían a unas 262.000 hectáreas sembradas con coca.
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Para el momento en el que el presidente Gustavo Petro publicó esas cifras, la tensión entre el Gobierno Nacional y la UNODC era palpable. El jefe de Estado no ahorró alocuciones presidenciales y trinos en su cuenta de X para cuestionar la metodología usada por el organismo internacional para medir la dinámica de los cultivos de uso ilícito en el país. “Ha sido pésimamente construido por la UNODC desde hace lustros, dado el oscuro método estadístico utilizado”, escribió en enero pasado el presidente, sobre el modelo usado por la ONU. Para lograr reconciliar las posturas de ambas partes, fue necesario adelantar 17 mesas técnicas y llegar a acuerdos sobre la forma de medir los cultivos de uso ilícito, para producir este informe.
El documento de 58 páginas advierte que “el fenómeno de las drogas en Colombia exige una comprensión cada vez más precisa de sus dinámicas, que han experimentado transformaciones en sus condiciones productivas y territoriales”. En efecto, si bien en 2024 se sembraron con coca 8.000 hectáreas más, la variación anual fue del 3,5 %, la más baja desde 2021. Jorge Mantilla, profesor e investigador de la Universidad del Rosario, le explicó a El Espectador que lo que esto significa es que el país ha experimentado una desaceleración del crecimiento de cultivos de uso ilícito. “Mientras la superficie de cultivos sigue aumentando, lo hace a un ritmo más lento. Por eso la variación disminuye respecto a los años anteriores”, dijo.
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El experto agregó que la razón de ese comportamiento en las cifras es que en todas las regiones del país el aumento o disminución de las hectáreas sembradas con coca fue distinto. “Esto tiene que ver con una recomposición interna. En unas áreas los cultivos disminuyeron y en otras aumentaron. Pero también la erradicación forzada cayó drásticamente, la destrucción de laboratorios también se estancó y lo único que aumentó fue la incautación”, señaló Mantilla. Las cifras del informe dan cuenta de ello. La región del Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) pasó de 107.078 hectáreas en 2023 a 121.612 hectáreas en 2024, un aumento del 14 % en una región dominada por estructuras ilegales como las disidencias de las Farc.
En Catatumbo (Norte de Santander), donde el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se disputan el control de los corredores de narcotráfico, el aumento fue del 11 %. La región pasó de tener 43.867 hectáreas sembradas con coca en 2023 a 48.739 en 2024. En contraste, cinco regiones tuvieron reducciones porcentuales del crecimiento de las hectáreas de cultivos de uso ilícito: La Orinoquía (-26 %), la Amazonía (-16 %), Putumayo y Caquetá (-14 %), el centro del país (-7 %), Meta y Guaviare (0,4 %).
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Lucas Marín Llanes, profesor de la Universidad de Los Andes y del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), coincidió en el impacto de la reducción de la erradicación forzosa en el comportamiento de los cultivos de uso ilícito y en que los resultados conocidos eran, en parte, previsibles. “Eran los esperados en términos de la evolución de los cultivos de coca (…) Se confirma el proceso de concentración de la economía cocalera en algunas zonas del país (…) En segundo lugar, la presencia de actores armados no responde únicamente a la existencia de la economía cocalera. Hay regiones del país que históricamente fueron cocaleras y están siguiendo procesos de desconcentración de los cultivos hace varios años, a pesar de la permanencia de actores armados en estas regiones”, explicó el docente.
Los esfuerzos del Estado para hacerle frente a este problema también tuvieron cambios importantes en términos de estrategia. El informe muestra que en 2023 el Gobierno hizo erradicación manual forzosa de cultivos de coca en 20.325 hectáreas. En 2025 la cifra bajó a 9.403 hectáreas, una diferencia del -54 %. En cuanto a la destrucción de laboratorios ilegales para el procesamiento de drogas, las autoridades pasaron de 5.218 a 5.226 estructuras afectadas entre los dos años evaluados. Es decir que en 2024, solo se destruyeron ocho laboratorios ilegales más que en 2023. El informe destaca que las incautaciones sí aumentaron de forma considerable, en un 19 %. Las autoridades pasaron de 746.285 kilogramos de droga decomisados en 2023 a 889.201 kilogramos en 2024.
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No obstante, según el profesor Marín Llanes, el gobierno Petro se sigue rajando en controlar esta problemática. “Este gobierno no generó los cambios esperados en la política de drogas. Uno de los puntos más preocupantes, no terminó de implementar el Programa de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) (…) A esto se suma que no avanzó en la implementación de la transformación territorial en zonas cocaleros, una gran deuda que deja esta administración”, explicó el experto. Pero destacó dos logros, en su concepto: “El liderazgo internacional en los escenarios multilaterales, especialmente el trabajo de las embajadoras Laura Gil y Marcela Tovar, en Viena, y haber resistido a las presiones por retomar la erradicación manual (…) que no es una herramienta eficiente para controlar la economía cocalera pero genera muchos daños”.
Para el investigador Mantilla, las acciones estatales se quedaron cortas ante la magnitud del problema. “Las cifras confirman que la estrategia del Gobierno no fue exitosa. Si bien ayudó a contener el crecimiento acelerado, no logró disminuir el número de hectáreas cultivadas, ni generar procesos consolidados o estables de transición hacia las economías lícitas, y muestra una persistencia de la concentración del 90 % de los cultivos en los mismos lugares durante la última década. Esa es la gran derrota del Estado”, expresó Mantilla.
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De paso, señaló que a partir del 7 de agosto, cuando el presidente Abelardo de la Espriella llegue a la Casa de Nariño, debe tomar medidas para atender el rol de Colombia en el panorama internacional de drogas. Según el informe, entre 2013 y 2023 el aumento global del consumo de cocaína fue del 47 %. Colombia, Perú y Brasil se consolidaron como los principales exportadores de cocaína.
No en vano, según el informe, los principales enclaves cocaleros están en zonas de frontera: Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander) y Puerto Asís (Putumayo), con 31.300, 25.911 y 9.893 hectáreas, respectivamente. “Atacar los eslabones más débiles de la cadena ilegal es ineficiente, genera dispersión de los cultivos (efecto globo) y, al final, contar hectáreas concentra la atención de la estrategia en un indicador que nos dice poco sobre el mercado de la cocaína integralmente considerado”, explicó Mantilla a este diario. Agregó que, a fin de cuentas, el problema también está relacionado con el control territorial estatal, la persistencia de los actores armados y el diseño de planes de gobierno integrales. “Las políticas de paz aisladas pueden generar efectos no esperados sobre otras políticas como la de drogas”, concluyó el experto.
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Por Gustavo Montes Arias
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